Por Carlos Guillén Soriano,

Secretario de Prensa del SUTIN y

Colaborador de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

La larga crisis que atraviesan muchas instituciones educativas en el país ha llegado a extremos. Los trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán recibieron su último pago en octubre y se les ha informado que no hay recursos para pagar noviembre y diciembre. A su vez, la Universidad Michoacana suspendió el pago de la primera quincena de noviembre a sus trabajadores administrativos y académicos. Cabe mencionar que, desde hace varios años, esta universidad trabaja con un déficit de 1000 millones de pesos.

El Rector Medardo Serna ha dicho que el déficit de la Universidad Michoacana se debe al pago del régimen de pensiones y jubilaciones que realiza la universidad. La no entrega de su quincena a los trabajadores administrativos y académicos es una forma de presionar para aceptar que se reforme tal régimen.

Hace unos días el propio rector de la Universidad Michoacana, así como los de las universidades de Oaxaca, Nayarit y Morelos, demandaron públicamente apoyo del gobierno federal para cubrir pagos a sus trabajadores administrativos y académicos. Otros casos, como la Universidad de Zacatecas, son conocidos por añejos déficits que no solo les impiden pagar puntualmente al personal a su servicio, sino cumplir con las tareas educativas, de investigación y cultura que por ley tienen asignadas.

En realidad, todas las instituciones públicas de educación, investigación y cultura padecen hace tiempo insuficiencia presupuestal, a pesar de la importancia para el país de las labores que desarrollan en la formación de la juventud y en la búsqueda en el terreno de la investigación, de soluciones a los problemas nacionales y preservación de la identidad nacional.

Mientras las instituciones que forman a la juventud, generan, transmiten y preservan el conocimiento, sufren escasez de recursos, los órganos dedicados a lo electoral y a la seguridad, reciben cantidades escandalosas sin ser siquiera capaces de realizar adecuadamente las funciones para las que fueron creadas. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, que ignoró las propuestas y peticiones presentadas por los sindicatos, es una prueba fehaciente del desinterés gubernamental en la educación, la investigación y la cultura.

Pero las agresiones no se quedan en lo presupuestal. Si a los trabajadores en general se les afecta permanentemente con la contención salarial y la precarización del empleo, a los de estas instituciones se les escatima derechos fundamentales, como los de seguridad social, contratación colectiva y huelga.

En muchas instituciones se niega a los trabajadores incluso el derecho a la organización sindical usando como pretexto su formación académica. Se usa el sistema de estímulos para mantener deprimidos los salarios y favorecer la competencia entre trabajadores, además de mantener congeladas las contrataciones y a los sindicatos al margen de éstas, cuando llega a ocurrir en el terreno académico. Desde hace tiempo, mediante argucias legales como la declaración de huelgas de puertas abiertas o más recientemente las de improcedencia de huelga y archivo de expedientes, se trata de limitar o eliminar la lucha de estos trabajadores, que no solo defienden sus derechos laborales, sino la materia de trabajo y a sus propias instituciones. Así ha ocurrido en casos como el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, la Universidad Michoacana, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y apenas hace unos días, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, a cuyo sindicato de investigadores se le niega el ejercicio del derecho de huelga.

Cuando pese a todo, los trabajadores no desisten de la lucha, se recurre a la manipulación de registros y tomas de nota, al despido e incluso a la represión física. Sería largo enumerar los casos en los que esto ha ocurrido, pero solo como muestra están los casos de Querétaro, Oaxaca y Michoacán, así como el trato al magisterio democrático en la enseñanza básica.

En el Encuentro Nacional de dirigentes sindicales, campesinos y de la sociedad civil, en el 18° Congreso Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores y la asamblea nacional del Frente Amplio Social y Unitario, realizados los días 5, 7 y 8 de diciembre, se planteó la grave situación que atraviesa el sistema educativo, de investigación y cultura nacional y se d emandó de las autoridades de todo nivel la inmediata rectificación de estas acciones y el pleno reconocimiento de los derechos de todos los trabajadores mexicanos.

A los gobiernos y administraciones de las instituciones se ha pedido que se establezca un diálogo real con las organizaciones de trabajadores del conocimiento, con respeto y atención a la problemática que afecta a los trabajadores y a su labor educativa, de investigación y desarrollo y cultural.

Todos los trabajadores debemos apoyar a los trabajadores universitarios, de investigación y cultura, en su lucha en defensa de sus derechos y materia de trabajo. Las demandas que hoy plantean, son de todos y la unidad es el camino para la victoria.