NI PRESUPUESTO NI PERMISOS PARA INVESTIGADORES

Carlos Guillén S.

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear,

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Los últimos días de mayo de 2019 se negó autorización a investigadoras del Colegio de la Frontera Sur para asistir a reuniones de trabajo en Guatemala y Panamá. Se trata de uno de los primeros resultados públicos de la aplicación de las medidas planteadas en el memorándum del 3 de mayo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la política de austeridad que ha implementado. 

En el memorándum se señala que se deberán disminuir gastos en numerosos rubros en todas las entidades de la administración pública federal. Se fijan disminuciones que van de 30% a 50% a rubros como gastos de papelería e impresión, uso de vehículos, viáticos y pasajes y otros.

Se señala con toda claridad que las comisiones para mandos medios y superiores se disminuirán y deberán contar, en el caso de viajes al extranjero, con la autorización del Presidente de la República, a quien se le deberá hacer la solicitud con toda la información y justificación que la avale.

Con los antecedentes de usos y abusos tan comunes durante los gobiernos recientes, se trata de medidas que, implementadas adecuadamente, a partir de las condiciones, necesidades y tareas de cada institución, pueden permitir un mejor uso de los recursos de que se dispone para las actividades sustantivas.

En el caso de las instituciones de investigación, sin embargo, cabe señalar algunas particularidades. Sus funciones difieren sustantivamente de aquellas que tienen las entidades cuyas actividades son fundamentalmente administrativas o de servicios. En el caso de salidas al extranjero, habría que distinguir entre las del personal de dirección y las de investigadores.

Las primeras generalmente tienen que ver con tareas de representación de las instituciones (o del gobierno mexicano) ante instituciones y gobiernos o ante organismos internacionales. Las segundas son más bien para presentar resultados de los trabajos que se realizan en cada institución o para asistir a actividades científicas. Es decir, se trata de enseñar o aprender y de interactuar con investigadores de otros países.

Esta asistencia no se da porque alguien quiera salir del país, sino como resultado de un trabajo intenso que es evaluado con todo rigor y que permite ser invitado a algún congreso u otra actividad de carácter científico. En muchos de los casos, son los organismos internacionales quienes junto con la invitación, pagan los gastos del viaje, total o parcialmente. Con estos organismos se tienen compromisos, apoyos y tareas como país.

Tratándose de investigadores, hay que señalar además, que pese a todas las limitaciones impuestas a los derechos de los trabajadores por las políticas de los anteriores gobiernos, son trabajadores de base, de ninguna manera se trata de mandos medios o superiores. Se trata de trabajadores del conocimiento, no de funcionarios.

El memorándum no se ha aplicado igual en todos lados. En algunos casos, se ha planteado a investigadores que pueden asistir a reuniones internacionales en sus vacaciones y con sus propios recursos. Esto en realidad no es nuevo, pues ya muchos investigadores deben pagar de su bolsillo computadoras, materiales de trabajo y a veces apoyo a becarios. Sin embargo, pedirles que usen sus vacaciones para actividades de trabajo, es violatorio de la legislación laboral; contraviene lo planteado por legisladores desde 1917 y convenios internacionales.

El problema de las comisiones al extranjero, sin embargo, no es sino uno más de los problemas que se viven en las instituciones públicas de investigación. Más grave aún es la carencia de presupuesto, la falta de infraestructura, el deterioro de bibliotecas y laboratorios, la insuficiencia de personal de investigación y de apoyo y las condiciones de precariedad en que trabaja una buena parte de su personal.

El cambio de gobierno fue recibido con esperanza en estas instituciones. Incluso se puede afirmar que el cambio fue propiciado por las luchas y trabajo de muchos trabajadores de universidades y centros de investigación, que durante años reclamaron a los gobiernos anteriores apoyo a la ciencia y la tecnología sin ser escuchados.

Más allá de que el presidente de la República tenga ahora que analizar las solicitudes y documentación de respaldo para que los investigadores que, insistimos, no son mandos medios ni superiores, asistan a reuniones de trabajo, lo cierto es que se requiere la participación de todos los trabajadores del conocimiento en la transformación del país.

La solución de problemas en la salud, en el medio ambiente, en la generación de energía, en el agua, en la agricultura, en el transporte e incluso en los temas de seguridad, será más fácil si se acude a la ciencia, si se forman los cuadros necesarios, se impulsan soluciones científicas a todos los grandes problemas nacionales.

Para lograrlo, se ha señalado desde las instituciones de investigación, por los sindicatos que han abordado esta problemática, por investigadores y tecnólogos, se requiere apoyo real a la ciencia y la tecnología. Por supuesto, sin desviaciones de ningún tipo ni abusos, pero también sin medidas que obstaculicen las actividades sustantivas que la legislación vigente les asigna y las necesidades de los mexicanos reclaman.

Urge una discusión nacional sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el cambio que requiere el país y acerca de las condiciones para hacerlo posible.

Por cierto, la negativa de autorización a las investigadoras del EcoSUR llegó al día siguiente de que iniciaban las actividades.

guillen.s.carlos@gmail.com