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El Sindicato Mexicano de Electricistas entregó queja en la Comisión de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano

Durante tres años y siete meses hemos dado una dura batalla legal por el restablecimiento de nuestros derechos humanos y laborales. En todo este tiempo hemos conocido de las infames artimañas del poder para desviar, dilatar y negar el acceso a la justicia en nuestro país. De hecho, el Estado mexicano tiene el mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos de toda América. Se lo ha ganado a pulso pese a sus costosos esfuerzos por hacerse pasar por un estado democrático.

Quienes nos critican porque salimos del país a demandar justicia omiten el hecho de que el Estado mexicano ha suscrito importantes convenios internacionales en materia de derechos humanos que ahora está obligado a cumplir y se niegan a reconocer la existencia de mecanismos internacionales de seguimiento al respeto, defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo.

Acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a demandar la justicia que en nuestro país se ha negado en forma sistemática y permanente.

En octubre del 2009 Felipe Calderón Hinojosa en un acto unilateral y arbitrario, luego dehaber tomado militarmente las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ordeno su extinción a través de un decreto presidencial, dejando en el desempleo a miles de trabajadores electricistas miembros del SME.

Luego de una ardua batalla de casi tres años, el 13 de septiembre del 2012 el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, otorgó al SME un amparo que concedía la reinstalación de los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del patrón sustituto. El amparo del Poder Judicial daba solución al conflicto derivado de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro restableciendo los derechos de miles de trabajadores electricistas. El 30 de enero del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en forma por demás arbitraria y aberrante, se encargó de revocar este amparo, dejando a miles de trabajadores y sus familias en la completa indefensión jurídica en nuestro país.

La justicia en nuestro país no existe, se encuentra secuestrada por los intereses políticos y económicos de quienes ostentan el poder y utilizan el aparato del Estado para legalizar lo ilegal, haciendo posibles violaciones de todo tipo encontra del pueblo y los trabajadores.

Por acuerdo de la Asamblea General del 4 de Febrero del 2013, el SME decidió desconocer el ilegal fallo de la Corte e interponer una queja en la CIDH. En esta queja hacemos responsables de la flagrante violación a nuestros derechos humanos al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Trabajo, Energía, Economía y Hacienda durante la gestión calderonista, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Comisión Federal de Electricidad. Quienes violaron los siguientes derechos:

Derecho al trabajo. El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro eliminó nuestro derecho al trabajo y con ello la oportunidad de obtener a través de nuestras capacidades los medios para una vida digna.
La estabilidad laboral. El decreto de extinción de LyFCsignifico también la perdida de la estabilidad laboral, pues a partir de este los trabajadores nos vemos condenados a vagar entre trabajo informal, carente deprestaciones y derechos fundamentales.
La seguridad social. En el momento del decreto de extinción LyFC contaba con 22,000 jubilados, quienes han dejado de recibir susingresos con apego al Contrato Colectivo de Trabajo, condenando al mismo tiempo a los trabajadores a no obtener el derecho a una jubilación.
La salud. El derecho a la salud, entendido como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social, ha sido negado constantemente a los trabajadores del SME.
A las garantías judiciales. La inexistencia de un debido proceso en la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el hecho de que el gobierno mexicano sea juez y parte dentro del proceso, ha originado una serie de ilegalidades en el acceso a la justicia con apego a las leyes nacionales e internacionales.
A la libertad de asociación. El decreto de extinción en última instancia más allá de buscar la eliminación de una empresa “costosa” o“ineficiente”, como argumentó en su momento Felipe Calderón, buscaba la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En su guerra de exterminio en contra del SME el gobierno de Felipe Calderón no sólo violó la propia Constitución mexicana y la Ley Federal de Trabajo, sino que atentó en contra de tratados internacionales como son: los protocolos a la Carta de Organizaciones de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana de los DerechosHumanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.

Por lo anterior, a través de nuestra queja en la CIDH solicitamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como medidas de reparación integral, a los daños ocasionados por la violación de nuestros derechos humanos y laborales:

Se reponga a los trabajadores del SME en su empleo, asignándoles funciones iguales o análogas a las que desempeñaban.
Sean entregadas a los trabajadores las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento del cese hasta su efectiva reposición, en base al Contrato Colectivo de Trabajo entre el SME y LyFC.
Reconocer el derecho a percibir la cuota de jubilación de los afectados en términos del Contrato Colectivo deTrabajo.
Reconocer como tiempo de servicio, los años en que los estuvieron cesados debido al despido injustificado, y que este a su vez forme parte de la antigüedad laboral del trabajador.
Reconocer los derechos jubilatorios y de aquellas trabajadores, durante estos tres años y medio adquirieron los derechos de jubilación, en términos del Contrato Colectivo de Trabajo.
Que el gobierno mexicano realice un desagravio público por los daños ocasionados a miles de trabajadores.
Que se abone a los trabajadores un pago en reparación de daños morales causados desde el día del despido injustificado.
Abonar a los trabajadores los gastos y costos que se originaron con motivo de la defensa legal por el despido injustificado.

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