Los Acusa de Corrupción, Ineficiencia y Miedo...
LA PGR DESPIDE A 723 POLÍS, PERITOS Y MP
*Hay Otros 380 en Proceso de Ser Despedidos por no Aprobar el Examen de Confianza.
*Además de Desemplearlos Inscribieron su Nombre en el Registro Nacional de Personal.Por Antonio Peregrino Rojo
Colaborador de Frecuencia Laboral
De cada 10 delitos que se cometen en el país, sólo uno de ellos recibe sentencia condenatoria, de acuerdo a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación. La Procuradora Marisela Morales Ibáñez , sostuvo que esto se debe a “la corrupción e ineficiencia de malos servidores públicos”, por lo que ya despidió a 723 elementos policíacos, peritos y agentes del ministerio público federal.
Otros 380 elementos, aproximadamente, están en proceso de quedar desempleados, por reprobar el control de confianza, subrayó la funcionaria al comparecer el jueves 20 de septiembre del 2012, ante senadores de la República, como parte del análisis del VI Informe de Gobierno.
En suma, de abril del 2011 -fecha en la que asumió el cargo- a septiembre del 2012, las autoridades al mando de Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), tramitaron más de mil 100 quejas contra empleados de la institución por reprobar los “exámenes de control de confianza” e iniciaron los procedimientos para la separación del servicio.
El 80 por ciento de los trabajadores de la PGR que no pasaron las pruebas de control de confianza ya fueron dados de baja, en el último año y medio, situación que ha provocado que elementos policíacos federales–principalmente- tramitaran su demanda por despido injustificado y pidieran el apoyo de diputados federales para su reinstalación.
De acuerdo a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación en su investigación sobre la PGR, hay 18 mil 41 órdenes de aprehensión rezagadas y el costo de cada averiguación previa iniciada es de 63 mil 435 pesos.
Todo ello se debe al “ presupuesto limitado respecto a las necesidades institucionales; la falta de confianza y credibilidad de la sociedad; la aplicación parcial de pruebas de confianza; perfiles inadecuados en el personal; la corrupción e ineficiencia de malos servidores públicos; los sistemas informáticos obsoletos y desarticulados” afirmó la funcionaria ante los senadores.
El 16 de noviembre del año pasado la Procuradora General de la República compareció en la Cámara de Diputados, donde se quejó de que eliminó personal por reprobar los exámenes de confianza, pero al presupuesto que tenía previsto para contratar nuevos elementos y aumentarles los salarios en 2012, le quitaron 175 millones 875 mil pesos, por lo cual sus recursos son insuficientes para crear nuevas plazas.
Para entonces había despedido al 35 por ciento de los Agentes Federales de Investigación, Peritos y Agentes del Ministerio Público, acusándolos de corrupción y nexos con la mafia. A algunos más les señalaron que tenían miedo y también los dieron de baja, denunciaron durante una protesta que realizaron afuera de la Cámara de Diputados, elementos despedidos de la PGR (Leer Noticia Relacionada: AGENTES DESPEDIDOS DE PGR EXIGEN SU REINSTALACIÓN)
La Procuradora General de la República dijo ante senadores de la República al 20 de septiembre del 2012 que inició un proceso de depuración de la institución y está mejorando los procesos de selección del personal. Está verificando los antecedentes de los candidatos a ingresar y “cumpliendo con el compromiso de la depuración institucional, de abril de 2011 a agosto del 2012 se han realizado 17 mil 851 evaluaciones de control de confianza”.
Pero en realidad este proceso dio inicio desde el año 2008 en que se anunció la transferencia de 100 elementos policíacos -que entonces se denominaban Agentes Federales de Investigación (AFIs)- a la Policía Federal Preventiva.
De manera insólita los AFIs realizaron marchas, mítines y plantones en distintos puntos de la ciudad entre el 24 y 25 de septiembre del 2008. Porque perderían su carrera policial, derechos laborales, antigüedad, dietas y la facultad de realizar tareas de investigación.
Tomaron sus oficinas y marcharon hacia la sede de la Cámara de Diputados, portando pancartas en las que acusaban a sus mandos de corrupción. Negaban que se opusieran a los exámenes de control de confianza- como aseguraba el ex titular de la PGR y actual Secretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna- pero sí rechazaban que sus mandos pretendieran obligarlos a “renunciar voluntariamente” o a aceptar un cargo inferior. (Leer noticia relacionada: “AFIs TOMAN LAS CALLES…RECLAMAN SEGURIDAD EN SU EMPLEO”)
Por ingerencia del entonces presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, de la Cámara de Diputados, Alberto Esteva Salinas, del Partido CONVERGENCIA se iniciaron indagaciones sobre las acusaciones de "hay rapiña, que hay un almacén lleno de uniformes y que ellos no tienen uniformes, nos hablan de abusos de autoridad, pese a que los agentes tienen una carrera en derecho policial y tienen derechos como trabajadores que no pueden ser transgredidos". (Leer Noticia Relacionada: "CRECEN SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN EN LA AFI")
Nada menciono la Procuradora Marisela Morales Ibáñez, sobre los conflictos laborales al interior de la PGR, generados por los despidos masivos que se han implementado en la actual administración, bajo el pretexto de los resultados del examen de control de confianza.
En su comparecencia ante los senadores de la República, del 20 de septiembre del 2012 y en compañía de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública Federal, sólo proporcionó cifras duras: en año y medio, durante su encargo, se ha certificado al 70 por ciento de la plantilla activa de los servidores públicos de la PGR, quedando pendientes de certificar sólo a tres mil 227.
E inició un proceso de remodelación y modernización tecnológica de las instalaciones y capacitación técnica para el personal del Centro de Evaluación y Control de Confianza, el cual próximamente inaugurará una nueva etapa.
Ahora además de haber sido desempleados, los nombres del personal que reprobó en las evaluaciones de control de confianza fueron ingresados al Registro Nacional de Personal de las instituciones de seguridad pública.
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