Adverten ONGs en Audiencias Públicas

HABRÁ DICTADURA CON LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

*¿En Qué Estaban Pensando los Senadores que Aprobaron esa Reforma Eliminando Facultades del Poder Legislativo?

Por María de Lourdes Martínez González

Periodista de Frecuencia Laboral

La Ley de Seguridad Nacional tal como la aprobaron los senadores y como se propone que se apruebe en la Cámara de Diputados, daría inicio a la dictadura presidencial, militarizaría al país y autorizaría la represión de las protestas públicas de la sociedad y de los trabajadores, advirtieron representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Al participar en las consultas públicas sobre la propuesta de Ley de Seguridad Nacional las cuales iniciaron el pasado martes 07 de junio del 2011 y concluirán hasta el día 21, destacaron que al otorgar al presidente de la República a crear un comité para que tenga el poder exclusivo de utilizar las fuerzas armadas con sólo declarar que hay una situación de “amenaza, riesgo o desafío a la seguridad interior”, se pone fin a la democracia en México. (Leer Noticia Relacionada: "¡México Está al Borde del Fascismo!")

El presidente de la Organización de Litigio Estratégico (LITIGA), Luis Miguel Cano, dijo que es increíble que hayan sido los propios senadores de la República –que son una parte del poder legislativo- quienes propusieron con esta Ley de Seguridad Nacional autorizar al presidente y a un comité a su cargo a tomar la decisión de suspender los derechos humanos y garantías constitucionales para usar las fuerzas militares, sin autorización del poder legislativo como lo establece el artículo 29 constitucional.

El artículo 29 constitucional señala que "en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto..., solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona".

El viernes 10 de junio del 2011 se publicó una reforma a diversos artículos constitucionales en materia de derechos humanos para garantizarlos y ahora el artículo 29 constitucional incluye que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre la constitucionalidad y validez de los decretos que expida el Ejecutivo para la restricción o suspensión de las garantias constitucionales.

"Lo que está haciendo la nueva Ley de Seguridad Nacional es que sin seguir ese mecanismo, inclusive, menoscabando la función de control del Congreso, dándole la atribución al presidente -incluso sin consultar a la comisión bicamaral, ni consultar al consejo de seguridad nacional- de tomar medidas urgentes para afrontar los obstáculos a la seguridad nacional. Pero esos obstáculos (riesgos, amenazas y desafíos) a la seguridad nacional, también permiten hacer prácticamente cualquier cosa..."

Dijo que lo más grave es que de acuerdo a lo que se propone por parte de los senadores con esta nueva Ley de Seguridad Nacional es que las intervenciones del poder militar quedan al control del cuerpo de inteligencia de Gobernación (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina, sin respetar los procedimientos de control del artículo 29 constitucional.

"El artículo 29 constitucional...no deja al poder ejecutivo la libre adopción de medidas, sino que le da un papel preponderante al congreso. En realidad lo que ahora el congreso hace con esta ley de seguridad nacional, es declinar en sus facultades -contrario a los estándares internacionales de derechos humanos- para confiarlas al ejecutivo...¿quién sabe a dónde pueda parar esto?", subrayó el presidente de LITIGA.

Señaló que lo más grave es que luego de que el presidente de la República y su comité declaran el estado de excepción por “amenaza, riesgo o desafío a la seguridad interior”, toda la investigación y el operativo que se desarrolla para desactivar a quienes son investigados o procesados se cataloga como confidencial, lo cual es violatoria de los derechos humanos, entre otros del derecho humano a la información.

Por su parte el presbítero Miguel Concha pidió que se reelabore la Ley de Seguridad Nacional basándose en el concepto de "seguridad del ciudadano" y no en el criterio del estado represor. Comentó que este criterio de seguridad del ciudadano permite tomar encuenta a las personas para delinear las políticas en materia de seguridad nacional, consturir acuerdos democráticos entre la ciudadanía y la autoridad.

"La ciudadanía debe participar en el diseño, implementación, control y evaluación de las políticas de seguridad, mediante el intercambio de controles horizontales. Son fundamentales las estrategias locales y comunitarias en el tema de la seguridad. Es decir la participación ciudadana activa, crítica y plural...lo que está detrás del tema de la seguridad interna -con la nueva ley de seguridad nacional- es la posible orientación hacia un estado represor que no queremos".

Por su parte, Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, advirtió que es un mito que el fuero militar sea más duro que el civil, porque durante el sexenio de Calderón se han reportado más de mil violaciones, desapariciones forzadas y agresiones por parte de militares y a ninguno de los autores se les ha aplicado la justicia militar.

Comentó que el uso de los militares para combatir el crimen tampoco ha dado buenos resultados, pues desde que el Ejército está en las calles por orden de Felipe Calderón, se incrementó la tasa de homicidios en 400 por ciento, se reportaron 5 mil desapariciones forzadas -4 veces más que antes de que los militares comenzaran a combatir el crimen- y todos los días pasan por la frontera de México con Estados Unidos dos mil armas de fuego.

Hizo notar que el término "seguridad interior" que se marca en la nueva Ley de Seguridad Nacional es una figura extraña en el derecho mexicano y se constituye en una amenaza a la democracia "ese mecanismo per se es una violación a los derechos humanos".

Subrayó que es intolerable que el gobierno mexicano, los senadores de la República y algunos diputados federales pretendan utilizar un estado de excepción irregular para combatir a la delincuencia "tiene que haber otro tipo de alternativas apegadas a los derechos humanos".

También se pronunció en contra de que se use la fuerza militar en contra de las protestas sociales y de las protestas de los trabajadores, cuando se les considere “amenaza, riesgo o desafío a la seguridad interior”, porque toda protesta social es resultado de la incompetencia de los funcionarios y de los gobiernos para resolver las demandas ciudadanas.

Cabe recordar que el dictamen que envió el Senado de la República a la Cámara de Diputados en septiembre del 2010 y que pretendían aprobar sin mayor discusión, antes de que concluyera el mes de abril del 2011, algunos diputados federales del PRI y del PAN, fue atajado por decisión del presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral, diputado federal por el Partido Acción Nacional, enfrentando a sus correligionarios. (Leer Noticia Relacionada: "¡México Está al Borde del Fascismo!")

Fue apoyado por diputados de otras facciones parlamentarias y haciendo eco de organizaciones integradas a la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que se presentaron el pasado martes 26 de abril del 2011, para reclamar su discusión en audiencias públicas, se abrieron estos foros que iniciaron el 07 de junio del 2011, "Día de la Libertad de Expresión".

Año 5. No. 291. del 11 al 18 junio 2011