Condena del Tribunal Internacional de Libertad Sindical

EL GOBIERNO MEXICANO VIOLA DERECHOS SINDICALES

Por Regina Vargas

El Tribunal Internacional de Libertad Sindical dió a conocer el sábado 1 de mayo del 2010, los resolutivos respecto a las más de 20 acusaciones de diversas  organizaciones sindicales y sociales, sobre violaciones a los derechos laborales de trabajadores, por parte del gobierno de Felipe Calderón. El dictamen es en contra del gobierno mexicano.

Ello, por su sistemática violación a la libertad sindical, al derecho de huelga, a su imposición de otorgar toma de nota para reconocer la legitimidad de los sindicatos, pese a que los trabajadores ya dieron su visto bueno.

Al final del acto conmemorativo de "El Día del Trabajo", en el centenario de la Revolución Mexicana, representantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical dieron a conocer su informe. La licenciada Estela Ríos, quien tambien es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, dijo que la declaración fundamental es que encontraron fundadas todas las denuncias y se comprobó la sistemática violación a los convenios internacionales en materia de trabajo.

"También se ha violentado reitaradamente el artículo 123 constitucional en la garantía para coaligarse, porque en México es casi imposible que organizarse sindicalmente. El reclamo al Estado Mexicano es que frenen sus violaciones a los derechos humanos laborales...el derecho de libertad sindical está instituído a nivel internacional...el documento de las conclusiones del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, es una fuerza ética y moral que califica los actos violatorios de la libertad sindical, pero no sólo se queda en eso sino que pedirá la solidaridad internacional para apoyar a los sindicatos que se están quejando".

Antes del Día del Trabajo, en la sesión pública en el Antiguo Palacio de Medicina, el pasado 29 de abril del 2010, diversos movimientos presentaron o actualizaron sus denuncias, que sirvieron como sustento para la elaboración del Fallo Definitivo del Tribunal en torno al estado que guarda la libertad sindical en México.

Para exponer las violaciones que realiza el gobierno de Felipe Calderón se presentó Carlos de Buen, con el conflicto minero; Martín Esparza, quien detalló las violaciones laborales de los 44 mil trabajadores electricistas; la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), Sec. 9 de SNTE-CNTE, Sindicato de la Universidad de Puebla, Call Center Atento (STRM) -que da el servicio de llamadas para comercialización de Teléfonos de México, Trabajadores de Gasolinerías STRACC, Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí y trabajadores del Instituto Federal Electoral.

Y con esta nueva reunión, concluirá un largo proceso de análisis, que comenzó en octubre pasado, de los casos de sindicatos y grupos de trabajadores que han visto coartada su libertad de asociación, a pesar de que ésta está garantizada por las leyes mexicanas. El principal acusado es el gobierno mexicano que, de manera reiterada y en complicidad con los empresarios, atenta contra los derechos laborales de millones.

En conferencia de prensa, especialistas de México y de otros países, como el historiador estadounidense James Cockroft, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, el padre Miguel Concha, entre una veintena de organizaciones civiles, jurídicas, académicas y sindicales analizaron los casos ya citados y concluyen que el gobierno de México, al igual que en otros países latinoamericanos violan sistemáticamente los derechos laborales y humanos de sus trabajadores.

Previamente, los integrantes del Tribunal Internacional acudieron a tomar conocimiento de las condiciones en que se encuentran los trabajadores del SME en huelga de hambre en el Zócalo capitalino.

El tribunal consideró que el secretario del trabajo, Javier Lozano ha incurrido en diversas violaciones a la ley y en asumir una actuación parcial en asuntos como: el derecho de asociación y contratación colectiva, así como de huelga, en lo que se refiere a la toma de nota a sindicatos, despidos injustificados, así como presión sicológica y uso de violencia física.

Horacio Meguira, de Argentina, manifestó que este tribunal no es hechizo, cuenta con fuerza moral, para poder analizar las violaciones fragrantes que se comenten en el estado mexicano a nivel sindical. El derecho de asociación, el sistema mexicano es incompatible con los sistemas de jurisprudencia de la OIT, dado que un sindicato tiene reconocimiento a partir de que se constituye, no desde que empieza haber un reconocimiento por parte del gobierno.

La toma de nota que tienen el estado mexicano, dijo, es una manera de intervención de las entidades estatales, eso viola el convenio 87 cuando habla de organización libre y democrática y señala que el estado no puede tener injerencia en la vida de los sindicatos.

Por su parte, el obispo de Saltillo, Raúl Vera Sesión Pública del Tribunal Internacional de Libertad Sindical comentó que es urgente lograr respeto a los derechos laborales o cambiar la estructura gobernante en México.

Las y los trabajadores tienen la obligación de unirse para exigir y lograr el respeto de sus derechos laborales y sociales, pero de no lograrlo deben cambiar la estructura gobernante en México, porque ya no tienen para donde hacerse, afirmó Vera, al inaugurar la Sesión Pública del Tribunal Internacional de Libertad Sindical.

Agradeció a los trabajadores de LYFC en resistencia, mineros, y a todos aquellos que defienden un sindicalismo democrático; a aquellas miles de personas que no cuentan con trabajo y se mantienen por la vía honrada para sobrevivir; a los miles de migrantes centroamericanos que han sido extorsionados, a estudiantes, padres de familia y mujeres por mantenerse en pie ante un sistema que es esclavista y que no hace más que beneficiar a los banqueros y gobernantes.

Por su parte, el coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Héctor de la Cueva, condenó al gobierno mexicano por su sistemática violación de laborales y de organización de millones de trabajadoras y trabajadores que son despedidos, hostigados física y jurídicamente, y hasta agredidos físicamente por tratar de organizarse