SME Demandará Penalmente a Autoridades Laborales

VIOLARON LA LEY AL EXTINGUIR RELACIÓN LABORAL

*El SME Se Amparará Acusa a Funcionarios Laborales de Prevaricación.

Por María de Lourdes Martínez González

En un comunicado de prensa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que tras el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que resolvió que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro fue constitucional, las autoridades laborales procedieron a emitir el laudo por el que terminaron las relaciones laborales individuales y colectivas con la paraestatal.

Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas advirtió que procederá al amparo pues los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtieron que el fallo que emitieron fue sobre la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, pero dejaron a salvo el derecho de los trabajadores de la paraestatal para defender sus derechos laborales ante las instancias correspondientes y su reinstalación con el patrón sustituto, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad. (Leer Noticia: "Suprema Corte Cómplice del Despojo a la Nación")

En la resolución, que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 31 de agosto del 2010, también dio por terminado el Contrato Colectivo de Trabajo que tenía celebrado el SME con Luz y Fuerza del Centro, lo cual es extralegal por lo cual el Sindicato Mexicano de Electricistas demandará penalmente por prevaricación a los funcionarios que emitieron tal resolución, pues violaron todo precepto legal, agregó Martín Esparza.

Dijo que el martes 31 de agosto del 2010 con las autoridades de gobernación los dirigentes electricistas discutieron el tema de la negativa de entregar la toma de nota o reconocimiento oficial a la parte del Comité Ejecutivo de SME, que encabeza Martín Esparza.

"Los expedientes los tiene el director de Registro de Asociaciones. Pero hoy sabemos que la toma de nota se entregan de manera política, a los amigos del Secretario del Trabajo y por instrucción de él decide a quien sí y a quien no le dan la toma de nota -con lo cual viola la ley-".

Por esa razón, dijo, el SME demandó penalmente a Javier Lozano, Secretario del Trabajo, por el delito de prevaricación el 6 de enero y tiene pendiente la demanda de juicio político en la Cámara de Diputados.. Y en los próximos días demandará penalmente ante la Procuraduría General de la República a los funcionarios que emitieron la resolución de dar por terminadas las relaciones de trabajo con el SME y Luz y Fuerza del Centro, porque se niegan a hacer justicia violando todo precepto legal. Por violación a la Ley Orgánica del Gobierno Federal y las denuncias penales, por provocar daño al Sindicato Mexicano de Electricistas.

"Porque es claro que cuando les interesa sacar en contra de los trabajadores un laudo lo hacen rapidísimo. Y hay más de 70 mil casos pendientes, desde hace tres y hasta 4 años, por despido injustificado de trabajadores, sin que los resuelvan. Hoy han convertido a las juntas de conciliación y arbitraje en un intrumento político y no hacen justicia".

Agregó que de acuerdo al convenio 87 y 98 que México tiene firmado ante la Organización Internacional del Trabajo, ningún acto administrativo puede extinguir ni a un sindicato ni a un contrato colectivo de trabajo. Y la corte solamente vio la parte de la constitucionalidad y aunque el poder ejecutivo tiene facultades para emitir decretos, estos deben ser de acuerdo a la legalidad. Y en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y, ahora, de las relaciones laborales, han sido decretos y resoluciones administrativas fuera de toda legalidad, violando todos los preceptos marcados por las leyes correspondientes.

Por otra parte, Martín Esparza desmintió que se hayan roto las pláticas con la secretaría de Gobernación, pero dijo que no admitirá trampas, pues las autoridades del Servicio de Administración Tributaria pretenden cobrarle a los electricistas 30 por ciento del dinero que les adeudaban por pago de utilidades y de su caja de ahorro, lo cual es abusivo. Pero lo peor es que quieren que todos los que cobren firmen un documento en el que reciben el dinero y reconocen que es parte de su liquidación, lo cual es inaceptable.