ILEGAL APLICAR LA LEY DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE BAJO INGRESO

*Indebidamente redujeron salarios de por sí bajos, a partir del 6 de noviembre de 2018

Por Jesús Luna Arias,

Abogado especializado en materia laboral,

colaborador voluntario de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Existe un número mayoritario de trabajadores, a quienes ahora se denomina “servidores públicos” y que pueden ser afectados por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo cual de aplicarse sería ilegal, pues sólo tendría que reducirse el ingreso a quienes ganen más que el presidente de la República y nunca podría aplicarse de manera retroactiva.

El artículo 6 establece que: “ Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación ”.

En tanto el artículo 10 estipula: “ No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes del retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales del trabajo. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo ocho de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o en las que en término de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo ”.

Esta ley desde mi entender se debe aplicar sólo a aquellos funcionarios cuyos salarios rebasen lo que gane el presidente de la república, y a su vez estos salarios y prestaciones se adecuarán en el presupuesto anuales, es posible que algunos funcionarios encargados de las dependencias pretendan aplicar esta medida con los trabajadores en general, lo cual no sería legal ya que en su mayoría estos salarios están determinados y contemplados en las Condiciones Generales de Trabajo o Convenios y para bajar salarios o quitar prestaciones se tendría que tener el consentimiento de los trabajadores.

Habrá quienes rebasen el salario topado pero este puede darse por distintas circunstancias como el hecho de tener dos o más empleos, pero con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley no los ubicaría en el supuesto de una reducción salarial ya que sus percepciones son por trabajar en dos o más dependencias distintas

También debe considerarse que existen disposiciones jurídicas plasmadas en tesis de jurisprudencias que señalan los límites de bajar salarios citamos algunas;

SALARIO, REDUCCION DEL, POR CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR . Si una carta que presenta un trabajador contiene únicamente las estipulaciones del contrato verbal celebrado entre el propio trabajador y la compañía, respecto del salario que iba a disfrutar aquél, para que dicha carta pudiera constituir un contrato escrito de trabajo, debería contener todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, en sus fracciones de la I a la VI, y si no es así´, es indiscutible que tratándose de un contrato verbal, se puede modificar en la misma forma; por lo que, si obra en el expediente respectivo, un legajo conteniendo nominas referentes a sueldos pagados por quincenas, y en todas esas nóminas, aparece el trabajador firmando recibos por determinada cantidad, sin que esas firmas hayan sido desconocidas por el mismo, y en su escrito de demanda expresa que su primitivo sueldo fue de una cantidad mucho mayor y se redujo a la que aparece en las mencionadas nóminas,  no hay duda de que el mismo trabajador admitió´ la reducción del sueldo , y si durante más de dos años consecutivos, recibió´ como sueldo, cada quincena, la cantidad que consta en las nóminas de referencia, sin hacer reclamación o formular protesta alguna, sería extraño que después de un largo lapso de tiempo, pretendiese presentar reclamaciones por diferencias de salarios; y si no ha rendido prueba, en el sentido de que se hubiere ejercitado alguna coacción o violencia en su contra, para que firmara, al recibir, la dicha cantidad que expresan las nóminas, es evidente que consintió´ en la disminución de su sueldo.

Amparo en revisión en materia de trabajo 5798/35. Concha Enrique de la. 10 de diciembre de 1935. Mayoría de tres votos Disidentes: Xavier Icaza y Salomón González Blanco. Relator: Octavio M. Trigo.

SALARIO, REDUCCION DEL. No es exacto que toda reducción del salario, aun con el consentimiento del trabajador, esté prohibida, lo que nuestra legislación laboral prohíbe es que se pacte un salario inferior al mínimo (artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo), o un salario que no sea remunerador (fracción XXVII, inciso b), del artículo 123 de la Constitución Federal). Cuando se reduce el salario al grado de que llegue a ser inferior al mínimo legal, o deje de ser un salario remunerador, tal reducción no puede surtir efecto alguno, aun cuando el trabajador haya consentido en ello, por implicar una renuncia de los derechos de éste. Pero fuera de los casos indicados, la reducción del salario con el consentimiento del trabajador es válida. Esta conclusión se deriva del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "El trabajador podrá rescindir el contrato: I... VIII. Por reducir el patrón el salario del trabajador sin su consentimiento, a menos que medie decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. De acuerdo con dicha disposición, es válida la reducción del salario con el consentimiento del trabajador, toda vez que éste sólo puede invocar esa reducción para rescindir su contrato de trabajo por causas imputables al patrón, cuando no haya dado su consentimiento para que se le reduzca el salario. Amparo directo 5465/58. México City College, A. C. 6 de julio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gilberto Valenzuela .

En la Ley Burocrática también encontramos disposiciones con la que protege a los trabajadores en contra de la reducción de salarios o prestaciones que al respecto establece;

Artículo 32.- El sueldo o salario que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto, constituye el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas. Párrafo reformado DOF 31-12-1984

Los niveles de sueldo del tabulador que consignen sueldos equivalentes al salario mínimo deberán incrementarse en el mismo porcentaje en que se aumente éste. Párrafo reformado DOF 31-12-1984

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta la opinión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, fijará las normas, lineamientos y políticas que permitan establecer las diferencias en las remuneraciones asignadas para los casos de alcances en los niveles de tabulador que se originen con motivo de los incrementos a que se refiere el párrafo anterior. Párrafo reformado DOF 03-05-2006

El pasado 5 de noviembre de 2018 se expidió decreto en el Diario Oficial de la Federación en la cual se expide la ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, sus ingresos deberán reducirse por debajo de los 108 mil pesos y se limitan las prestaciones y compensaciones.

Esta nueva Ley fue aprobada por el congreso, sin embargo el presidente electo en distintas ocasiones ha manifestado que: “Ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, se buscará reducir el gasto corriente y se bajarán los sueldos de arriba para que  aumenten los salarios desde abajo ”, Los trabajadores que se verían beneficiados con aumentos salariales son  médicos y enfermeras, policías, soldados , marinos y profesores, entre otros.

“Habrá aumentos progresivos a quienes ganan menos en el gobierno, ya solicite a la Secretaría de Hacienda una política salarial transparente, que no se escondan bonos y compensaciones” publicó en el Periódico del partido político Morena 2018.

La ley fue aprobada con una  votación de 433 votos a favor , nueve en contra y una abstención, a pesar de las críticas iniciales de los partidos opositores: PRI, PAN y PRD. 

Con la aprobación de la iniciativa de ley, que fue publicada, cinco expresidentes se quedarán sin pensiones especiales, y en su caso poder disfrutar de una pensión, de conformidad con lo establecido en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

No obstante esta medida aún queda un camino por recorrer ya que por un lado quienes gozan o desde la esfera del poder se asignaron salarios y prestaciones que rebasan esta nueva disposición, tal es el caso de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia cuyo salario asciende a 4 millones 659,489 pesos netos, libres de impuestos. Mensualmente con prestaciones du salario mensual es de $388,291.

Pero también se encuentra el todavía presidente Enrique Peña Nieto , quien percibe  3'115,531  pesos libres de impuestos al año; es decir, 259,628 pesos mensuales. Existen otro funcionarios cuyos montos salariales también señalados rebasan lo que ganara el aún presidente electo Andrés Manuel López Obrador tal es el caso de; Consejeros del INE 2'997,084 anuales; Magistrados electorales 2'993,080; Secretario General de la cámara de Diputados 2'424,174; Senadores 1'973,000; Diputados 1'436,397; Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal 2'247,124. Fuente Proyecto de Ley de Egresos de la Federación 2018

LOS MENOS  AFORTUNADOS

A lo mejor pensamos que la lista se agotaba con los que mencionamos en los párrafos anteriores, no es así faltaría agregar a los Gobernadores legisladores de las cámaras Estatales, y otros funcionarios y recomendados, pero también

Anexamos la Ley para efectos que se pueda dar una lectura por quien asi lo concidere

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.  La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Artículo 2.  Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan:

I.      El Poder Legislativo Federal;

II.      El Poder Judicial de la Federación;

III.     Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia;

IV.    Los tribunales administrativos de la Federación;

V.     La Procuraduría General de la República;

VI.    La Presidencia de la República;

VII.    Las dependencias federales, y

VIII.   Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal.

Artículo 3.  Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades.

No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable.

En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes:

I.      Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo;

II.      Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes;

III.     Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto;

IV.    Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades

competentes;

V.     Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos;

VI.    Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y

VII.    Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Artículo 4.  Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Artículo 5.  Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la demasía.

Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

Capítulo II

De la determinación de las remuneraciones

Artículo 6.  Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases:

I .      Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

II     Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de:

a )     El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales;

b )     El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo;

c )     Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o

d)     Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley.

       Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

III.     En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional.

       Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto.

IV.    Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente:

a)     Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, sea nivel federal, estatal, del Distrito Federal o municipal. Si la recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales.

       La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público;

b)     Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses, y

c)     El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar.

Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad.

Capítulo III

De la presupuestación de las remuneraciones

Artículo 7.  La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán:

I.      Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente:

a)     Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente:

i.      Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y

ii.      Los montos correspondientes a las prestaciones.

       Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y

b)     Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas.

II    La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda.

III.     La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo:

a)     Cámara de Senadores;

b)     Cámara de Diputados;

c)     Auditoría Superior de la Federación;

d)     Suprema Corte de Justicia de la Nación;

e)     Consejo de la Judicatura Federal;

f)      Banco de México;

g)     Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

h)     Instituto Federal Electoral;

i)      Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

j)      Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

k)     Los organismos públicos descentralizados de la Federación;

l)      Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y

m   Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión.

I    La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo.

Artículo 8.  Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno.

Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley.

Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que:

a)     Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración.

b)     Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecida en las disposiciones aplicables.

c)     Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración. 

Los entes públicos federales que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación observan, en lo conducente, las mismas reglas contenidas en el presente artículo en la elaboración de sus respectivos presupuestos.

Artículo 9.  Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal y demás entes públicos federales publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores.

Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la percepción.

Capítulo IV

De las percepciones por retiro y otras prestaciones

Artículo 10.  No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo.

Artículo 11.  Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato.

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores se hacen públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.

Artículo 12.  Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.

Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal.

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos.

Capítulo V

Del control, las responsabilidades y las sanciones

Artículo 13.  Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública.

Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político.

Artículo 14.  Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente.

Artículo 15.  La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley:

I.      Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos correspondientes;

II.      Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas;

III.     Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y finca directamente las responsabilidades resarcitorias;

IV.    Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando proceden, y

V.     Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción.

Artículo 16.  La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se desarrollan de conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes autónomos.

Artículo 17.  Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años.

Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso.

Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley.

Artículo Segundo.-  Se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, para quedar como sigue:

TÍTULO DÉCIMO

Delitos Cometidos por Servidores Públicos

CAPÍTULO V BIS

Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos

Artículo 217 Bis.  Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita:

I.      El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;

II.      Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

Artículo 217 Ter.  Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se impondrán las siguientes penas:

I.      Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito;

II.      Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito;

III.     Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y

IV.    Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.

Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años.

Transitorios

Primero.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.  Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma.

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2018.

Sen.  Martí Batres Guadarrama , Presidente.- Dip.  Porfirio Muñoz Ledo , Presidente.- Sen.  Antares Guadalupe Vázquez Alatorre , Secretaria.- Dip.  Karla Yuritzi Almazán Burgos , Secretaria.- Rúbricas.