El T-Mec o TLCAN implica pérdida de soberanía

ENCRUCIJADA ENERGÉTICA EN MÉXICO

Participación de Anibal García Fernández,

Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Miembro del

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG ). 

Programa del 04 de mayo de 2019,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Con la llegada del nuevo gobierno de AMLO, se abrieron posibilidades de transformaciones en el Estado que pueden modificar las relaciones sociales, económicas y políticas. México viene de una larga crisis económica, política, social, una crisis sistémica que difícilmente se transformará en meses y quizá en un sexenio. Desmontar 30 años de reformas que liberalizaron la economía nos pone ante varios retos, dificultades y sobre todo límites reales para transformar la política económica nacional.

En ese sentido, uno de los temas de mayor trascendencia es sin duda lo referente al petróleo y electricidad, rubros que deben ser de seguridad nacional, y también de un gran debate nacional. El nuevo gobierno llegó a la administración pública de un Estado que decidió deliberadamente aniquilar su estructura productiva energética, sin inversión en PEMEX y CFE, cerrando de paso, Luz y Fuerza del Centro, echando a la calle y al desempleo a miles de familias.

Las últimas dos reformas energéticas, la del 2008 con Calderón y 2013-2014 con Peña Nieto terminaron por abrir a las empresas privadas, sobre todo estadounidenses, el mercado energético mexicano. Perdimos con esto, toda posibilidad de desarrollo nacional y de seguridad energética pues pasamos de tener una estructura productiva encadenada, desde la extracción hasta la venta de gasolinas y derivados de hidrocarburos, a extraer petróleo crudo y venderlo como cualquier materia prima.

Uno de los principales retos para este nuevo gobierno es volver productivas a PEMEX y CFE sin cancelar la reforma energética.

Esto nos deja ante un escenario en el cual, PEMEX compite con grandes empresas extranjeras en condiciones de desigualdad. Volver productiva a PEMEX comienza por aumentar la extracción de hidrocarburos en pozos petroleros ya maduros, aspecto que nos enfrenta a un límite geológico. Implica invertir en ciencia y tecnología para que tenga la capacidad en un futuro cercano, de extraer petróleo y gas no convencional, sobre todo en aguas profundas pues los pozos maduros en un futuro próximo, se agotarán.

Otro reto más es la vinculación de la reforma energética al nuevo tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá. El capítulo energético es de los más cortos pues unicamente hace mención a que todas las partes se comprometen a respetar la constitución mexicana en materia de energía. Las grandes empresas no necesitaron más.

Vincular mediante el T-MEC la reforma energética implica la pérdida de soberanía al no poder modificar nuestra propia constitución sin que implique problemas con las grandes empresas petroleras extranjeras y nacionales.

Implicaría, elevar la cancelación de contratos entre el Estado mexicano y empresas a tribunales internacionales, quizá a tribunales en EE.UU. donde seguramente no será fácil ganar. No es casual que la propuesta de nuevo embajador de EE.UU. en México sea un abogado experto en resolución de controversias internacionales: Christopher Landau.

Está también la protección de inversiones en el nuevo tratado, tema del cual se habla poco porque ahí es donde está la parte sustancial en donde las empresas extranjeras pondrán sus condiciones y tendrán trato de empresa nacional, con las mismas condiciones que PEMEX y ya mencionamos que su capacidad actualmente es limitada.

Otro de los retos ya lo estamos viviendo. La decisión de AMLO de revisar contratos ya firmados tiene que ver con los escándalos de corrupción. En América Latina esos escándalos ha metido presos a expresidentes y ha desestabilizado a varios países instalando la corrupción como uno de los principales descreditos de la clase política, dejando a la política como algo que de sí es corrupta, sin posibilidades reales de transformarla, si no es judicializando la política. En cambio en México, el tema ha estado bajo reserva hasta la fecha. La corrupción no es menor, pues es una de las formas de despojo a la nación y a las arcas públicas y es también, vehículo de acumulación de grandes empresas que a su vez le pagan a cabilderos y políticos.

Si el gobierno investiga los actos de corrupción una de las preguntas lógicas sería ¿quién aprobó y licitó los contratos, licitaciones entre el Estado y empresas? Hay dos entes autónomos que se encargan de este rubro: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Estas dos instituciones son clave, no por algo AMLO ha puesto el debate en estas dos comisiones.

Tanto la CRE como la CNH son dos órganos autónomos creados a partir de la reforma energética de 2013 y funcionan como dos instituciones de mercado que tienen la capacidad legal y política de intervenir en la política energética nacional. Por lo tanto, es crucial que las decisiones de política energética del nuevo gobierno, sean compartidas por estas dos instituciones. De no ser así, el nuevo gobierno, puede encontrar límites al momento de llevar a cabo su política energética y plan de rescate de la infraestructura energética nacional. En las últimas semanas, hemos visto como en el senado hay un rechazo de la propuesta del ejecutivo para designar a nuevos comisionados, mostrando así, los contrapesos de poderes en el Estado. Si algo comparten los actuales comisionados de ambas instituciones es su visión de mercado abierto e integración dependiente de EE.UU. La supuesta autonomía técnica, de gestión y operativa de estas comisiones pretende desvincular la política energética de las decisiones presidenciales y pretende ser autónoma del Estado, lo que a su vez provoca una difuminación del poder, dificultando así la gestión de la nueva administración.

La pretensión de autonomía de los órganos reguladores en materia energética es una falsedad toda vez que la designación de sus comisionados formaba parte de una cuota política y partidista, por obscuras negociaciones políticas, incluso, por escuelas en donde habían estudiado. Algo que comparten varios de los que hicieron política pública energética es haber pasado por los pasillos del ITAM, escuela vinculada a grandes empresas nacionales y extranjeras. Por otro lado, como menciona el ingeniero Víctor Rodríguez Padilla, los reguladores energéticos no son autónomos ni independientes pues la Ley de los Órganos Coordinados en Materia Energética pone a la Secretaria de Energía y a las autoridades reguladoras (CRE y CNH) en un plano horizontal. La cuestión por resolver es la visión de política energética que con el cambio de régimen ya no es compartida entre todas las instancias del gobierno.

Por otro lado, sin aumentar impuestos y sin emitir deuda, las posibilidades para financiar el proyecto energético de AMLO son complicadas. En un contexto de baja producción, de baja recaudación fiscal, y sin impuestos y deuda, las posibilidades se centran en exigir que aquellos contratos que ya estén en su fase de producción, realmente la aumenten en los siguientes años. Por esto, el presidente ha solicitado a las empresas que están produciendo en México que comiencen a dar resultados tras seis años de reforma energética.

Otro aspecto es la reducción de la carga fiscal para PEMEX. Esa propuesta de ley está ya en marcha y podría permitirle a PEMEX reinvertir en infraestructura, exploración y producción. Sin embargo, los resultados serán a mediano plazo y el contexto internacional de crisis económica puede ser un factor que ponga freno o límite a los objetivos energéticos de este gobierno.

Por último, en una carta escrita el 22 de octubre de 2018 por Roberta Jacobson, quien fuera embajadora de EE.UU. en México hasta mayo de 2018, menciona que la administración de Trump no dimensiona los esfuerzos realizados durante décadas para “combatir la vena antiestadounidense en México. Estábamos superando el recelo que una historia de invasiones, pérdida de territorio y propósitos imperialistas nos había legado”.(https://www.nytimes.com/es/2018/10/22/roberta-jacobson-trump-diplomacia/)

El proyecto al que hace referencia Jacobson viene desde la misma expropiación petrolera y tuvo uno de sus puntos más críticos hacia finales de los sesenta, en donde las empresas petroleras y el gobierno estadounidenses identificaron que PEMEX era un proyecto exitoso, que estaba financiando el desarrollo nacional y que podría servir como ejemplo para otros países de América Latina, incluso, de Medio Oriente.

La batalla por PEMEX es en gran medida, una batalla por el desarrollo nacional, pues las ganancias de PEMEX y CFE fueron trasladadas a las grandes empresas petroleras extranjeras y en menor medida a empresarios mexicanos que se beneficiaron de la reforma energética y también, se fueron al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, fideicomiso que se va al Banco de México y en el que la Secretaría de Hacienda es fiduciaria. Este último rubro, es una de las claves que podría posibilitar un desarrollo nacional o en su defecto, un gran hoyo fiscal que nos deje sin posibilidades de usar esos recursos para el bienestar del pueblo mexicano.