CONDENAN A LA POLÍTICA LABORAL DE CALDERÓN
*Acusa de Traición del Estado Mexicano al Entregar el Territorio y Pueblo a las Manos del Capital TrasnacionalPor Martín Esparza Flores
Conductor de Frecuencia Laboral
y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
El presidente mexicano, Felipe Calderón, debe ser juzgado en tribunales internacionales ante el saldo sangriento que ha dejado la guerra, con crímenes, desapariciones, feminicidios, migración y desplazamiento forzado y por su política antilaboral que dejó un saldo de más de 2 millones y medio de mexicanos en el desempleo y el empobrecimiento de la población, demandaron miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) está integrado por cerca de 130 miembros, de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos. En el capítulo México se integraron representantes de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que compararon a Felipe Calderón con el dictador chileno Augusto Pinochet.
"Denunciamos y condenamos la traición del Estado mexicano al entregar nuestro territorio y nuestro pueblo a las manos del capital trasnacional por medio de su aparato legislativo, ejecutivo y judicial, así como su política de terrorismo de Estado, en complicidad con los organismos internacionales que se dicen defensores de los derechos humanos y promotores de desarrollo. Repudiamos, así, el estado actual de neocolonialismo que padecemos en contra de nuestra voluntad, mismo que nos somete a la sobreexplotación, despojo y destrucción permanente e irreversible de nuestros territorios y bienes comunes, así como al abuso y represión que mantienen al país en una dinámica de aniquilamiento de nuestras personas, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras culturas, nuestros horizontes y nuestra esperanza".
En la Audiencia Laboral, los representantes de trabajadores acusaron al Gobierno Mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) por desarrollar una política violatoria a los mínimos derechos humanos y laborales de los mexicanos y lo juzgaron por ser el promotor de la violencia, exclusión, pobreza, marginación, desigualdad, desempleo, etc., dejando al país en un estado deplorable.
Asimismo acordaron:
a) Impulsar una campaña internacional para la ratificación y cumplimiento de los Convenios de la OIT.
b) Fortalecer la agenda social de los Trabajadores en México.
c) Fortalecer el dialogo con organizaciones internacionales.
Será hasta el 2014 cuando se cierre dicho apartado, el cual pretende compilar en un documento lo que ha ocurrido en México en los últimos 30 años para generar una sentencia que permita exigir a los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, acciones para alcanzar un verdadero cambio.
En su audiencia “violencia contra las y los trabajadores” se presentaron casos sobre violaciones a los derechos humanos y laborales por parte de empresarios y gobernantes. La exposición de los casos confirmó como verdadera la sentencia preliminar del TPP surgida de la Audiencia General Introductoria que se llevó a cabo en Cd. Juárez Chihuahua: en México se desarrolla un Terrorismo de Estado en contra de los trabajadores y el pueblo en general.
Resultan en consecuencia trascendentes las recomendaciones que el TPP hace al gobierno de Calderón, entre ellas: garantizar la existencia de los sindicatos independientes y democráticos, como el SME; establecer procesos de elecciones sindicales libres; reformar la operación de las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje; modificar el marco regulador de los contratos colectivos de trabajo, y garantizar el derecho de los trabajadores a disponer de una copia de su contrato colectivo.
Como se observa, el TPP, como otros organismos internacionales, también reprueba y sanciona los atropellos laborales de Felipe Calderón y sus funcionarios. Excesos que serán denunciados ante la opinión pública internacional por la gravedad que implican a la violación de los derechos fundamentales del pueblo de México.
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