Para Frenar sus Demandas

ENCARCELAN A LIDERES SINDICALES

Por Regina Vargas

La historia de represión y amenazas contra los líderes sindicales son interminables, a muchos les interponen demandas penales en su contra, con cargos ficticios para encarcelarlos y por esa vía eliminarlos y así desalentar luchas y reclamos de los derechos de los trabajadores.

Ello, con el fin de detener movimientos de lideres o grupos de trabajadores que quieren organizar sindicatos, denunciar violaciones a sus prestaciones o exigir liquidaciones o reinstalaciones, las autoridades laborales en contubernio con sindicatos corporativos y las empresas, comienzan a desviar el problema laboral-sindical por el penal, a buscar se les finquen cargos y giren órdenes de aprehensión por: sedición, motín y sabotaje.

En ese renglón se puede citar el movimiento democrático de la desaparecida Ruta 100, en el Sindicato de Bomberos, en la Coalición de Trabajadores del INEGI, mineros de Cañonea, trabajadores textileros, petroleros.

Para Manuel Padrón, coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), cuando hay órdenes de aprehensión en contra de los líderes o representantes de grupos de trabajadores es parte de una estrategia de miedo e intimidación hacia los trabajadores que están movilizándose.

La patronal, agrego, hace el juego al Ejecutivo y se une el sindicato oficial. La transición democrática no ha sido una realidad en el medio sindical, dado que sigue desarrollándose con los mismos miedos del corporativismo tradicional.

En el caso de la desaparecida, RUTA-100, Jorge Cuellar, presidente de la Comisión liquidadora, nos platica que en una ocasión 60 patrullas de judiciales del DF, aunque el vive en el estado de México, rodearon la manzana e intentaron detenerlo, pese a que tenia dos amparos interpuestos, ello, por la toma de módulos que ya se había acordado en asamblea general de julio del 2003.

Dijo que en ese tiempo, el gobierno del Distrito Federal prefirió proteger a los defraudadores, encabezados por Ricardo Barco, y proceso a 6 trabajadores y de “esa manera viví un proceso penal injusto aplicado por el sistema”, indico.

“Los representantes de los trabajadores sabemos que estamos expuestos, que en esto de la defensa de los derechos laborales, sociales va inmerso el que tenemos que arriesgar la salud, libertad o la vida”, resalto.

A nosotros se no acuso, dijo de una situación ridícula, daño en propiedad propia, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se les acusaba de tener parados sus propios camiones.

Y nosotros, lo único que pedíamos, era rendición de cuentas de nuestros camiones, entrega de las acciones que les corresponden a todos los trabajadores que invirtieron, “cosa que hasta la fecha no ha sucedido”.

En marzo del 2006, en la mina la Caridad en Nacozari, la sección 298 del sindicato minero, con un movimiento de huelga por revisión de su contrato colectivo, sus dirigentes se les giraron órdenes de aprehensión y el 23 de julio los trabajadores acordaron que entregarían las instalaciones de las minas a cambio de que los 4 mineros presos fueran liberados, menciono Manuel Padrón.

Detallo que la empresa Mexicana de Cobre presento una denuncia penal por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, despojo en despoblado y robo contra los trabajadores.

Prosiguió, el pasado 22 de enero del 2007, en Parras, Coahuila, 6 trabajadores de la fabrica la Estrella tienen órdenes de aprehensión por el delito de despojo de inmuebles, es decir, por entrar a su propia sede sindical, dijo el investigador del Cereal.

En el caso de los trabajadores de la Coalición de Trabajadores del INEGI, su dirigente Francisco Farina señaló que desde el principio de su movimiento, les levantaron actas administrativas a los que estaban organizándose para inhabilitar a los trabajadores.

Pero, ahora, les levantan denuncias penales, y en su caso fueron detenidos 17 trabajadores en Jalisco, por afectar instalaciones federales; 2 en Hidalgo por sedición, motín y sabotaje; 2 en Coahuila y 24 en Guerrero.

Desde su punto de vista, a la gente que comienza a organizar un sindicato la acusan de un delito penal para quitarla del camino. Farina Tamez comento que en este asunto, dijo, tienen una propuesta del gobierno federal que les ofrece 15% de salarios caídos y “se busca presionar a como de lugar a los trabajadores para tomarlos y de acuerdo al director del jurídico del INEGI, para ver si desde la cárcel piensan mejor las cosas”.

Antonio Peregrino Rojo, dirigente del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, comento que el fue acusado de robo el 22 de agosto del 2002, “fui enviado a la cárcel, cuando iniciaba el movimiento de organizar a los vulcanos capitalinos, solo por organizar el sindicato y ello les estorbaba”.