Merman los Recursos Públicos por Corrupción

VIGILARÁN A DIPUTADOS PARA QUE NO EXIJAN "MOCHES"

*Hay 17 Mil Millones de Pesos de los que Podrían Echar Mano o Pedir "Diezmo".

*Principal Espacio de Corrupción en México: Las Asignaciones en la Cámara de Diputados.

*Hay Obras, si es que se Hacen, Que Solamente son Para Abrir Espacios a la Corrupción.

*En 2009 se Reasignaron entre Gobernadores del PRI los 42 mil millones de Luz y Fuerza.

*El Senador Penchyna del PRI Criticó Tajantemente la Propuesta.

Por María de Lourdes Martínez González

Periodistas y Conductora de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

En las asignaciones presupuestales que se hacen cada año para obras y servicios públicos, el dinero del erario se ha utilizando para que diputados federales que asignan los recursos los canalicen a proyectos que "terminan sirviendo para una tranza entre el legislador, alguna constructora o alguna realizadora de obra pública", afirmó el senador Armando Ríos Pitter.

Con ese argumento se aprobó en el artículo 9 transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la Auditoría Superior de la Federación vigile que esto no vuelva a ocurrir, dado que durante la discusión de la Ley de Ingresos en comisiones del Senado de la República, el 28 de octubre del 2015, salió a relucir que hay alrededor de 17 mil millones de pesos que supuestamente se canalizarán a los anexos del ramo 23 para construir canchas de basquetbol, casas de cultura, pavimentación, equipos de cómputo, hasta arreglo de atrios de iglesias y otras obras, pero que luego se recanalizan a otra cosa y no se construye nada.

El senador Ernesto Cordero comentó que "tristemente el principal espacio de corrupción en México son las asignaciones que se hacen en la Cámara de Diputados. Asignaciones que no atienden a la prioridad nacional, asignaciones que se hacen sobre las rodillas y asignaciones que se reparten el impuesto de todos los mexicanos, como si fueran patrimonio de los legisladores...debo señalar que en este caso, en este paquete económico el monto de esos recursos asciende a 17 mil millones de pesos, en buena medida por un incremento que se hace al rubro de aprovechamientos en la Ley de Ingresos".

Por su parte el senador Héctor Larios Santillas explicó que el problema es que este dinero no se asigna a obras que tienen clave presupuestal -etiquetadas-, que acreditaron ya todo un estudio de viabilidad; que acreditaron un estudio de conveniencia ni que son obras prioritarias. Sino que, como ya se ha dicho, se reparten de manera discrecional sin ninguna planeación, sin ninguna prioridad y que abren el espacio a la corrupción.

"Y la auditoría no solamente tiene que ver cómo se asignó; si se asignó a una constructora específica. Tiene que ver con que tenga eficiencia la obra; pero tiene que ver también, la Auditoría Superior de la Federación tiene la obligación de auditar si cumple con los objetivos que señala el plan de desarrollo. Y ahí vamos a encontrar que la mayor parte de estas inversiones, si es que se ejecutan realmente, no tienen ningún orden ni ninguna planeación ni responden a ningún objetivo que se haya planteado el país. No están en coordinación con los alcaldes ni con los gobernadores, solamente son espacios en donde se abre la corrupción".

Agregó que una medida mucho más eficaz para poder terminar con los espacios de corrupción, es no permitir que se repartan como botín político los recursos públicos en la Cámara de Diputados "y que den lugar a toda esta discusión de los moches, que tanto daño le han hecho a México. Una decisión mucho más efectiva hubiera sido en lugar de gastarnos ese dinero, evitar endeudarnos de más".

Cabe recordar que un caso similar ocurrió en noviembre del 2009, cuando los diputados federales del Partido Acción Nacional acordaron repartir entre gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los 42 mil millones de pesos que se presupuestaron para la operatividad de Luz y Fuerza del Centro, bajo la condición de que los legisladores priistas no firmaran la controversia constitucional contra el decreto ilegal de extinción de esa paraestatal, que dejó sin empleo a 41 mil 100 electricistas. Pese a ello, algunos legisladores priistas firmaron, pero no fueron suficientes.

El senador del PRI David Penchyna criticó tajantemente que se argumentara que había consenso "porque evidentemente no lo hay" para que la Auditoría Superior de la Federación supervise el uso y abuso de los recursos públicos que asignaran los diputados federales a más tardar el 14 de noviembre del 2015. Curiosamente David Penchyna era diputado federal de la comisión de Hacienda que reasignó los 42 mil millones de pesos de Luz y Fuerza del Centro a gobernadores del PRI.

Dijo que "los diputados no son delincuentes, señoras y señores...entonces, prejuzgar que si les vamos a dar 17 mil millones de pesos, que por cierto, senador Cordero, son los más bajos de la historia de la última década". Lo curioso es que luego votó a favor.

Por su parte el senador Mario Delgado, pidió que tambén se transparente los recursos que están registrados en aprovechamientos en el rubro "otros de otros, que durante varias reuniones, tanto en Diputados como aquí en Senadores, se cuestionó ¿qué significaba otros de otros y no ha habido explicación?. Es decir, salieron ahí 8 mil millones que no sabemos, ni siquiera cuál es el origen de esos recursos".

Otros senadores que manifestaron su oposición a esta propuesta fue el panista Jorge Luis Lavalle Maury -quien luego votó a favor y Marco Antonio Blazquez, del Partido del Trabajo, quien mantuvo su voto en contra, porque opinaron que se estaba desprestigiando a los diputados federales.

El senador Armando Ríos Pitter aclaró que el Sistema Nacional Anticorrupción, todavía no tiene Ley Reglamentaria por lo cual aún no empieza a funcionar. por eso era necesario aprobar el artículo noveno transitorio, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Artículo Noveno.- De conformidad con el artículo 79 constitucional, la Auditoría Superior de la Federación revisará de manera directa y suficiente los proyectos de infraestructura, de las entidades federativas y de los municipios no incluidos en el proyecto de egresos de la federación para el ejercicio 2016, enviado por el Ejecutivo federal que, en su caso, apruebe la Cámara de Diputados en dicho presupuesto. Es decir, las modificaciones que pueda haber.