A 58 AÑOS DE NACIONALIZACIÓN ELÉCTRICA

Por María de Lourdes Martínez González

Periodistas y Conductora de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

El 27 de septiembre de 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, que comenzó a revertirse de manera inconstitucional desde la década de 1990 hasta consumarse la reprivatización del sector con la reforma energética que inició con una modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para quitarle unas líneas en la que decía que la generación de electricidad e hidrocarburos era una actividad exclusiva del Estado Mexicano.

Con motivo de 58 años de la nacionalizacion de la industria eléctica, el Sindicato Mexicano de Electricistas realizó el 27 de septiembre de 2018, un foro sobre ¿Qué Hacer? y la tesis que se impuso fue renacionalizar al sector energético, para que sirva nuevamente para impulsar el desarrollo social y económico de los mexicanos y no solamente al capital privado nacional y transnacional.

La reforma energética fue un acto de traición a la patria, de acuerdo al artículo 123, fracción I del Código Penal que promovió el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo y que aprobaron en un proceso acelerado del 10 al 12 de diciembre de 2013 en la Cámara de Senadores y ese mismo día 12, en la de Diputados, las fracciones del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, de Nueva Alianza y del Partido Verde, que ahora está aliado con Morena, partido que ganó en 2018 la mayoría en el congreso de la Unión y en la presidencia de la República.

El PRD votó en contra, pero públicamente, desde la tribuna que se improvisó en la Cámara de Diputados, el 12 de diciembre de 2013, su entonces líder camaral, Silvano Aureoles –actual gobernador de Michoacán- anunció que esa fracción parlamentaria permitirían que esa reforma transitara. (Leer Noticia Relacionada: ¡PRI-PAN-PVEM y PANAL TRAICIONAN A LA PATRIA! Link: http://www.frecuencialaboral.com/reformaenergeticapruebanamurallados2013.html)

Antes de esa reforma a l Artículo 27 de la Constitución, que promovió el gobierno de Peña Nieto y que avalaron diputados federales, senadores y los congresos locales, en un acto de traición a la patria, señalaba que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a su vez, son exclusivos de la nación, por lo que no se permite otorgar concesiones.

Respecto al petróleo y los hidrocarburos el artículo 27 decía que toda concesión o contrato realizado para le exploración, extracción, explotación y venta de hidrocarburos y electricidad tendrán que ser cancelados por inconstitucionales.

La Carta Magna también disponía que el petróleo es propiedad originaria e inalienable de la nación, ya que los concesionarios no podrían disponer de él. Todo ese texto constitucional fue borrado.

De acuerdo al artículo 123, fracción I del Código Penal: “Comete delito de traición a la patria el que entregue parte de la integridad nacional a gobierno o grupo extranjeros” y eso fue lo que se hizo con la reforma energética que se aprobó aceleradamente entre el 10 y 12 de diciembre de 2013, pero terminó de consumarse con cambios a las ley de hidrocarburos en 2014 y en 2015 cuando iniciaron las licitaciones a empresarios privados que quisieran invertir en el sector.