Los quieren pasar del apartado A al B

APLAZAN DISCUSIÓN DE JURISPRUDENCIA QUE RECORTARÍA DERECHOS DE TRABAJADORES

*Los ministros se niegan a escuchar a trabajadores que han pedido exponer sus razones.

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había programado para el 8 de marzo de 2021 la discusión para modificar la jurisprudencia 1/96, que tiene la pretensión de pasar a los trabajadores de organismos desconcentrados que se rigen por el apartado laboral A al B, con lo cual podrían eliminar derechos pactados en contratos colectivos.

La discusión se aplazó y de estar el tema entre los primeros 4, pasó al número 27, por lo que la resolución al respecto puede tardar semanas.

Desde fines de 2020, se presentó la solicitud para cambiar esta jurisprudencia, con l que se afectarían los derechos de los trabajadores de organismos públicos descentralizados, en caso de aprobarse.

Decidir el 8 de marzo -día de la mujer- sin escuchar a los trabajadores involucrados, a pesar de las reiteradas solicitudes que se han presentado para ser oídos, especialmente por organizaciones sindicales de centros de investigación, generaría inconformidad y rechazo social en este año electoral 2021.

En el poder legislativo se han escuchado voces que piden que se tome en cuenta a los posibles afectados y se han elaborado propuestas legislativas relacionadas con el tema, en medio de un ambiente de incertidumbre política y social, por lo que aprobar esa jurisprudencia por la Suprema Corte, es un camino casi seguro hacia protestas y a generar mayores tensiones a unos meses de las elecciones. Eso lo deben de haber considerado.

Una de las organizaciones que más ha insistido en que se deben considerar los posibles efectos de un cambio sobre la vida laboral y académica de los trabajadores de organismos públicos descentralizados, antes de tomar cualquier decisión, es la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (FENASSCYT).

Además de un sinnúmero de foros y publicaciones de todo tipo y de solicitar reiteradamente ser recibidos por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta organización ha buscado una salida en el ámbito legislativo, en el que ha encontrado eco en legisladores de diversos partidos.

En la Cámara de Diputados, desde el 5 de septiembre de 2019, la diputada Anita Castro presentó una iniciativa para modificar el artículo 1 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado a fin de dejar fuera de ésta a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, para que sigan regidos por la Ley Federal del Trabajo.

Eso se aprobó por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y está pendiente de ser abordada por el pleno de la cámara. El 12 de marzo de 2021, en carta al presidente de la Junta de Coordinación Política de ese cuerpo legislativo, la FENASSCYT solicitó que sea presentada la iniciativa al pleno en el actual periodo de sesiones.

La iniciativa propone excluir del artículo primero de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado a los organismos descentralizados que tienen a su cargo funciones y servicios públicos. Con esta reforma quedarían quedar resguardados los derechos laborales y académicos de los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación que integran la FENASSCYT, dicen los trabajadores de la ciencia y la tecnología en su petición.

Dos días antes, se propuso por los presidentes de las comisiones de Economía y Ciencia y Tecnología, Gustavo Madero y Beltrones, un Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución que se aprobó con la que el Senado de la República exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no sustituir la Jurisprudencia 1/96, permitiendo a los trabajadores de los organismos descentralizados mantener intactos sus derechos laborales.

Otras organizaciones sindicales se han manifestado igualmente en contra de la modificación a la jurisprudencia referida. En su reciente congreso nacional extraordinario, la Unión Nacional de Trabajadores rechazó este nuevo intento de agresión a los derechos de los trabajadores y días después publicó un desplegado en la prensa nacional sobre éste y otros temas, además de impulsar diversas acciones en solidaridad con los trabajadores.

Otro pronunciamiento público estuvo a cargo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el cual también podría ser afectado por el cambio solicitado. A su vez, la Nueva Central de Trabajadores, así como un número importante de trabajadores de muy diversas instituciones, sobre todo de centros de investigación, presentaron recursos amicus curiae para pedir que sean escuchados los trabajadores.

El aplazamiento de la discusión en la SCJN da tiempo para buscar soluciones que no afecten derechos laborales, académicos y sociales. Los impulsores de la medida, cuya identidad es desconocida, difícilmente la abandonarán. Se requiere mayor solidaridad y ampliar protestas y propuestas.

guillen.s.carlos@gmail.com