Imponen ilegalmente a trabajadores de base declaración 3 de 3

COMBATEN LA CORRUPCION LEJOS DE DONDE OCURRE

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Por si fueran pocos los problemas derivados de la pandemia de Covid 19 y los abusos que escudándose en ella se han cometido contra los trabajadores, empleados de base de diversas instituciones, sobre todo educativas y de investigación, están siendo presionados para presentar su declaración patrimonial 3 de 3, con advertencias de que podrían ser sancionados si no lo hacen.

Así ocurre en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, los Centros Públicos de Investigación dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional.

Desde el sexenio anterior se habla de combatir la corrupción y se han aprobado leyes con las que se busca hacerlo. Una de ellas es la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que establece, entre otros aspectos, la obligación para los servidores públicos de presentar declaraciones patrimonial y de intereses. Ya en el sexenio actual, está la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Desde que entró en vigor esta ley, en 2017, hubo voces que llamaron la atención sobre la utilidad para combatir la corrupción, que tendría obligar a más de un millón y medio de servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, cuando la inmensa mayoría no participan en la toma de decisiones, contrataciones, adjudicaciones, ni nada que implique manejo de los recursos de las instituciones.

Para esa mayoría, su salario es el único recurso público que llega a sus manos y es cada vez más insuficiente. Los altos funcionarios en cambio, son quienes administran y disponen de los recursos públicos sin que los trabajadores de base tengan injerencia alguna en tal manejo.

De cualquier manera, la entrada en vigor de la ley no estuvo acompañada con la posibilidad de disposición de los instrumentos y formatos correspondientes y como otras leyes, quedó incompleta. Lo que sí quedó como peligro, fue la amenaza de sanciones para los trabajadores que no cumplieran con las declaraciones. . . cuando fuera posible hacerlas.

La entrada en vigor de esa ley tampoco significó el fin de la corrupción, como queda claro con los múltiples casos de desvíos denunciados posteriormente a la aprobación de la misma y con la política del nuevo gobierno que incluye la presentación de nuevas leyes para combatirla. Ahora, en medio de la pandemia, se cumplen plazos y se ponen a funcionar algunos instrumentos para que se cumpla con la ley de hace tres años.

Es clara la necesidad de combatir a fondo la corrupción, sobre todo cuando están a la vista las consecuencias de su existencia, por ejemplo, en el sector salud. Pero permanece la duda sobre la efectividad de presionar a trabajadores de base con amenazas de sanciones e incluso de pérdida de sus empleos, cuando ni de lejos tienen acceso a los recursos, como si lo tienen funcionarios de todo nivel que han sobrevivido a los cambios políticos.

Y al parecer, persisten las inconsistencias en la ley. Se ha aclarado un poco que no todos los servidores públicos deben hacer las declaraciones con el mismo contenido. La LGRA no contempla en ninguno de sus artículos la obligación de parte de los trabajadores de base con relación vigente al momento de entrar en vigor esta ley, de presentar declaración patrimonial y de intereses y a pesar de ello, desde los órganos internos de control se presiona a los trabajadores.

Pareciera que se busca culpar a los trabajadores de base de las distintas dependencias e instituciones del gobierno, que no manejan personal, recursos ni decisiones, con la aplicación de esta ley.

Los sindicatos que agrupan al personal de los centros públicos de investigación han buscado comunicación con funcionarios del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes han reiterado que la declaración es obligatoria para todos. Han solicitado incluso el apoyo de su cabeza de sector. El SUTIN desde hace tres años optó por hacer uso de la vía jurídica.

Los trabajadores de base siempre han denunciado y combatido la corrupción pues ésta ha sido uno de los factores que afecta a las instituciones y los derechos de los trabajadores. Ha sido la corrupción la que ha enriquecido a altos funcionarios públicos, que han desmantelado a instituciones dejándolas en situaciones cercanas a la quiebra. Es necesario extirpar este cáncer que tanto daño causa –aún- al país. Pero es necesario afinar la puntería al combatirla.

guillen.s.carlos@gmail.com