De Viva Voz para Frecuencia Laboral

EN EL SAT ENCARCELAN A SINDICALISTAS

Por María de Lourdes Martínez González

Soy Carlos Urtiz Gamaz,
secretario General de la Sección 3
del Sindicato de Trabajadores del
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
He sido cesado a partir del mes de agosto.

Me cesó la Secretaría de Hacienda porque me están mandando a una comisión a Mexicali, en Baja California Sur, pero lo curioso es que ese lugar no existe. (Mexicali se ubica en Baja California, en el lado Norte).

Lo más grave es que alguien que tiene un cargo de representación sindical no puede ser removido por la autoridad, según señala la Ley Federal del Trabajo y las Condiciones Generales de Trabajo vigentes en esta institución.

Ahora ya estoy cesado por no quererme ir a Mexicali.

Pero esto data desde que fuimos encarcelados en el Reclusorio Norte, en el año 2002, cuando hubo un paro laboral. Hicimos un paro laboral y fuimos una decena de trabajadores del SAT en toda la República Mexicana, que fuimos reprimidos por el gobierno.

Ya llevamos tres años de reprimendas y de represalias.

EN SOLIDARIDAD REPRODUCIMOS SU BOLETÍN

Quiero denunciar públicamente que soy una víctima, de tantas, de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que desde el año 2002, se han dedicado sistemáticamente a despedir a cientos de trabajadores, cambiándolos de adscripción, a sabiendas de que un trabajador no se va a trasladar del norte al sur de la república o viceversa.

Mi caso, de los que se han dado cientos, se remonta al levantamiento de actas administrativas, de acusaciones sin sustento ante la PGR, de las cuales, la más grave se produjo el primero de mayo del 2002, Día Internacional del Trabajo, en el que fui apresado y recluido en el reclusorio norte, junto con decenas de compañeros en toda la República, acusados de sabotaje entre otros delitos federales, por realizar un paro de labores en defensa de nuestros derechos laborales.

Después de un largo proceso penal que duró 2 años, finalmente fuimos exonerados totalmente, no sin antes ser reaprendidos en el año 2003 por el delito de coalición de servidores públicos, del que también se nos decretó libertad absolutoria.

El juicio nos trajo un alto costo económico, social y moral, a tal grado que peritos psicológicos dictaminaron que debido al encarcelamiento, sufrimos, entre otros traumas, daños en nuestra autoestima.

En mi caso, a pesar de ser secretario general de la sección III del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, con toma de nota otorgada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con fecha 10 de mayo de 2005, las autoridades tanto operativas como administrativas de esta institución, nunca reconocieron mi personalidad, a tal grado que sin ninguna justificación fui cambiado a un lugar inexistente como es la ciudad de Mexicali, Baja California Sur, cuando esta ciudad se encuentra en Baja California Norte.

Dicho cambio de adscripción me fue determinado el 17 de abril de 2006 pero las autoridades me dijeron que podría haber un arreglo con la idea de que no interpusiera una demanda por cese.

Finalmente después de seis meses de ese cambio, la autoridad torpemente dejó pasar casi 7 meses para levantarme un acta administrativa, cuando ya había prescrito su facultad para hacerlo, es decir, dicha acta debió levantarla a más tardar a finales de agosto de 2006.

Finalmente fui cesado, no sin antes las autoridades del Servicio de Administración Tributaria me retuvieron mi salario desde el mes de junio del año en curso.

Como el mío, cientos de casos se producen en el SAT, prácticamente todos los días del año, lo que se ha traducido en una baja en la recaudación, pues es incongruente que si existe un incremento en las ganancias en el sector privado, exista en contrapeso una baja por concepto de impuestos.