Idean Diputados Federales

PENALIZARÁN LAS LUCHAS SOCIALES

Por María de Lourdes Martínez González

Los dirigentes de movimientos sindicales, indígenas, campesinos, populares y estudiantiles mexicanos que reclaman derechos corren el riesgo de ser procesados penalmente, en caso de que se apruebe la iniciativa de reforma judicial, cuya discusión se retomará por la Cámara de Diputados, en la semana del 18 al 22 de febrero del 2008.

Representantes del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), anunciaron una marcha hacia la sede del poder legislativo para el 19 de febrero del 2008, con el fin de exigir que se deseche esa reforma judicial en la que el concepto de “crimen organizado”, es tan ambiguo que se puede aplicar a cualquier organización o grupo de personas que haga reclamos justos a funcionarios o instituciones del gobierno.

Además harán una campaña nacional e internacional en la que denunciarán al gobierno mexicano, que encabeza Felipe Calderón por su incongruencia pues “es el que mayor número de tratados internacionales por los derechos humanos ha firmado en el mundo, pero internamente no los aplica”, comentó Carmen López, integrante de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca.

En diciembre del 2007 se presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 16, 20 y 22 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que fue aprobada por el pleno de la misma, incluyendo a diputados de oposición del Partido de la Revolución Democrática. Fue enviada al Senado de la República para su correspondiente aprobación, pero –afortunadamente- la regresó con algunas observaciones.

Para las organizaciones en defensa de los derechos humanos son dos los puntos que los alertan: el primero es que basta que tres o más personas se pongan de acuerdo para presionar a algún funcionario o institución del gobierno, para que sean tipificados como delincuencia organizada,

El segundo aspecto que reclaman es que esa iniciativa de reforma judicial es que autoriza el allanamiento de morada por parte de los cuerpos policíacos, sin orden judicial.

A lo cual Amnistía Internacional responde que “el abuso de poder por parte de policías, para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia, advirtiéndose en no pocas ocasiones que la actuación policíal ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el Juez mediante el uso de evidencias fabricadas para justificar la actuación de los agentes policiales”.

Los conferencistas fueron respaldados por Antonio Almazán, secretario de la Comisión de Trabajo y Prevención Social de la Cámara de Diputados, quien reconoció que en los últimos años, son muchos los líderes laborales que han sido procesados penalmente por tratar de organizarse sindicalmente.

En Frecuencia Laboral, el Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, hemos informado públicamente de al menos 10 casos de dirigentes sindicales que tratan de organizar a sus gremios o de reclamar algún prestación social o derecho laboral y que son enviados a la cárcel o llamados por el Ministerio Público, con más de tres cargos.

En esta ola de penalización de las luchas laborales han participado gobernantes y funcionarios de todos los partidos políticos en el poder, incluyendo a los del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Y no sólo los del Partido Acción Nacional (PAN) o los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual nos de la dimensión del problema.