Con los Contratos Incentivados de PEMEX
EMPRESAS PRIVADAS SE QUEDAN CON RIQUEZA PETROLERA
*Ediles de Tabasco, Diputados y Senadores Presentan Controversia Constitucional
*Empresas Contratistas y Funcionarios Públicos Quieren Despojar a la Nación.
Por María de Lourdes Martínez González
Periodista de Frecuencia Laboral
Presidentes Municipales del Estado de Tabasco interpusieron una controversia constitucional en contra de los directivos de Petróleos Mexicanos, porque quieren otorgar contratos incentivados de exploración, extracción y explotación de hidrocarburo a empresas transnacionales y nacionales. Mario José Galicia, coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía explicó a Frecuencia Laboral, que se trata de una operación con la que el gobierno federal entregará la riqueza petrolera nacional.
"Los contratos incentivados con empresas privadas nacionales y extranjeras que promueve Petróleos Mexicanos, son inconstitucionales, por una sencilla razón, mientras la constitución mexicana no se modifique la exploración y explotación del crudo compete exclusivamente al estado. Por lo cual todo lo que hagan en el sentido de los contratos incentivados será irregular e inconstitucional".
Comentó que con los contratos incentivados las autoridades de Pemex y el gobierno federal están promoviendo el saqueo a la nación "nos vamos a oponer en resistencia para contrarrestar esta clara violación al artículo 27 constitucional", porque las compañías contratistas que pretenden obtener esos contratos incentivados -que actualmente son muchas- lo que buscan es quedarse con la renta petrolera.
Explicó que la renta petrolera es la ganancia por la extracción del crudo. "Es la diferencia que existe entre el costo de extracción de un barril de petróleo, que está en promedio en 6 dólares, menos el precio de venta en el mercado internacional, que actualmente está en promedio en 100 dólares. Si a 100 dólares le restamos 6 dólares que cuesta producirlo, la renta petrolera o la ganancia es de 94 dólares por barril. Es una gran cantidad de dinero".
Por su parte, los presidentes municipales de Cunduacán, Juan Armando Gordillo de Dios; de Jalapa, Luis Francisco Deyá; de Jonuta, Dr. Armando Narciso Correa Peña; de Paraíso, Cristóbal Javier Angulo; y de Tenosique, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, todos zonas de alta producción petrolera del estado de Tabasco, presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al advertir que con los contratos incentivados PEMEX despojará a esos municipios de la parte de impuestos que paga Petróleos Mexicanos a la federación y que les corresponden. "Los contratos incentivados de PEMEX vulneran el sistema recaudatorio de municipios con alta producción petrolera", señalaron.
Este recurso considera que el Poder Ejecutivo federal, Petróleos Mexicanos y Pemex, Exploración y Producción violaron diversos artículos de la Constitución Política ya que la aprobación de estos convenios no permite asegurar la soberanía energética nacional sobre sus hidrocarburos.
En comunicado de prensa informaron que fueron acompañados por los Senadores Rosalinda López Hernández y Arturo Núñez Jiménez , diputados federales y Claudia Sheinbaum, integrante del autodenominado gobierno legítimo del PRD, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solicitar que declare inconstitucionales estos contratos incentivados, ya que las bases de la licitación pública internacional para llevarlos a cabo vulneran la hacienda de los municipios tabasqueños de Cunduacán, Jalapa, Jonuta, Paraíso y Tenosique.
Comentaron que una de las razones que motivó a presentar esta controversia es la necesidad de garantizar que los municipios tengan derecho a participar de la renta petrolera, puesto que estos recursos integran la recaudación federal participable. También, se considera que los contratos incentivados son inconvenientes ya que disminuyen la renta petrolera, así como los recursos que reciben por otros conceptos como excedentes petroleros o del Fondo de Estabilización -Derecho sobre hidrocarburos-.
"El contrato que se pretende firmar no garantiza las mejores condiciones para el Estado, aumentando los costos de producción con lo cual se disminuye la renta petrolera", se enfatiza en el documento que contiene la controversia constitucional.
Asimismo, se especifica que estos contratos obligan a Pemex Exploración y Producción a calcular el valor de la producción y por lo tanto los ingresos a repartir utilizando precios de referencia en los Estados Unidos.
"A partir del modelo de contrato, existe una transferencia de renta petrolera, a través de esquemas de remuneración que implican mecanismos sujetos a circunstancias futuras", establecieron los presidentes municipales y legisladores que acudieron a la SCJN.
El proyecto de contrato también viola la Constitución Federal , en sus artículos 25, 27 y 28 al no asegurar la soberanía energética nacional sobre sus hidrocarburos, incluso acusaron que "la duración del contrato es de 25 años pero prevé ampliaciones, y el tamaño del bloque asignado también podría ampliarse".
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