Imss, Issste e Infonavit

ENCABEZAN DENUNCIAS ANTE DERECHOS HUMANOS

Por María de Lourdes Martínez González

Tres Instituciones relacionadas con la seguridad social de los trabajadores mexicanos encabezan la lista de denuncias de ciudadanos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en todo el 2007.

El primer lugar lo ocupó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende la salud, las incapacidades médicas y las pensiones de los empleados de empresas particulares y organismos desconcentrados del gobierno, se llevó la delantera con 15 mil denuncias.

El ISSSTE, que tiene a su cargo la atención médica, las pensiones y jubilaciones de los empleados del gobierno federal y entidades públicas locales, recibió 270 quejas. En tanto que el INFONAVIT, que debe procurar vivienda para los trabajadores enfrentó 221 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En su informe anual el ombudsman, José Luis Soberanes, no detalló los casos concretos, pero destacó que “las autoridades que más recomendaciones recibieron fueron el Instituto Nacional de Migración, con 8. Le siguieron el gobierno del estado de Guerrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Defensa Nacional, con seis cada uno.

Las autoridades que generaron más quejas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, con mil quince, y la Procuraduría General de la República, con 671.

Les siguieron la Secretaría de la Defensa Nacional con 367; el Instituto Nacional de Migración —dependiente de la Secretaría de Gobernación— con 335 y la Secretaría de Educación Pública con 311.

Otras 270 quejas fueron generadas contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 221 correspondieron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit.

Contra el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, se presentaron 220 quejas.

Recibimos 198 quejas sobre los servicios de la Comisión Federal de Electricidad y 136 contra la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Contra la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra Luz y Fuerza del Centro se presentaron 115 y 110 quejas, respectivamente.

Durante 2007 emitimos 70 recomendaciones. Vale la pena reconocer que todas las recomendaciones producidas por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año que se informa, dirigidas al gobierno federal, todas fueron aceptadas, tanto por las autoridades civiles como por las militares”.

El 21 de febrero del 2008, al IMSS le llovió sobre mojado, porque la Senadora Rosario Ybarra de la Garza pidió la comparecencia del director del IMSS, Juan Molinar Horcaditas, y del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para que expliquen las medidas en torno a los abusos de que son víctimas mil 50 pensionados del Seguro Social en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Mediante un Punto de Acuerdo, la Legisladora refirió que desde diciembre de 2000 pensionados del IMSS presentaron una demanda laboral en contra del organismo, en el que reclamaron que les fueran incrementadas sus pensiones.

Esa demanda fue turnada a la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje, numero 20, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el número de expediente 952/2000, detalló.

Para marzo de 2005, relató la Senadora Ybarra de la Garza, los actores recurrieron al juicio de amparo y obtuvieron la protección de la justicia federal mediante sentencia de 3 de noviembre del mismo año.

“La Junta Especial pronunció el laudo cumplimentador respectivo el día 13 de febrero de 2006, con el que se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de 237 millones, 41 mil 182 pesos, cantidad determinada en el incidente de liquidación respectivo”.

Sin embargo, señaló, desde el mes de marzo del presente año ha sido imposible para los actores lograr el cumplimiento del laudo que los favorece, ya que cuando el representante común de los demandantes solicitó la ejecución de la resolución, “la Junta Especial manifestó que era imposible llevarlo a cabo por encontrase en trámite diversos incidentes de nulidad promovidos por el Instituto demandado”.