¿EL INICIO DE LA DICTADURA EN MÉXICO?

*Senadores y Diputados aprobaron la militarización del país y se fueron de vacaciones.

*Demandan al presidente vetar la Ley de Seguridad Interior por violar los derechos humanos.

*La Información de los Operativos de esta Ley podrá Reservarse como Confidencial.

Por María de Lourdes Martínez González

Periodistas y Conductora de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

La Ley de seguridad interior con la que buscan militarizar al país fue aprobada en la Cámara de Senadores el jueves 14 de diciembre del 2017 -y publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 21 de diciembre del 2017, n.d.e.- con cambios que no modificaron el fondo del problema que consiste en que el artículo 11 señala que corresponderá al ejecutivo federal o estatal (es decir presidente de la República y gobernadores de los Estados) la decisión de desplegar a las fuerzas armadas contra la población civil, sin consultar con la representación del pueblo depositada en el poder legislativo, como corresponde en una democracia.

El decreto (que entró en vigor el viernes 22 de diciembre del 2017 n.d.e.) ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, el 30 de noviembre del 2017, regresó a esa instancia, en donde sin revisión alguna fue ratificada al día siguiente de que votó a favor el senado.

Por voto mayoritario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde, del Partido Nueva Alianza, por el Partido Encuentro Social, el 15 de diciembre del 2017 la Cámara de Diputados avaló la Ley de Seguridad Interior y sólo falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación, para que entre en vigor al día siguiente. Los diputados del Partido de la Revolución Democrátiva y de Movimiento Ciudadano abandonaron la sesión y fue minoritario el voto en contra de esta ley que pone en riesgo a la república democratica en México.

Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior concluyó el período ordinario de sesiones y se fueron de vacaciones diputados federales y senadores.

Los legisladores hicieron algunos cambios pero eliminaron la posibilidad de que la ciudadanía ayude a vigilar que las fuerzas armadas no abusen del poder, pues establecieron en el artículo 9 que la información que se genere con motivo de la Ley Seguridad Interior será considera de seguridad nacional, por lo tanto podrá reservarse como confidencial cualquier operativo contra la población civil.

No cambiaron la parte más riesgosa que es la que le entrega al poder ejecutivo y en especial a su titular (el presidente o los gobernadores, en los estados) todas las facultades para decretar la militarización del país y sólo por un riesgo potencial -no cuando exista realmente- con lo cual violaron el artículo 40 de la Constitución del los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no podrá depositarse en una persona el poder.

Por lo cual los diputados violan los principios democráticos, especialmente lo que señala el artículo 40 constitucional respecto a que México es una República representativa, democrática, laica y federal, no dictatorial ni militar y que el poder de la federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no en una sola persona o corporación.

Al trastocar ese principio democrático los senadores y diputados avanzaron en los intentos de instaurar la dictadura y militarización en México.

Organizaciones de la Sociedad Civil realizaron una manifestación hacia la residencia oficial de Los Pinos, en la ciudad de México, el domingo 17 de septiembre del 2017, para demandarle al presidente de la República que ejerza su facultad de vetar esta Ley de Seguridad Interior que viola los derechos humanos constitucionales y los establecidos en tratados internacionales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un llamado al gobierno mexicano para frenar esta ley que militariza al país, pero fue desoído.