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Nosotras y Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.

La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.

El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.

Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, les exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes . Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno y adoptar políticas de desarrollo sostenible.

Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.

Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.

• Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género

Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.

Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

• Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

• Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y supranacionales

• Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.

Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados , convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.

La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.

Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.

• Cre ar mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.

• Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.

• Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.

• Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.

• Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.

• Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.

• Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano de derechos humanos , civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.

• Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.

Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.

Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:

Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.

Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.

Conjunción de políticas . Para que una política activa de generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.

• Política fiscal y tributaria progresiva . Es urgente diseñar nuevas políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

• Complementación productiva . La integración de las cadenas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

• La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

• Integración de infraestructuras . Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

• Políticas sectoriales . Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

• Agricultura familiar . Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

• Redistribución de la renta . Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

• Fondos Continentales . Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales , destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

Rol activo del Estado . En el área de políticas macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

• Privatizaciones . Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben i nstruir al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.

• Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

Grandes empresas y empresas multinacionales . Las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.
Pequeñas y Micro Empresas . Estas empresas son el núcleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar.
Empleo para Mujeres . Deben ponerse en marcha programas específicos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.
Empleo para Jóvenes . Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.
Eliminación del trabajo infantil . Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.
Educación y Formación Profesional . Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.

Empleo formal . Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.
Inspección del trabajo . Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.
Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Universalidad y Solidaridad de la seguridad social . La seguridad social, como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.
Sindicalización y negociación colectiva . Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.
Equilibrar familia y trabajo . Los países de las Américas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales:

• en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.

• en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos

• en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

Discriminación . Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio . Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.

• Libertad de circulación de los trabajadores . Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.

Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.

Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.

Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.

Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.

La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

Página en Solidaridad

Texto Íntegro

PLATAFORMA LABORAL DE LAS AMERICAS

Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.

Libertad Sindical: Alejandro Vega

Contratación Colectiva de Protección en México