¡Ordena Gobernador del PRD!

REPRESIÓN EN GUERRERO CONTRA PERIODISMO LIBRE

Por María de Lourdes Martínez González

El gobernador de Guerrero, Seferino Torreblanca Galindo, implementa campañas “para reprimir y acallar” al periódico El Sur de Acapulco, que consiste en actos de terrorismo fiscal, fallos laborales onerosos y la anulación de contratos de publicidad, denunció el Director Editorial de este diario, Ricardo Castillo Díaz.

Durante su participación en el Foro: Responsabilidad del Estado Mexicano en las Agresiones a Periodistas, que organizó la revista Zócalo – el pasado miércoles 23 de abril del 2008- Ricardo Castillo denunció lo siguiente, contra este gobernador que ganó por una coalición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otras fuerzas de izquierda.

Transcribimos extracto textual de su discurso:

“...Como una expresión de terrorismo fiscal, la secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, nombró a 36 visitadores, para la diligencia...seis de esos visitadores acudieron a las oficinas de nuestra empresa los 5 días de la semana durante seis meses, no dejaron un solo papel sin revisar, alguna vez uno de los visitadores comentó que su jefe, el secretario de Finanzas, Carlos Alvarez, del círculo más cercano del gobernador, tenía aspiraciones políticas, pues quería ser alcalde de Acapulco y que se podían arreglar las cosas si nos portábamos bien con él en el periódico...

El 13 de octubre del 2007, el Tribunal Fiscal de la Federación nos dio la razón y negó validez a la acción que pretendía ejercer el gobierno del Estado en nuestra contra, misma que hubiese afectado nuestro patrimonio...

Dos años después, el 15 de octubre pasado (2007), la dependencia ordenó una nueva visita domiciliaria, con las mismas características de la anterior, con lo cual confirma que no está sólo ejerciendo sus facultades, sino que es parte de una estrategia de desgaste y persecución en contra de nuestro periódico en un claro ejemplo del uso de las instituciones públicas, para castigar a los periodistas críticos del gobierno.

El primer aviso de revisión fiscal ocurrió en el contexto de una amplia polémica pública en torno al gabinete del nuevo gobierno en 2005 y que se originó en las páginas de nuestro periódico, que en vísperas de la toma de posesión consiguió como primicia los nombres de quiénes serían los principales colaboradores del primer gobernador del Estado que no salía de las filas del PRI...

La noticia era que el gobernador postulado por el PRD (Seferino Torreblanca Galindo), ratificaría en su cargo al secretario del turismo del anterior gobierno del PRI...también causó polémica el nombramiento de un general retirado del ejército como secretario de Seguridad Pública, en un estado que conoció primero los abusos a los derechos humanos que trajo consigo la militarización contra insurgente...lo mismo el nombramiento de un secretario de Educación, al que se vincula con la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo...

También se ratificó en el cargo al coordinador de Comunicación Social, del gobierno del PRI, que encarnaba la política del control de los medios para limitar o inhibir para limitar la libertad de expresión mediante el uso de publicidad gubernamental...sólo tres perredistas fueron nombrados, en un gabinete de 13 secretarías. Y no hubo ningún represente del resto de los partidos de la coalisión electoral que postuló al actual gobernador...

El Sur de Guerrero fue el vehículo de toda esta polémica y dio voz a analistas y representantes de la sociedad que consideraron que el gabinete de Torreblanca es la expresión de un pacto, no explicado con las fuerzas políticas que habían sido derrotadas en las urnas, y en consecuencia era una traición a sus electores.

Siendo un caso extremo el de las investigaciones fiscales no es el único.

También se ha utilizado a los tribunales laborales que dependen directamente del ejecutivo estatal. Y se ha presionado a magistrados federales para dañar a nuestro periódico en distintos casos presentados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mediante onerosos fallos ilegales.

Se ha mantenido la política de controlar a los medios a través de la publicidad oficial otorgando convenios a condición expresa del sometimiento de la línea editorial. Por supuesto que el Sur está fuera de toda pauta publicitaria gubernamental, como castigo a toda crítica y no sólo eso se ha presionado a otras instancias de gobierno, incluso al Congreso del Estado y a los ayuntamientos afines, para que tampoco contraten espacios de publicidad con nosotros.

Esto claramente configura el boicot publicitario encabezado por un gobernador movilizado en contra de un diario con el evidente objetivo de silenciarlo. Nosotros creemos que en un estado marginado como Guerrero, donde no existen empresas locales que se anuncien y la principal fuente de los medios son los contratos de publicidad del gobierno, el principal obstáculo a la libertad de expresión es el manejo discrecional de los recursos públicos para controlar a los medios e influir en su línea editorial.

No conforme con las numerosas agresiones verbales y el hostigamiento sistemático del gobernador Seferino Torreblanca Galindo, su hermano Alberto Torreblanca Galindo, presentó una demanda por presunto daño moral, en la cual se declara afectado por diversas notas informativas publicadas en nuestras páginas y solicita a la empresa que edita nuestro diario y a cinco de nuestros reporteros una indemnización de 10 millones de pesos.

El 5 de junio del año pasado, publicamos una nota que reproducía una denuncia formulada por fuentes de la industria de la construcción, según la cual la Secretaría de Educación de Guerrero, otorgó sin licitación contratos a 15 empresas. Y difundimos con base en documentos oficiales el nombre de las constructoras favorecidas y el monto asignado a cada una de ellas. Información que fue después corroborada por la misma dependencia del gobierno del Estado.

Las mismas fuentes dijeron a uno de nuestros compañeros reporteros, que el hermano del gobernador era socio de la empresa que obtuvo el mayor contrato...

Es claro que nos enfrentamos a una persecución política...no confiamos en los órganos de justicia que prevalecen en la entidad, que han sido parte de la ofensiva en contra del periodismo que representamos, porque así lo ha dispuesto el gobernador.

Locamente nos sentimos en un estado de indefensión jurídica por el uso faccioso de las instituciones que ha caracterizado al primer gobierno de Guerrero, que no emanó del PRI.

Nuestro periódico no es la única víctima de los actos de un gobierno que así como criminaliza la lucha social, criminaliza el ejercicio del periodismo libre.

Ningún gobierno anterior hostilizó y agredió a nuestro periódico como el actual.