PÁGINA SOLIDARIA

En Solidaridad Publicamos Textualmente:

La agresión permanente a los derechos sociales

de la clase obrera mexicana

Doctor en Economía, Miguel Ángel Lara Sánchez,

Profesor de la FES Aragón/UNAM,

sindicalista y miembro de la Confederación de Jubilados, Pensionados

y Adultos Mayores de la República Mexicana, A.C.

y de la Nueva Central de Trabajadores.

Las llamadas prestaciones sociales en México son en realidad una parte del salario de la clase obrera. Es la fracción del salario que socialmente se distribuye por el gobierno federal y que ha sido conquistada a través de las luchas del proletariado urbano y el rural, principalmente, desde que concluyó la revolución mexicana hasta fines del siglo XX.

Comprende grandes áreas tales como el gasto gubernamental en salud, educación, vivienda, transporte, cultura, seguridad y recreación, por citar las más relevantes y cubren prácticamente desde el alumbramiento hasta la muerte del trabajador. Las fuentes de financiamiento del valor global de esta fracción social del salario, poniendo el ejemplo de las aportaciones al IMSS, provienen del salario mismo de la clase obrera y de las clases trabajadoras en general: el descuento directo del 1.125% del salario del trabajador, el 5.15% que aparentemente aporta el patrón, pero que en realidad lo toma del salario y el 0.225% que supuestamente proporciona el Estado, pero que proviene de la recaudación tributaria.

Esta última es la que suministra por lo general los medios económicos que en el presupuesto de cada año van destinados a la parte social del salario arriba referida.

La lucha de los pueblos en las dos guerras mundiales del siglo XX así como el hundimiento del colonialismo y la extensión de las revoluciones socialistas hasta 1976 abrieron una época en que esta fracción social del salario creció de manera significativa e incluso tipificó al Estado del bienestar para evitar más desprendimientos revolucionarios. Igualmente coincidió con el auge del fordismo como la principal forma de producción de extracción de plusvalía relativa hasta su agotamiento, en la década de los años 1970 y particularmente en la crisis general del capitalismo de esos años.

En adelante la política neoliberal se fue imponiendo en la mayoría de los países capitalistas y con ella se abrió un período histórico de continua reducción del valor de la fuerza de trabajo y sobre todo del salario, tanto en su asignación individual como a escala social.

Para el caso de nuestro país, fue a partir de 1997 (y más tarde, en 2007 en el caso del ISSSTE), que la oligarquía comenzó la drástica reducción de la parte social del salario con la creación del sistema de cuentas individuales para el retiro en los nuevos trabajadores que se incorporaban a las filas del IMSS y administradas directamente por el capital bancario y financiero a través de las SIEFORE.

Le siguieron en 2012 un conjunto de modificaciones con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre las cuales destacan la flexibilización de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento, la afirmación de la subcontratación, los contratos de primer empleo, el rompimiento de la jornada de 8 horas y el establecimiento de la jornada por horas, por citar algunas, que lo mismo afectaban el salario nominal, que la fracción social del salario.

Inmediatamente después sobrevino la reforma hacendaria, que también arrancó otros fragmentos del salario del trabajador al gravar prestaciones que antes estaban exentas y al aumentar el impuesto al consumo final.

En materia de educación, la política que siguió la oligarquía consistió en la privatización gradual de la educación a todos los niveles mediante el estancamiento en la construcción de nuevos planteles de educación pública y el aliento de la educación privada.

Hoy, por ejemplo, de 136 mil aspirantes a la licenciatura en la UNAM registrados en la primera ronda, únicamente se quedó el 8.9%. Además, bajo el pretexto de la creación de la Secretaría de Cultura, la degradación en la calidad de la educación ha llegado a situar a centros de enseñanza fundamentales bajo entidades de gobierno de segundo orden. De ser coordinados directamente por la SEP, ahora instituciones como el IPN, la UPN o la UNADM pasarán a cargo de una subsecretaría, lo cual lleva como propósito la degradación de la educación y con ello el abaratamiento de la fuerza de trabajo calificada.

Asimismo, el Sistema de Evaluación, además de haber sido proyectado como un medio político para acabar con la fuerza de los maestros democráticos agrupados en la CNTE, va acompañado de un conjunto de reducciones en esa fracción del salario llamada prestaciones. Es una escalada de precarización que comprende todos los niveles de la docencia en nuestro país.

Por lo que se refiere a la parte social del salario dedicada a la cultura, el esparcimiento y la convivencia familiar de los obreros, desde las modificaciones a la Ley del Seguro Social de 1997 comenzó la privatización de numerosos segmentos tales como los centros vacacionales. Fuera de dicha ley también se privatizaron salas de arte cinematográfico, espectáculos en los parques públicos, se comenzó a mercantilizar el acceso a museos y hasta en monumentos históricos. Y todo lo que se privatiza disminuye el salario real del obrero.

Por su importancia, nos detendremos en el reciente proceso de desmantelamiento del sistema mexicano de salud y de pensiones.

Dos son los ejes de la destrucción: el primero, llamado oficialmente “Universalización de los servicios de salud” , recientemente aprobado el 8 de abril del año en curso. Bajo la apariencia de la extensión general de dichos servicios en la primera fase que comprende a los estados de México, Oaxaca y Baja California Sur, se persigue el abaratamiento de esta función social vital y la mayor privatización, pues el esquema únicamente incluye 14 servicios clínicos, entre los cuales se encuentran resonancias magnéticas y cuidados intensivos para todas las edades. Los restantes servicios de alto grado de calificación y por lo tanto, de alto costo, no están comprendidos.

A esto se agrega la subrogación progresiva de otra clase de servicios de importancia vital como la reciente contratación de empresas privadas para servicios de laboratorios de análisis clínicos, los llamados “procedimientos de mínima invasión” tales como ortopedia, cirugía general, bancos de sangre y oftamología, que al año suman la cantidad de 200 mil, que le costarán solamente al IMSS 16.5 miles de millones de pesos (mmdp) durante los próximos tres años.

El complemento de la llamada universalización es el del sistema de pensión universal . Para el año 2014, el IMSS tiene registrados 3.5 millones de trabajadores que están pensionados y junto con los del ISSSTE, suman poco más de 5 millones, que frente al total de adultos mayores que hay en el país, representan apenas el 26%, lo que indica que el 74% se encuentra abandonado a su suerte. La misma fuente nos indica que el gobierno federal desembolsó 2.5 billones de pesos para los fondos de pensiones durante 2015. Una parte de este dinero la mueven las dos instituciones más grandes de seguridad social existentes, pero aproximadamente la mitad la administran las SIEFORE. Para los trabajadores, los rendimientos de sus ahorros en estas instituciones de la gran burguesía financiera apenas reportan el 5% anual, mientras que para estos últimos han llegado a más del 60% en algunos años.

Sin embargo, quieren más. Actualmente la aportación al fondo equivale al 6.5% del salario de los trabajadores, pero con las modificaciones que pretende la oligarquía la quiere llevar al doble o incluso al 15%. ¿Cómo llega a este resultado? Entre otras, con la propuesta de transferir a los fondos de pensiones las aportaciones al INFONAVIT, que representan el 5% del salario del obrero, y presionando para que éstos realicen “ahorros voluntarios” de un 2.5% adicional.

Pero el saqueo no se limita a esto. Desde el año anterior la oligarquía a través de sus voceros en las Cámaras y en el poder ejecutivo abrió su propuesta de rasurar las pensiones de los trabajadores que entraron a laborar antes de las reformas de 1997 bajando el tope de 25 salarios mínimos de pensión a 10, y eliminando el pago con el promedio salarial de los últimos cinco años trabajados.

De imponerse estas propuestas por la oligarquía, la precariedad de la clase obrera mexicana será mucho mayor, pues el mismo Secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reconoce que las pensiones en México están entre las más bajas del mundo, pues apenas equivalen al 30% del salario, aunque la Consar las sitúa más abajo, en el 26%, mientras que el promedio mundial de las pensiones representa el 62% del salario del trabajador. Todavía más: pretenden aumentar el tope máximo de colocación de los fondos de pensiones en la especulación bursátil internacional, que actualmente está limitada a no más del 20%.

Por lo tanto, la gran burguesía lleva adelante una ofensiva en la seguridad social en diferentes planos: saqueando más al trabajador en su vida laboral activa para que aporte un porcentaje mayor de su salario al fondo de pensiones, disminuyendo de manera sustancial la pensión de aquellos que empezaron a cotizar antes de 1997, apropiándose de los fondos de vivienda de todos los trabajadores, aumentando el porcentaje de los fondos de pensiones que pueda ser colocado en la especulación internacional y no menos importante, haciendo trabajar a la clase obrera más años y aumentando la edad para pensionarse. Y todo esto en un país donde los trabajadores son los que menos ingresos perciben de los países de la OCDE y donde los empresarios se colocan entre los que obtienen las tasas de excedente neto más altas de dicha agrupación de países.

Recientemente, el 12 de abril, se terminó de formular otra serie de propuestas de reformas a las leyes laborales por un grupo de funcionarios que, al amparo de problemas reales como la transparencia sindical o los contratos de protección, es muy probable que filtren una serie de modificaciones lesivas a la clase obrera. Por lo pronto, han anunciado normatividades en la estandarización de mecanismos para sistematizar y transparentar la justicia laboral y la transparencia sindical, modificaciones en los emplazamientos a huelga, el registro de los sindicatos, homologación de criterios entre las autoridades del trabajo, nuevas políticas sobre despido y contrataciones en la administración pública, etc., entre otras.

En materia de seguridad las propuestas de reforma que están debatiéndose en las cámaras son regresivas y acentúan el verticalismo y el perfil autoritario del Ejecutivo. Nos referimos a la modificación del Art. 29 de la Constitución, al darle facultades al presidente para decretar el estado de excepción, y la centralización de los cuerpos policiales y de seguridad, aunque se disfracen de mando mixto en vez de único, amén de los contenidos lesivos que plasmen en la creación de las tres leyes secundarias en materia de seguridad.

Mientras tanto, la inseguridad y la vida misma pende de un hilo frente a la escalada de violencia y descomposición social y política que se vive en nuestro país. Es tan evidente, que el propio Secretario de Gobernación ha reconocido públicamente que actualmente existen siete mil niños y jóvenes no localizados, es decir, desaparecidos o sin vida.

Resumiendo, existe una ofensiva de grandes dimensiones por parte de la oligarquía para reducir al mínimo la parte social del salario de las clases trabajadoras, particularmente la de la clase obrera y, ya logrado lo anterior, para apropiarse casi por entero de la administración de los fondos más importantes que conforman esa parte social del salario, conduciéndolos en una porción significativa hacia los canales nacionales e internacionales de la especulación y el fraude.

De la unificación de las luchas tanto de los trabajadores pensionados como de los activos, de los eventuales e informales como de los permanentes, del campo y la ciudad, dependen los grados de afectación al conjunto de las prestaciones sociales, componentes fundamentales del salario de obreros y campesinos.

16 de abril de 2016

Doctor en Economía, Miguel Ángel Lara Sánchez,

Correo: melasa17@gmail.com