Costosa Existencia

PRO MÉXICO: DISCRIMINA A TRABAJADORES

Por María de Lourdes Martínez González

Con el argumento de que el personal del área de promoción a las exportaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), es muy viejo de edad, pretenden desaparecer esa área y dejar sin trabajo a 230 trabajadores, afirmó Héctor Islas Leal, Secretario de Relaciones Exteriores del sindicato de esa institución .

Dijo que además de incurrir en un delito por discriminación por edad, el director del Fideicomiso Pro México, Bruno Ferrari, pretende desmantelar un sector gubernamental que se dedicaba a buscar oportunidades de comercialización con el extranjero, con lo cual afectará a muchos más mexicanos.

“La improvisación y las pugnas al interior del gobierno federal tienen prácticamente paralizada la labora de promoción de las exportaciones y atracción de inversión extrajera directa”, agregó el dirigente sindical de Bancomext.

Explicó que Pro México es una fundación que fue creado por el actual gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, para desarrollar “estratégicas actividades para impulsar la exportación”, pero ha tenido una corta, inútil y costosa existencia, ya que ha tenido dos directores generales en menos de un año de haber sido creada.

Señaló que el 13 de julio del 2007 se publicó un decreto presidencial que ordenó la creación de la Fideicomiso Pro México, que haría las funciones que actualmente tiene Bancomext de promover las exportaciones y atraer inversión extranjera, lo cual fue denunciado por el sindicato, como un acto ilegal, pues no tuvo participación en esa decisión el H. Congreso de la Unión, como señala la ley.

“En su decreto de creación se decía que los trabajadores tenían que transferirse de Bancomext a Pro México, respetando todos sus derechos, pero al poner como director de la Financiera Pro México al señor Bruno Ferrari, él quiere despedirnos argumentando que ya estamos viejos”.

Advirtió que de concretarse este atropello los trabajadores sindicalizados promoverán un amparo, cuando se publique el decreto que los despoje de sus derechos laborales y solicitarán un recurso de inconstitucionalidad en la Cámara de Diputados, cuando se reactive el congreso en febrero del 2008.