La iniciativa para crear el Instituto de Salud para el Bienestar

PROPONE USAR LOS RECURSOS QUE APORTAN LOS TRABAJADORES PARA EL IMSS E ISSSTE

*En la iniciativa confunden el derecho a la salud con el derecho a la seguridad social.

*Podría abrirse paso a una privatización parcial de los Institutos Nacionales de Salud.

*¿Salud para toda la población a costa de la seguridad social de los trabajadores?

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

En abril de 2019 se anunció la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, a fin de sustituir al llamado seguro popular, pero señala que los Institutos Nacionales de Salud podrán celebrar contratos con personas morales de carácter nacional e internacional, público o privado a fin de que les proporcionen los servicios médicos y otros, relacionados con su objeto, a cambio de una contraprestación, lo que puede abrir el paso a una privatización parcial de estos institutos.

Pero además, esa iniciativa propone unificar los servicios médicos de las instituciones de salud pública que el gobierno federal tiene obligación de sustentar económicamente, con los que brindan los organismos de seguridad social cuyo financiamiento lo soportan principalmente los trabajadores, con la aportación de una parte de su salario, para tener acceso a otros derechos adicionales a los sanitarios, como son las pensiones por incapacidad para el trabajo por maternidad, por enfermedad o riesgo de trabajo, a la vivienda, la cultura, el deporte, la recreación, educación para el trabajo, entre otros.

La iniciativa confunde el derecho a la salud con el derecho a la seguridad social y los trata como si fueran la misma cosa, pese a que uno previene y combate la enfermedad, mientras que el segundo previene, combate la pobreza y eleva el nivel de vida de los trabajadores.

Por tanto, no hay garantía de que con los cambios propuestos, por el coordinador de la bancada legislativa de MORENA, las instituciones de seguridad social, que abarcan muchas otras actividades, además de la prestación de servicios de salud, tengan las condiciones adecuadas para cumplir con lo que las leyes, aún con reformas y todo, les asignan en materia de salud, previsiones para los casos de riesgos del trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prestaciones sociales, vivienda, capacitación y recreación.

Como en otros casos, los cambios a la legislación vigente, los análisis vertidos en las exposiciones de motivos y las buenas intenciones que motivan estos cambios, son insuficientes si no se garantizan los recursos suficientes.

Habrá que seguir con atención la evolución de la presente iniciativa. No hay que olvidar que reformas anteriores, que se anunciaron como benéficas para la población terminaron en verdaderas agresiones al presente y futuro de los trabajadores, como la transferencia de los recursos para el futuro de los trabajadores a los banqueros. Es positivo que se brinde salud a toda la población, pero se debe evitar cualquier pretensión de hacerlo a costa de un mayor deterioro a las instituciones de seguridad social, el IMSS y el ISSSTE, que ya bastante han sido agredidas por un neoliberalismo que difícilmente se puede considerar cosa del pasado.

En la Cámara de Diputados se presentó el pasado mes de julio la iniciativa correspondiente, misma que plantea la modificación de la Ley General de Salud, así como la Ley de Coordinación Fiscal y la de los Institutos Nacionales de Salud y entre el 7 y 9 de agosto de 2019 se realizaron audiencias públicas de Parlamento Abierto para, según se dijo, enriquecer la iniciativa, pero no fueron invitados representantes de los trabajadores para exponer sus puntos de vista.

La iniciativa, firmada por el Diputado Mario Delgado, es una más de las 90 iniciativas que ha recibido la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, de las cuales solo 2 han sido aprobadas y 70 permanecen como pendientes. No obstante, la importancia que le ha dado el titular del ejecutivo, indica que su aprobación es una prioridad para el gobierno.

En 2004 se creó el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, como un sistema de financiamiento más que un modelo de atención a la salud, según la exposición de motivos de la actual iniciativa, a fin de proporcionar atención médica a la población carente de seguridad social, que es más de la mitad de la población.

Esta carencia ocurre, a pesar de que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. No obstante, apenas poco más de 13 millones de mexicanos son atendidos en el ISSSTE y el IMSS reporta una atención a 60 millones, de los cuales 12 millones están en IMSS Bienestar, que cubre a población sin capacidad contributiva, de extrema pobreza y profunda marginación, sin que aporten una cuota.

La iniciativa presentada pretende establecer los mecanismos para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados a personas carentes de seguridad social, constituir el Fondo para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, crear el Instituto de Salud para el Bienestar; instaurar un Compendio Nacional de Insumos para la Salud y precisar las bases de los contratos que los Institutos Nacionales de Salud podrán celebrar con personas morales para proporcionar servicios médicos y otros relacionados.

Se señala que el Seguro Popular se constituyó como un esquema de financiamiento tripartito, con una aportación del gobierno federal, una aportación de cada entidad federativa y, por último, la de las familias beneficiarias, y separó las funciones financiamiento, de las relativas a la adquisición de servicios y la prestación de servicios de salud.

Congruentemente con otras acciones impulsadas por el actual gobierno, se plantea la eliminación de todo tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud y medicamentos que reciban los beneficiarios de los servicios de salud, a diferencia de lo que dice la ley vigente. Esto implica, como lo plantea la iniciativa, que los costos sean asumidos por los gobiernos federal y de los estados, lo que queda establecido al señalar que el gobierno federal destinará anualmente los recursos para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados, en un monto que no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato.

Las actividades relativas a la adquisición de servicios y prestación de servicios de salud, según la ley vigente serían ejercidas por agentes públicos y privados según la elección de la persona beneficiarla o “asegurada” por dicho régimen. Es decir, se encaminó a crear un mercado de salud garantizado mediante financiamiento público, mientras que restringió la actividad del Estado a la regulación del sistema y a la prestación de servicios de salud pública.

Con la creación del Seguro Popular se buscaba promover el aumento de prestadores privados de servicios de salud, pero el resultado es que los principales prestadores de servicios a los afiliados al Seguro Popular son los Servicios Estatales de Salud y los servicios de alta especialidad son brindados por diversos organismos descentralizados de la administración pública federal sectorizados a la Secretaría de Salud, es decir, siguen siendo del sector público.

El incremento de población atendida por las instituciones públicas de salud, sin embargo, no ha implicado un incremento de su infraestructura física, no hay mantenimiento a la infraestructura existente, ni se han contratado los recursos humanos necesarios, a pesar del crecimiento de la población que atienden. En consecuencia, los afiliados al Seguro Popular no tienen acceso a una atención oportuna y de calidad y no que todas las personas tienen acceso efectivo a los servicios de salud que necesitan. Es decir, el citado Seguro Popular no garantiza el acceso universal y oportuno a los servicios de salud requeridos por la población que carece de seguridad social.

Lo que sí ha ocurrido es que las instituciones públicas de salud se encuentran rebasadas por la creciente demanda, lo que se profundiza por el incumplimiento gubernamental en el pago por el incremento de población que se debe atender, según han denunciado diversas organizaciones.

Se señala que el Seguro Popular opera con altos costos debido, entre otros factores, a una costosa estructura burocrática a nivel federal, que consume recursos que podrían utilizarse para la atención a la salud en lugar de destinarlos a la burocracia.

La iniciativa se propone la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que tendrá entre sus objetivos –se dice en el articulado propuesto- proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados a la población carente de seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Se proponen como atribuciones del Instituto de Salud para el Bienestar:

Prestar de manera gratuita servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos asociados, insumos y demás elementos necesarios a la población carente de seguridad social, de conformidad con los instrumentos jurídicos que al efecto suscriba con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud; Celebrar y proponer convenios y demás instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración con las instituciones de salud públicas, entidades federativas y municipios, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

Proponer, a nivel federal y local, las reformas legales y demás adecuaciones normativas que resulten necesarias en materia de prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados; Impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud, la implantación de redes integradas de servicios de salud en las que participen todas las instituciones públicas de salud, federales o locales, que confluyan en una zona, a fin de garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados, así como la continuidad de la misma.

Por otro lado, la iniciativa propone la integración de un Compendio Nacional de Insumos para la Salud, elaborado por el Consejo de Salubridad General, al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en el que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud.

En cuanto a los Institutos Nacionales de Salud, la iniciativa propone que puedan celebrar contratos con personas morales de carácter nacional e internacional, público o privado a fin de que les proporcionen los servicios médicos y otros, relacionados con su objeto que convengan, a cambio de una contraprestación, lo que puede abrir el paso a una privatización parcial de estos institutos, si bien se establece que los recursos así obtenidos no serán tomados en consideración para determinar las asignaciones presupuestarias que les correspondan y, en consecuencia, no podrán ser considerados como ingresos excedentes, como ocurre actualmente con centros de investigación.

guillen.s.carlos@gmail.com