Año 3. No.196. del 01 al 07 ago. 2009.
México,D.F.
www.frecuencialaboral.com: Premio Comunicación Alternativa

 

Persecución de Gobernación y SCT

PIDEN TREGUA PARA RADIOS COMUNITARIAS

Por María de Lourdes Martínez González

 

Alrededor de 32 radios comunitarias e indígenas del país han sido cerradas durante el gobierno de Felipe Calderón, con lujo de violencia y han encarcelado a locutores y reporteros que hacen una labor voluntaria o que trabajan para difundir los problemas, las demandas y la cultura de los pueblos donde se ubican esas estaciones de radio que operan sin permiso. (ver noticia relacionada)

Sobre ese tema, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el pasado miércoles 29 de julio del 2009, un acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la de Comunicaciones y Transportes a que den una tregua a las radios comunitarias y para que expliquen por qué no les dan el permiso de operación. Escuchemos al coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza.

“Aprobamos un punto de acuerdo muy importante. Se debe de frenar (el desmantelamiento de las radios comunitarias). Porque las autoridades no contestan a las solicitudes que hacen las comunidades para tener una radio. Empiezan el funcionamiento y luego mandan al ejército a destruirlas. Es una barbaridad…Si algún país tiene que defender las radios comunitarias es México, nosotros tenemos más radios comunitarias que los Estados Unidos.”

P.- Las autoridades le dan los recursos públicos en forma de publicidad a los monopolios y no a las radios ciudadanas o comunitarias.

R.- No sólo eso. El ejecutivo incumple. Se logró que en los presupuestos federales se repartiera el dinero de comunicación en televisiones, radios, revistas y periódicos, que fuera democrático el asunto. Eso está aprobado en el presupuesto, pero no lo llevan a cabo.

El gobierno federal asegura que esas radios comunitarias son ilegales porque operan sin permiso, en cambio le permite a las radios privadas operar irregularmente, sin licencia.

El diputado federal por el PRI, Adolfo Mota, habló a favor de las radios comunitarias y dijo que en muchos casos realizan una labor de servicio social y cultural de alta calidad y se trata de estaciones que llegan a tener mayor audiencia que las estaciones privadas. Dijo que radio TEOCELO es un buen ejemplo .

“Radio Teocelo ha recibido con mucho, reconocimientos nacionales e internacionales, pero se vio amenazada durante algún tiempo con el retiro de su señal. Es una radio comunitaria que hace un gran servicio a la comunidad de la región de Xico, Teocelo y Ahualulco. Y aprovecharía la oportunidad para hacerle un enorme reconocimiento a esta radio y sus directivos que, soy testigo, a veces pasan notorias penurias para juntar para la transmisión y sostener programas que son de altísimo nivel cultural…Para ser exactos de la radios FM y AM que se escuchan en aquella región, de los que escuchan la radio el 50 por ciento dice escuchar Radio Teocelo, a pesar de que es AM. Yo me pregunto ¿esta radio comunitaria con una FM qué éxito podría tener? Por el bien que le hace a la comunidad”.

Los antecedentes inmediatos de este exhorto a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y transportes datan del mes de marzo, cuando los senadores de la República, Heladio Ramírez del PRI, Carlos Sotelo, Jesús Garay, Rosalinda López y el diputado federal Othón Cuévas, del PRD documentarios –cada uno por su lado- distintos actos de desmantelamiento de radios comunitarias en Baja California y Michoacán, en los que se destacaba la violencia física de los elementos de seguridad contra los integrantes de los equipos que hacen posible la operación de esas estaciones.

En pasado 08 de julio del 2009 el diputado federal Othón Cuévas retomó el asunto y lo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y subrayó que “últimamente el estado ha optado por la vía penal, basándose en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales que señala una pena de hasta doce años de prisión para la persona que use, aproveche o explote un bien de la nación sin permiso o concesión previa”.

Detalló:

“El caso de Radio Comunitaria Tierra y Libertad, radio dirigida a los habitantes de una zona con un alto grado de pobreza y marginación, en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, radio desmantelada el 6 de junio de 2008 con uso excesivo de la fuerza por aproximadamente de 100 efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), con armas de alto poder. Como resultado de esto se inicio un proceso penal contra un participante de la radio, mismo que ahora ha sido consignado ante un Juez de Distrito y pesa en su contra una orden de aprensión. (ver noticia relacionada)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agregó que también fue desmantelada radio Uékakua, en la población de Ocumicho, perteneciente al Municipio de Charapan, Estado de Michoacán, es una comunidad indígena de la etnia purépecha, presenta un alto grado de pobreza y marginación, su actividad económica principal es la fabricación de artesanía en barro y costura, con lo que obtienen recursos para su subsistencia.

Debido a que no existe ningún medio de comunicación que transmita en su idioma los pobladores dieron su respaldo para crear la radio Uékakua, que en español significa “La Preferida”; con una potencia de 5 watts, en la frecuencia del 104.5 de FM, tenía como fin prestar servicios a la comunidad difundiendo anuncios importantes en su lengua materna, manteniéndola informada de los acontecimientos más relevantes, además de que daba a conocer la música autóctona de la región, es decir,  tenía una efectiva contribución social sin fines de lucro o especulación comercial.

El 29 de enero de 2009, aproximadamente a las 13:30 horas, personal perteneciente a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con un aproximado de 100 agentes que portaban armas de alto poder y junto con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), irrumpieron en las instalaciones de la radio Uékakua, de manera violenta y con uso excesivo de la fuerza, procedieron a realizar un aseguramiento de la estación de radio sin mostrar ninguna orden expedida por la autoridad competente.

 

Con fecha 3 de junio de dos mil nueve la Delegación Estatal en Michoacán Segunda Investigadora, en Uruapan Michoacán, mediante oficio número 439, del Expediente 82/UEIDAPLE/LE/08 suscribió un citatorio dirigido a la C. Rosa Cruz Rosas, mediante el cual le informan que tiene que comparecer en carácter de indiciada, respecto de su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, dicho citatorio se lo hicieron llegar el día 13 de junio de 2009.

Es importante resaltar que la Señora Rosa Cruz Rosas es una mujer indígena, de escasos recursos, que tiene una comprensión mínima del español, su participación en la radio se ha limitado a realizar transmisiones en su lengua materna de anuncios que la misma comunidad le encarga, referentes a información en temas de salud, educación y música.  

La nueva política que sigue el Estado de optar por la vía penal en lugar de la administrativa, coarta la libertad de expresión de las radios comunitarias, con la pretensión de generar en las comunidades y en los grupos sociales un fuerte efecto inhibidor para difundir sus ideas, opiniones e información por medio de una emisora con evidentes fines sociales, lo cuál consideramos se ha convertido un medio indirecto de censura, lo que resulta contrario al artículo 6º de la Constitución Mexicana.

Las radios comunitarias, por su naturaleza, aunque emplearan el espectro radioeléctrico sin permiso, en ninguna forma ponen en peligro ni generan un daño grave a este bien, pues las radios tienen fines estrictamente sociales. Por tanto, el empleo de la vía penal no resulta necesario ni proporcional, pues hay medios menos lesivos para que el Estado salvaguarde el espectro radioeléctrico.

Y el 15 de julio del 2009 el senador Carlos Sotelo, retomó el asunto casi en los mismos términos para proponer un punto de acuerdo que fue el que se aprobó el miércoles 29 de julio del 2009 casi a la letra:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que:

  • Otorguen una tregua al cierre de radios indígenas y comunitarias, y que para tal efecto realicen un padrón de estas emisoras en el país.
  • Presten la asistencia técnica y legal necesaria y gratuita para poder conformar el expediente que exige la ley a estas emisoras, de acuerdo a las recomendaciones de la  Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  • Otorguen los permisos a estas emisoras una vez que hayan cumplido con los trámites requeridos por la ley, y establezca una normatividad que dé condiciones de existencia digna a la radiodifusión comunitaria, como lo establece el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
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