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Por las Concesiones a Mineras Extranjeras y Nacionales EN RIESGO DE PERDERSE 30% DEL TERRITORIO NACIONAL*Las Mineras Destruyen el Suelo donde Operan e Imponen su Propio Poder Paramilitar y Político. *Concesionarios Imponen Condiciones de Semi Esclavitud a sus Trabajadores y Despojan de sus Tierras a Campesinos. *Presentan ONGs una Iniciativa Ciudadana de Reforma Alternativa a la Ley Minera Entreguista de Salinas de Gortari. *Lo mismo Ocurrirá con la Venta de las Playas y Franja Fronteriza que Propuso el Priista Beltrones. Por María de Lourdes Martínez GonzálezPeriodista y Conductora de Frecuencia Laboral 7. No. 385. del 28 abr al 04 mayEl 30% del territorio nacional fue concesionado a empresas mineras para su explotación, desde que Carlos Salinas de Gortari, en 1992, reformó el artículo 27 constitucional para autorizar la venta de los ejidos y tierras comunales. Pero lejos de generar desarrollo económico y social en las comunidades que accedieron a vender sus lotes a las grandes empresas mineras canadienses, estadounidenses y mexicanas, prácticamente han quedado devastadas y bajo el régimen de dominio y discriminación de los representantes de esos emporios advirtió Alejandro Villamar, de la Red Mexicana Contra la Minería. Durante el Foro “Ley Minera Desde Una Perspectiva de Derechos Humanos”, que organizó el lunes 23 y martes 24 de abril del 2013, la senadora Iris Vianey Mendoza, secretaria de la mesa directiva del Senado de la República, el defensor de los derechos humanos explicó que los ejidatarios y comuneros que se asociaron con las empresas mineras pra obtener ganancias comunes, terminaron siendo despojados y nunca vieron cumplidas las promesas de inversión y desarrollo social que recibieron. Afirmó que las empresas mineras ponen en riesgo la soberanía de la nación, porque llegan a imponerse con grupos armados y controlan a las autoridades locales. (Leer Noticia Relacionada: "CON PROMESAS DE EMPLEO MINERAS CANADIENSES DESPOJAN EJIDOS" link: http://www.frecuencialaboral.com/minerascanadiensesdespojanejidosendurango2012.html). "Si no tomamos las medidas adecuadas para parar esto en unos pocos años una tercera parte de nuestro país va a quedar incapacitado para cualquier actividad productiva y las miles de personas que viven de esas tierras van a ser afectadas...es un problema de seguridad nacional, porque esas empresas mineras llegan y toman el control político de las zonas en donde están operando, para trabajar en la ilegalidad, consiguiendo permisos municipales ilegales, porque no cuentan con la tenencia de la tierra". La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Josefina Morales, miembro de la academia Mexicana de Economía Política, dijo -por su parte- que esos concesionarios mineros generan alrededor de 350 mil empleos, pero con bajos salarios, con jornadas extenuantes de trabajo, sin prestaciones sociales, mediante contratación por outsourcing y en condiciones de sobre explotación. En el país hay aproximadamente hay mil 500 proyectos mineros en 25 estados de la República, con más de 2 mil empresas enfocadas, principalmente, en la extracción de oro y plata. En los últimos 10 años han sacado el doble del oro y 50% más de plata que la se llevaron los españoles durante el período de la conquista, señaló el doctor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Jorge Peláez. Y lejos de que los trabajadores salgan de la pobreza obteniendo mejores salarios y prestaciones, esas empresas han recibido todo el apoyo de los funcionarios públicos y de los gobiernos locales y federal para tratar de eliminar al Sindicato Minero y despojarlos de sus conquistas laborales, persiguiendo a sus líderes y encarcelando a algunos de ellos, advirtió Genaro Arteaga, secretario de organización. Incluso contratan elementos armados paramilitares para amedrentar a los trabajadores inconformes o para resguardar a las empresas en donde hay huelgas, como ocurre con el Grupo México, propiedad de Germán Larrea -uno de los hombres más ricos del mundo-, subrayó Oscar Alzaga, abogado del Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia. "En la industria minera hay grupos paramilitares...que actúan pagados con salarios, en el caso de Cananea, con cargo del Grupo México". Sin embargo, los concesionarios mineros extranjeros y nacionales no pueden desarrollar ningún proyecto de exploración o explotación, si no tienen la autorización de los ejidatarios y comuneros o si no logran comprar sus tierras. Es decir, las autoridades federales les otorgan las concesiones, pero sólo los dueños de las tierras les pueden dar la autorización para operar. Por lo cual los gestores de las grandes empresas mineras se dedican a prometer dádivas como la construcción de una escuela, la dotación de agua, la edificación de una iglesia o la generación de empleos para los habitantes del lugar. Pero la experiencia demostró que nunca cumplen y terminan despojando y hasta matando a los verdaderos dueños de la tierra. Por lo cual, en la zona de la montaña de Guerrero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron no dejar pasar a las empresas mineras. "Yo soy Adriana, secretaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Guerrero. El conflicto minero es muy fuerte porque se han otorgado muchas concesiones mineras en la región. Y nosotros hemos decididos emprender una lucha de información, debido a que muchas comunidades han sido víctimas de engaños para inducirlas a ceder los derechos de los nucleos agrarios. Una empresa ya ofreció 3 millones de pesos por un cerro, lo cual no se ha aceptado. Igual en otras comunidades han ofrecido miserias y la organización está puntualmente informando no a las concesiones mineras". En tanto que Vicente González Lauro, el comandante regional de la CRAC en Guerrero, dijo que esa entidad cuenta con grandes recursos minas de oro y plata. Pero también tienen manantiales, tierras y ríos que serán destruídos si entra la minería, por lo cual prefieren tener los alimentos garantizados. "Las comunidades somos una sóla célula, somos un sólo ser". El país tampoco se ha beneficiado de la explotación irracional minera. El impuesto sobre la renta que pagan es menor al 30 por ciento y evaden su pago, en México a diferencia del resto del mundo no se les cobra impuesto a la extracción ni impuesto a la ganancia de los dividendos y sólo pagan por derechos 5 pesos anuales por hectárea, afirmó el investigador de la Academia de Derecho Jorge Peláez. La ley minera que se impuso con la reforma del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, es peor que la que existe en otras naciones subdesarrolladas del continente, como Guatemala o Colombia, porque no obliga a nada a los empresarios del ramo, ni siquiera a garantizar la reposición del daño ambiental. Por lo cual las organizaciones mineras y movimientos sociales por los derechos humanos en el ramo, presentaron una propuesta ciudadana de Nueva Ley Minera, para que sean revocadas las concesiones cuando las empresas son depredadoras y sobre explotadoras y para que comunidades y municipios tengan beneficios reales de esa actividad. Advirtieron que esto que está pasando, después de la reforma el artículo 27 constitucional para autorizar la venta de los ejidos y tierras comunales, que impulsó Carlos Salinas de Gortari, sucederá con las playas mexicanas con la iniciativa que impulsó Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, para reformar ahora la fracción primera del artículo 27 constitucional para vender las playas y la franja fronteriza a extranjeros. (Leer noticia Relacionada: "AHORA APRUEBAN VENTA DE PLAYAS A EXTRANJEROS", link:http://www.frecuencialaboral.com/diputadosvenderanplayasaextranjeros2013.html) El viernes 24 de abril del 2013 en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma a la ley minera para que los concesionarios mineros a paguen un derecho del cinco por ciento de sus ingresos acumulables netos a estados y municipios donde se llevan a cabo las extracciones. El diputado Fernando Zamora Morales (PRI), integrante de la Comisión de Economía, dijo que el dictamen no perjudica a los mineros pero sí beneficia a las comunidades mineras. “Lo que se necesita es que las empresas establecidas en los diversos territorios del país aporten parte de sus ganancias para que los pueblos mejoren”, apuntó. La iniciativa ciudadana que presentaron las ONGs incluye además que se cobre un pagaré anticipado, como garantía de que se restituirá el daño ambiental que provocan, que se reduzca el período de vigencia de las concesiones -que actualmente son de 50 años prorrogables a otros 50 años- y que se les pueda quitar cuando provoquen daños a la naturaleza y a las comunidades, entre otros puntos. |
Año 7. No. 385. del 28 abr al 04 may 2013 abr. del 013 |
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