Senadores Investigan

¿LAS EMPRESAS MINERAS OPERAN SIN PERMISO EN MÉXICO?

*Hay Denuncias de Que No Pagan Nada por la Explotación de Minerales y Que son Depredadoras

*También las Acusan de Eliminar los Derechos Laborales e Imponer Jornadas de 10 a 14 horas de Trabajo al Día.

El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, un informe del cumplimiento de las condicionantes impuestas en las autorizaciones de impacto ambiental otorgadas a empresas mineras. Pidió a la Secretaría de Economía un informe detallado en el que se indique ¿cuánto pagan las empresas mineras por hectáreas de explotación en México?, ¿cuántas concesiones se han entregado?, ¿cuántos millones de hectáreas amparan las concesiones?, y ¿cuántos beneficios han recibido las comunidades, municipios y entidades federativas? Y se pronunció por el rescate inmediato de los restos de mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.

Desde la tribuna, el senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, planteó que como una obligación moral el Senado debe exigir “se reabra la averiguación previa en Pasta de Conchos y se castigue a los responsables por este crimen que se mantiene en la impunidad”.

A este pronunciamiento, se sumó el senador priista Francisco Labastida Ochoa “porque independientemente de factores técnicos hay un profundo drama humano atrás de ello”.

Por su parte, Ricardo García Cervantes, senador de Acción Nacional, consideró que en el tema de Pasta de Conchos es el Senado de la República “también el que está en falta”. Eso -de acuerdo a entrevistas que ha concedido para Frecuencia Laboral- porque el Senado no ha aprobado las recomendaciones de la OIT para que haya condiciones de salubridad e higiene en el trabajo de las minas, ni los senadores se han acordado siquiera de ese tema. (Leer Noticia Relacionada: "Minas Sin Seguridad e Higiene en el Trabajo")

Y en el último período ordinario de sesiones que concluyó en abril del 2010, nuevamente se quedaron esperando para su ratificación 5 convenios en materia de seguridad e higiene en las minas carboníferas, que emitió la Organización Internacional del Trabajo, los cuales se encuentran en la congeladora de la cámara alta desde hace tres años. (Leer Noticia Relacionada: "Convenos de OIT se Quedan en el Rezago Legislativo del Senado")

En opinión del senador perredista Pablo Gómez Álvarez “es una desconsideración inmensa que se permita que una empresa no haga la inversión necesaria para rescatar los cuerpos”.

A su vez, el senador Francisco Arroyo Vieyra, del PRI, explicó que en Guanajuato la compañía minera Gammon Gold, “ha sido perniciosa y odiosa para los guanajuatenses y obligó a los trabajadores a aceptar jornadas de diez horas”, y se han registrado desde abril de este año cinco muertes.

Agregó que las indemnizaciones han sido peleadas por los abogados de la empresa que quitaron a los subcontratistas y dejaron también sin empleo a muchas familias alrededor del subcontratismo.

El legislador señaló: “que esta tribuna sirva para que la sociedad, para que los medios y para que la autoridad entienda que hay un conflicto de una mala empresa minera en Guanajuato que puede explotar el día menos pensado”. (Leer Noticia Relacionada: "Lozano Aplaude el Despido de 406 Mineros de El Cubo")

Al tomar la palabra, el  senador por el PAN, Guillermo Tamborrel Suárez, aclaró que el motivo de la Comisión de Medio Ambiente para presentar el dictamen, es darle el enfoque ambiental sobre lo que pasa con el proceso de lixiviado de minerales y si se toman o no las medidas necesarias para impedir que se contaminen los mantos freáticos.

Detalló que lo dicho por los legisladores es importante, pero lamentó que dada la importancia de estos puntos pareciera que se soslaya la importancia del impacto ambiental.

Por otra parte, el senador priista Francisco Labastida Ochoa, refirió que existen dos formas “absolutamente diferentes de trabajar la minería”. Una, en donde la cultura de prevención rescató a los mineros de Chile, porque había una cámara en donde existía comida, agua, alimentos, y ello les permitió llegar al lugar en donde estaban a resguardo.

“Esta cultura y estas normas técnicas no existen en México”, y ese es parte del problema en donde sólo se trata de maximizar las utilidades y no se tiene el suficiente cuidado y respeto a la vida de los seres humanos.

Propuso trabajar en la elaboración de normas técnicas obligatorias, revisar la Ley de Explotaciones Mineras e incluir dentro de ella las medidas que eviten que se presenten fatalidades en el país.

Por el PRD, el senador Pablo Gómez Álvarez, explicó que las reglas, normas y procedimientos en la explotación de las minas en México son impuestos por las empresas mineras, a lo que hay que agregar que no pagan casi nada en materia de derechos por la extracción de minerales “propiedad de la nación”.

Recordó que se presentó anteriormente una iniciativa para establecer un derecho por la extracción de minerales, con la idea de que la nación aproveche una parte mínima de lo que es de su propiedad y que está siendo extraída por las empresas mineras.

Por otra parte, el senador panista Ricardo García Cervantes, respaldó lo dicho por el senador Tamborrel Suárez, al detallar que se trata de un dictamen de contenido ambiental, relacionado con la minería.

Asimismo, expresó que se debe aclarar si son cinco o 250 pesos por hectárea lo que se paga, y la sospecha de que hay muchas hectáreas que no pagan un centavo. “El Senado de la República no puede negarse a ejercer su facultad de pedir información”, añadió.

El legislador señaló que el Senado de la República no ha ratificado instrumentos de seguridad para  los trabajadores mineros desde 1982, ni el más reciente de 2002, además de que la Cancillería no ha insistido ni ha mandado la información pertinente.

En tanto, el senador Tomás Torres Mercado, del PRD, dejó en la Secretaría Parlamentaria, un documento que ilustra, cuánto pago por hectárea. “Del primero al segundo año, cinco pesos con ocho centavos, es una proyección, quien quiera constatarla; en el onceavo año, 111.27 centavos”.

Destacó que hace cuatro años presentó una propuesta de incremento a los derechos por la explotación bruta, misma que sirvió a algunos para generar otras iniciativas para gravar ad valorem la producción minera.