Autoridades de la Secretaría del Trabajo

NO ATIENDEN EXHORTOS DE LA CNDH

*El Ombudsman Pide Castigo a quienes no Atiendan sus Recomendaciones

Por María de Lourdes Martínez González

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, dijo que la crisis económica, el incremento de actividades delictivas, el desempleo y los abusos contra la mano de obra migrante, fueron algunas de las causas de que durante el año pasado aumentara a 123 el número de quejas diarias, contra instituciones públicas y funcionarios que violan los principios humanitarios.

Al presentar su informe de actividades 2009 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado miércoles 27 de enero, el ombudsman sostuvo que las instituciones con mayor número de quejas son la Secretaría de la Defensa Nacional, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Y subrayó que hay algunas autoridades, como las de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se niegan a aceptar las recomendaciones para que se respeten los Derechos Humanos.

“Por ello es que considero oportuno fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de reformas legales necesarias, para que aquellos funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones o que no cumplan con las mismas, cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, o bien, de la Cámara de Diputados, y puedan fundar y motivar sus acciones u omisiones y en su caso, se les puedan fincar las responsabilidades correspondientes por la omisión en respetar los derechos humanos”.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, inició su gestión el 16 de noviembre del 2009 por lo cual aclaró que las tareas realizadas durante el año pasado corresponden sustancialmente a la administración anterior.

Comentó que las coyunturas que en distintos órdenes afectaron la vida en México durante el año 2009 generaron un ambiente adverso al desarrollo humano, económico y social. La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global, incrementaron la actividad delictiva.

Agregó que proliferaron los secuestros, robos, atentados contra migrantes, abusos contra los grupos más vulnerables, así como la imposibilidad real de disponer de recursos suficientes para enfrentar los principales reclamos sociales por parte del Estado, generaron un sinnúmero de situaciones críticas en el país, que disparó el número de quejas contra instituciones y funcionarios públicos por violentar los derechos humanos.

“En el 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofreció más de 45 mil servicios, entre los que se encuentran orientación a los quejosos, remisión a las autoridades y revisión de solicitudes en materia de transparencia. Lo anterior, significó más de 123 acciones por día y se atendieron 7 mil 713 expedientes de queja”.

Las autoridades que más quejas ante la CNDH tuvieron por hechos en los que presuntamente cometieron violación a los derechos humanos fueron, en primer lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Procuraduría General de la República. De igual manera, se emitieron 78 recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.

“Debo hacer mención que las autoridades que no aceptaron algunas de estas recomendaciones fueron las siguientes. Los titulares de los Poderes Ejecutivo de los estados de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca; así mismo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal. De igual manera los titulares de los ayuntamientos de Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero; y Tijuana, Baja California.

Por otra parte, los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el procurador general del la República; el director general de Petróleos Mexicanos; el comisionado del Instituto Nacional de Migración; los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; y del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como el Congreso de Sinaloa”.

Dijo que con la finalidad de promover una cultura de respeto a los derechos humanos se llevaron a cabo 978 acciones de capacitación, en las cuales participaron más de 43 mil servidores públicos. Adicionalmente se realizaron 182 actividades con organizaciones sociales, con una participación de más de 6 mil 600 personas.

Cabe señalar que como resultado de este acercamiento se firmaron 110 convenios de colaboración en la materia, con universidades, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y autoridades.

SECUESTRO DE MIGRANTES

Detalló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe especial sobre secuestro de migrantes. Miren ustedes, el adverso entorno económico fomentó de manera importante la salida de mano de obra de las zonas más marginadas del país.

“Durante 2009 fuimos testigos de cómo muchos hombres, mujeres y niños, paisanos nuestros, emprendieron un camino hacia Estados Unidos de América, en la mayoría de las veces bajo condiciones inhumanas y generalmente, expuestos a los abusos de las autoridades de ambos lados de la frontera; o bien, siendo víctimas del delito ante redes de delincuentes que amparados en la impunidad han encontrado en el tráfico de personas una forma de vida”.

Lamentó que a muerte, el abuso o la desintegración familiar sean el costo por conseguir empleo.

Y dejó en claro que en su publicación la CNDH que existe ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes, así como ineficacia de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño, en lo que además debe quedar expresada una garantía de no repetición.

El ombudsman convocó a la celebración de unas jornadas nacionales para discutir de manera democrática, tolerante, exhaustiva e incluyente todas aquellas vías para hacer realidad tangible los principios de libertad, independencia, justicia e igualdad a los que aspiramos y tenemos derecho todos los mexicanos por igual, sin distingo alguno, en las que participen todos los actores políticos y sociales con un gran sentido ético, con un gran compromiso y con una gran tolerancia.

“En ese mismo sentido, es importante trabajar en una Carta de Deberes de las Personas que clarifique los deberes y responsabilidades que tenemos todos. Estoy consciente de que en un país como el nuestro, con enormes carencias sociales y económicas, así como con una profunda y ancestral desigualdad, podría parecer paradójico, incluso ofensivo, solicitar a los grupos vulnerables y a quienes en su conjunto han padecido la inacción o incluso el abuso gubernamental, el cumplimiento de sus deberes”.

Pero consideró que superar el problema de la impunidad es uno de los grandes retos para los próximos años. Esta problemática desalienta la labor de las autoridades y genera una percepción negativa en los ciudadanos.