Por Bajos Salarios

TRABAJADORES MEXICANOS DESNUTRIDOS

Por Regina Vargas

Los bajos salarios que se ganan en México han propiciado que miles de trabajadores estén desnutridos, por ingerir alimentos de nulo valor nutritivo, pues los ingresos que perciben sólo les permite sobrevivir, y esa mala alimentación impacta de manera negativa en su rendimiento laboral.

Ante ese panorama tan desolador, porque, además, de comer mal, millones de trabajadores están obesos, la bancada priísta en el Senado promueve la iniciativa de Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores entre los que destaca abatir los riesgos por enfermedad, fomentar la adecuada nutrición y ampliar el poder adquisitivo de los empleados.

Dicha iniciativa, fue apoyada por el secretario del trabajo, Javier Lozano, para aumentar la productividad y mejorar la salud, ya que reconoció que entre 25 y 38 por ciento de los trabajadores más del 50% de sus bajos para cubrir su alimentación.

Por ello, consideró óptimo que  los legisladores puedan convencer a la Secretaría de Hacienda para establecer un equilibrio entre la prestación que otorgue el empleador de manera voluntaria para proveer de alimentos a sus trabajadores a través de comedores, vales de despensa o de restaurante, pero también que eso se vea reflejado en un sentido fiscal al hacer deducible ese gasto.

El titular de la STPS resaltó que esa cuestión fiscal no afectaría a la hacienda pública, pues aumentaría la productividad con la ayuda alimentaria para los asalariados.

Esta iniciativa que promueve la senadora Maria de los Angeles Moreno, presidenta de la Comisión del Distrito Federal, pretende garantizar uno de los postulados torales de la Constitución: el derecho a la alimentación de la clase trabajadora.

Plantea darle la vuelta a la reforma fiscal que, en el marco del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), canceló la posibilidad de deducción de prestaciones en la materia.

De ahí, la legisladora priista, dijo que los gastos de alimentación en una familia pueden consumir hasta “50 por ciento de sus ingresos”.

Expuso que dada la situación anterior y la existencia de legislaciones en la materia en diversas naciones europeas e incluso en Latinoamérica, las cuales han mostrado diversos beneficios en ámbitos de salud, productividad y en el aspecto de recaudación hacendaría, México debe contar con un marco legal en ese sentido.

Consideró que esta ley, que se encuentra en análisis tiene “altísimas posibilidades de ser aprobada” durante este periodo de sesiones del Congreso, de la Unión.

“Es una propuesta muy noble que beneficia a todos los participantes, y en especial a los trabajadores porque eleva su ingesta correcta de alimentos, con ello su energía y resta posibilidades de accidentes de trabajo o de incapacidades, las que tienen un costo para la empresa y la seguridad social”.

Este esquema incluye que la prestación se otorgue a través de comedores, restaurantes y otros establecimientos de consumo de alimentos, o mediante vales para comida o despensas, o bien mediante el otorgamiento de éstas últimas.

Cabe destacar que estos programas se implementan desde hace varias décadas en países como Francia, España, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia, Venezuela y también Brasil, entre otros.

Este último es reconocido como uno de los más exitosos a nivel internacional y se denomina Programa de Alimentación a los Trabajadores (PAT), creado en 1976 por la ley 6321, el cual beneficia a 8.6 millones de trabajadores.

El PAT, según diversos análisis, ha disminuido en 16 por ciento la desnutrición de trabajadores por deficiencia en la ingestión calórica y protéica, ha recudido 300 por ciento los accidentes laborales y generó una recaudación de 12 mil millones de dólares en 25 años (existe una relación de 15.52 Reales recaudados a partir del PAT con 1 Real deducido por el PAT).

En México el programa estaría regido por una comisión nacional conformada por tres secretarías de estado; la de Salud (Ssa), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la del Trabajo y Previsión Social (STPS), precisó Moreno Uriegas al destacar que “hasta ahora todo está bien; la están conociendo y estamos conversando ya con algunos empresarios y con autoridades de Hacienda ya hemos platicado bastante y ha habido buena recepción también de sindicatos, por lo que estimo podremos sacarla en el siguiente periodo de sesiones”.

Indicó dicha iniciativa está siendo analizada por algunas comisiones en el Senado y agregó que el derecho humano a la alimentación se establece en numerosos tratados y en diversos instrumentos internacionales, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto I internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, por lo cual los gobiernos al haber ratificado esos esquemas tienen la obligación de adoptar medida, utilizando sus máximos recursos disponibles, para realizar progresivamente el pleno disfrute de toda personas a una alimentación adecuada.

La exposición de motivos señala que el derecho humano a la alimentación se establece en numerosos instrumentos internacionales que México ha signado, lo que coloca al país en obligación de respetarlo, protegerlo y hacerlo efectivo.

Desde el plano práctico la iniciativa hace referencia a estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que demuestran que una nutrición deficiente está estrechamente ligada al ausentismo, a las enfermedades y aún a los accidentes laborales, además de reducir hasta 20% la productividad.

La iniciativa promovida por los senadores María de los Ángeles Moreno, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Bernés, habla de “contribuir a mejorar el estado nutricional de la fuerza laboral, así como a prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud ocupacional”.

La alternativa apunta hacia todos los trabajadores del país, es decir, no discrimina si laboran en el ámbito público o privado… por más que no tendrá carácter obligatorio, o si lo prefiere el esquema será voluntario.

Esta plantea varias posibilidades, desde las comidas proporcionadas en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados por el patrón, hasta integrar un sistema administrado por terceros para el uso de vales impresos o electrónicos pasando, desde luego, por la entrega de despensas, ya sea en directo o vía vales.

Esta iniciativa de Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores entre los puntos que destaca es abatir los riesgos por enfermedad, fomentar la adecuada nutrición y ampliar el poder adquisitivo de los empleados.

Se propone que en los centros de trabajo se proporcione a los empleados una alimentación adecuada y nutritiva con la instalación de comedores u otorgándoles vales para que coman en establecimientos comerciales.

APOYA LOZANO INICIATIVA

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, bosquejó la necesidad de incluir en el concepto amplio de previsión social la ayuda alimentaria para los trabajadores, ya sea mediante comedores o vales de despensa o para restaurantes.

Indicó que por ello como parte de la Reforma Laboral se propondrá la deducibilidad del pago de impuestos a los empresarios que otorguen a sus trabajadores de manera gratuita y permanente el derecho a una “alimentación balanceada”, mediante esas modalidades.

Al inaugurar los trabajos del foro “El Derecho a la Alimentación de los Trabajadores” resaltó que los problemas de salud entre la clase trabajadora afectan la productividad de las empresas.

Por lo que citó que en México la obesidad y el sobrepeso afecta a 72 por ciento de las mujeres y a 67 por ciento de los hombres, lo que incrementa en 36 por ciento los costos de atención en salud y en 77 por ciento en medicamentos.

Lozano Alarcón precisó que esa iniciativa reformaría y complementaría el Artículo 4 de la Constitución pues además de otorgarse el derecho a la salud a los mexicanos se le agregaría el de a ser alimentados “dignamente” por las empresas para las que laboran.

Lo que la iniciativa plantea, dijo, es que más allá de lo que establece la Ley Federal del Trabajo es que el patrón esté obligado a proveer de los alimentos correspondientes a sus empleados.

Recordó que de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por cada punto porcentual que se aumente en calorías en la alimentación de las personas hay un incremento de 2.27 en la productividad.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una mala alimentación pueden derivar en un gasto de un millón 400 mil pesos por cada empleado que deja de trabajar.