Principal problema en la relación con sindicatos durante 2019

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCUMPLEN PAGOS Y ACUERDOS

Carlos Guillén S.

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y

colaborador voluntario de Frecuencia Laboral

publicación original de www.frecuencialaboral.com

A lo largo de 2019, diversas organizaciones de trabajadores del conocimiento protagonizaron luchas por mejores condiciones de vida y trabajo y por fortalecer sus instituciones. Se llegó a acuerdos después de difíciles negociaciones. Al terminar 2019, algunos de estos acuerdos siguen estando sólo en el papel.

Un caso es el del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), organización que de febrero a mayo protagonizó la huelga más larga de su historia y sacó a la luz las condiciones de privilegio de una alta burocracia universitaria, con ingresos salariales superiores a los del presidente de la república, mientras negaba que hubiera recursos para mejorar el salario del personal de base de esa institución.

Los acuerdos firmados para levantar la huelga, incluyeron una mejora salarial que tendría que ser aplicada en el transcurso del año. Cuando la administración de la universidad presentó -hace algunas semanas- la propuesta correspondiente, ésta consistió en una retabulación que implicaría mejoría salarial para 159 trabajadores. Ni siquiera el 5% de los más de 5 mil trabajadores de base de la universidad, cuando el compromiso fue mejorar las condiciones de vida para todos los afiliados al SITUAM.

En vista de que la propuesta no cubría lo pactado, el sindicato la rechazó y el tema se empalma con la revisión correspondiente a 2020, complicando un panorama ya difícil para la misma.

Otro caso es el del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), organización que logró la firma de un contrato colectivo de trabajo, con el que se establecieron condiciones para empezar a recuperar el poder adquisitivo de su salario -que permaneció sin incremento alguno durante casi tres lustros- y que ha luchado constantemente por fortalecer el trabajo de investigación y desarrollo que se realiza en esa institución, cuya sede está en Jiutepec, Morelos.

Incluso la propia junta federal de conciliación y arbitraje, exhortó a la administración del IMTA a gestionar los recursos para que pudiera cumplir con los acuerdos pactados.

El nuevo director general del IMTA, en pláticas con el sindicato, ha afirmado que el contrato colectivo es un documento de buena fe y que, puesto que él no lo firmó, no está obligado a cumplirlo, como si el anterior director lo hubiera firmado a título personal y no en carácter de funcionario, a pesar de que dicho contrato fue depositado ante la autoridad laboral, lo que lo hace obligatorio para las partes, de acuerdo a la legislación vigente.

El panorama se complica con la aprobación del presupuesto de egresos de la federación por la Cámara de Diputados, que, contraviniendo las afirmaciones gubernamentales de que no habría recortes a la investigación científica, disminuyó las transferencias fiscales al IMTA, de 250 a 200 millones de pesos. ¿Será que se busca afectar al centro de investigación responsable de generar conocimiento y tecnología para un adecuado manejo del vital líquido, con el propósito de retomar las intenciones privatizadoras del agua?

Eso parecería indicar, lo dicho por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales al sindicato, en el sentido de que ese instituto no es prioritario para la Secretaría y que incluso a principios de año se estuvo pensando en un posible cierre del instituto ¿Dónde queda lo declarado sobre ciencia, recursos naturales y soberanía, por diversos funcionarios gubernamentales?

El SITIMTA no obstante, insiste en luchar por fortalecer su institución y, además de defender el salario, propone la creación de tres sedes regionales, para atender las necesidades de agua de la población, de acuerdo a las condiciones y características del país.

Similar situación se vive en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) cuyos investigadores están afiliados al Sindicato Independiente de Investigadores del INIFAP.

Este joven sindicato, desde su nacimiento ha luchado no sólo por salarios y prestaciones económicas para sus afiliados sino, de manera destacada, por mejorar las condiciones para la realización del trabajo de investigación y desarrollo en aspectos fundamentales para el país, como lo son los relacionados con la alimentación.

La huelga que durante 48 días realizó este sindicato en el primer trimestre de 2019, tuvo como uno de sus puntos centrales la entrega de recursos para los proyectos de investigación que se realizan en esa institución.

La huelga se levantó con compromisos de otorgar recursos, así como de reparar diversas violaciones al contrato colectivo, relacionadas con despidos y agresiones al sindicato, entro otros puntos.

Como en los casos anteriores, hay aspectos que a fin de año siguen sin cumplirse. Uno es la reactivación de 15 proyectos de investigación. Otro, también relacionado con las actividades sustantivas del instituto, es la firma de los lineamientos para las comisiones mixtas de evaluación y seguimiento a la investigación, con lo que los investigadores buscan acordar de manera bilateral las condiciones para fortalecer la investigación científica.

A pesar de lo firmado y de las promesas de que habría soluciones a desde junio, la administración ha dado largas y se han cambiado arbitrariamente las fechas para dar respuestas. Incluso, la dirección ha planteado la eliminación de diversos estímulos, como el de productividad y se obstaculiza la contratación de personal de investigación, lo que empeora la situación de una institución en la que el 50% de los investigadores está ya en condiciones de jubilación y hay además, 138 investigadores despedidos.

El sindicato emplazó a huelga para el 21 de noviembre y, en una muestra de incapacidad burocrática, la junta de conciliación pidió que se prorrogara por su incapacidad para hacer el papeleo correspondiente, ya que el instituto cuenta con 70 centros de trabajo lo que, dijeron, sobrepasaba su capacidad.

Finalmente, está el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). En marzo pasado se realizó la revisión salarial entre el ININ y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. En el convenio de terminación de la revisión, quedó establecido el compromiso de la administración del ININ, fijando los montos correspondientes, para incrementar los recursos para ingreso de becarios y para la promoción salarial del personal cuyo trabajo se evalúa de acuerdo al reglamento de evaluación del trabajo signado por las partes y para un programa de salida de personal con problemas de salud y edad avanzada, acompañado con la contratación del personal de reemplazo, a fin de no afectar el trabajo de investigación y desarrollo que, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, tiene encomendado el ININ.

Ninguno de estos compromisos, que contaron con la participación y aval de la Secretaría de Energía, se ha cumplido al terminar el año. Esto afecta no solo a los trabajadores y a su organización, sino que incluso contraviene políticas gubernamentales, como la que impulsa la expresión “becarios, no sicarios” en que se ha insistido desde la Presidencia de la República, además de que la preparación de becarios es una tarea establecida por la mencionada ley nuclear.

Cuando se plantea desde la Secretaría de Energía el impulso a las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en salud, medio ambiente e industria y se empieza a retomar la necesidad del uso de la energía nuclear para la generación de electricidad, es claro que instituciones como el ININ deben ser apoyadas. El incumplimiento de acuerdos, va en sentido contrario.

En resumen, el incumplimiento de acuerdos afecta a los trabajadores de cada institución involucrada, pero afecta también a las propias instituciones educativas y de investigación, tan necesarias para el país, si se quiere apostar por la soberanía nacional con justicia. El problema es mayor, si consideramos que no se trata sólo de la UAM, el IMTA, el INIFAP o el ININ, sino de una situación generalizada. Los trabajadores y sus organizaciones seguramente seguirán su lucha sin descanso. Las administraciones y el gobierno, tienen la palabra.

Diciembre de 2019

guillen.s.carlos@gmail.com