Por Demandar su Liquidación

ENCARCELAN A TRABAJADORES DEL INEGI

Por Francisco Farina Tamez*

El 7 de abril del año 2006 se dotó de autonomía al INEGI, lo cual constituye sin duda un tema importante para garantizar la independencia de ese Instituto en un Sistema Nacional Estadístico y de Información Geográfica, sin embargo cabe destacar que dentro del INEGI se vive una crisis interna desde antes del año 2000, cuando por diversos problemas y principalmente por la violación de los derechos laborales se emprendieron una serie de denuncias y demandas contra esta institución.

El INEGI es el mejor ejemplo de sub contratación y pérdida de los derechos laborales básicos, como la estabilidad en el empleo y la seguridad social. Dentro del INEGI hay dos tipos de trabajadores, los eventuales y los denominados por el instituto como tradicionales (base y confianza), las labores encomendadas a estos dos tipos de trabajadores son las mismas desde el año 1983 hasta la fecha, pero los derechos que reciben no son los mismos, el INEGI contó en promedio de 1992 a la fecha con 27 mil trabajadores eventuales y sólo 5,200 de base o confianza. Los trabajadores eventuales cada año pueden ser despedidos por decisiones unilaterales por parte del titular del instituto aun cuando los programas que se realizan son permanentes.

En 1998 más de un ciento de trabajadores eventuales iniciaron una serie de procedimientos legales buscando reconocimiento de su calidad de trabajadores de base, la incorporación al ISSSTE, así como la conformación de un sindicato autentico, para el año 2000 el grupo inconforme rebasaba los 4 mil trabajadores, por lo que en este año se reprimió al movimiento con un despido masivo que incluyo a todos los trabajadores del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), el Titular del INEGI de forma unilateral, dio por concluido el programa, si la autorización de esta soberanía o del poder ejecutivo, sin embargo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se siguió otorgando presupuesto al INEGI para las labores técnico-operativas del PROCEDE, en el año 2000 la Secretaria de Hacienda destinó recursos presupuestales para un programa especial de conclusión de PROCEDE, se destinaron más de 266.2 millones de pesos para liquidar a trabajadores cuyas plazas fueron cubiertas por personal de nuevo ingreso en días o semanas siguientes, en su mayoría el nuevo personal fue contratado por honorarios. El año siguiente la Auditoria Superior de la Federación realizó una observación al instituto en la que mencionaba, que no había razón para la contratación por honorarios. Posteriormente en el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006 denominado Libro Blanco PROCEDE, basado en lo establecido en el Artículo Sexto del Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006 constancia documental de las acciones y resultados alcanzados en materia, presenta, describe los hechos y estrategias implementadas, quedando de manifiesto que el programa que dio origen a la contratación de miles de trabajadores, no concluyo en diciembre del año 2000, sino por el contrario continua vigente hasta nuestros días.

La Secretearía de Hacienda en el año 2000, destino 266.2 millones de pesos, para 6,627 trabajadores, según oficio 1.7.7.3/433/2000 suscrito por el Director de la Unidad de Integración Y Análisis Presupuestal. Si el programa PROCEDE no concluyó en el año 2000 como intentó argumentarlo el INEGI. Porque permitió la Secretaria de Hacienda destinar recursos, para un falso programa de conclusión del PROCEDE, y no se destinaron mejor estos recursos para pagar el ISSSTE de los Trabajadores o simplemente regularizar su situación laboral, como un ejemplo cientos de trabajadores que se acogieron a este programa fueron recontratados unas semanas después para desempeñar las mismas actividades y en el mismo programa. Pero en la actualidad hay 2,300 trabajadores en juicio vigente y en espera de una resolución.

Nuevamente entre los años 2002 y 2006 el titular del INEGI bajo el auspicio de la Secretaria de Hacienda, se otorgaron recursos a cientos de ex trabajadores, mediante oficio N° 308-A-1282 de fecha 4 de octubre de 2002, se demuestra que el INEGI erogo 80 millones de pesos en ese año, sin embargo mediante solicitud realizada a esta Auditoria Superior de la Federación y radicada con el numero AECF/1165/2003 se acreditó que todas éstas liquidaciones causaron daño patrimonial al instituto ya que estos pagos se realizaron sin contar con un laudo o sentencia definitiva dictada por autoridad competente, incurriendo en una falta administrativa.

Hasta ahora el instituto ha destinado más de 800 millones de pesos a programas de retiro voluntario, liquidación de trabajadores o convenios a cambio de juicios laborales, pero más de 500 millones de pesos fueron destinados a convenios ilegales con trabajadores separados entre los años 1999 y 2001, sin que estos presentaran un laudo o sentencia definitiva a su favor, el INEGI sólo ofrece montos económicos los ex trabajadores, pero no se realiza una verdadera conciliación lo que permite el uso faccioso de los recursos públicos y en forma discrecional, evitando de esta forma el cabal cumplimiento de la ley laboral. Infringiendo de esta manera lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal que establece que: " el gasto público federal deberá ajustarse al monto autorizado para los programas y partidas presupuéstales, salvo que se trate de las partidas que se señalen como ampliación automática en los presupuestos, para aquéllas erogaciones cuyo monto no sea posible prever" y violando lo establecido por el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal que establece que: "las entidades deberán cuidar bajo su responsabilidad, que los pagos que se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios autorizados y III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer el pago, y por comprobantes los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes".

La conducta de los funcionarios del INEGI es tan ilegal, que en respuesta a la solicitud 0613100009205 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, se informo que el INEGI no había realizado ningún convenio en juicios laborales y que desde 1999 el INEGI no ha gastado monto alguno por el concepto de liquidación de trabajadores, de lo que se desprende que existe una conducta probablemente constitutiva de responsabilidad.

A pesar de que ha quedado demostrada la ilegalidad de las liquidaciones que el INEGI ha venido otorgando desde el año 2000, hoy nuevamente el titular del INEGI a presentado a los más de 2 mil 700 trabajadores con juicio laboral, incluirse en una conciliación que sólo representa el 15 % de salarios caídos y 3 meses de liquidación, sin importar que hace apenas 2 años ofreció el 40 % en salarios y 3 meses de liquidación, ahora tras recibir una negativa por parte de la mayoría de los ex trabajadores, se ha implementado una política de terror por parte del instituto, han sido detenidos y encarcelados más de 24 ex trabajadores en el país, en Guadalajara, Jalisco fueron detenidos y están bajo proceso 9 personas por manifestarse fuera del edificio estatal del INEGI y colgar una manta, en Pachuca, Hidalgo se inicio proceso contra 2 personas por manifestarse, esto mismo ocurrió en Saltillo, Coahuila con otros 2 ex trabajadores, pero el caso más relevante ocurre en Chilpancingo; Guerrero donde 24 personas son acosadas por agentes de la AFI por tener un plantón fuera de la coordinación estatal, 4 personas permanecieron encarceladas por una semana, todos acusados de sabotaje, sedición y motín, lo peor es que el Director Jurídico del INEGI los invito a tomar su propuesta del 15 % en salarios o en su caso empezarían las detenciones , "haber si desde la cárcel piensan mejor las cosas", afirmo éste. Desde la llegada de Felipe calderón a la presidencia de la república, el mensaje para los activistas sociales ha sido muy claro, el estar en contra o el reclamo de sus derechos, se paga con cárcel.

No puede ser que un grupo de trabajadores que ha luchado 7 años por su reinstalación y el pago de sus prestaciones, se encuentren amenazados o encarcelados.

*Líder de Coalición INEGI