EMPLEADOS DE BASE SUFREN UN RETROCESO SALARIAL DRÁSTICO

*A los trabajadores del ININ les Redujeron el Ingreso al Nivel que Tenían hace 12 Años.

Por Carlos Guillén Soriano,

Secretario de Prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la

Industria Nuclear y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Tres semanas antes del término del gobierno de Enrique Peña, trabajadores de varias instituciones públicas vieron disminuídos sus ingresos de manera drástica. En el caso del personal de base del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) la reducción llevó los ingresos del personal sindicalizado siete años atrás, a los tiempos del presidente Felipe Calderón.

Así, de un golpe administrativo, los incrementos salariales logrados durante todo el sexenio que acaba de terminar, fueron anulados sin importar que durante estos años la inflación haya avanzado sin parar y que, a pesar de que los presupuestos a las instituciones públicas de investigación como el ININ, hayan estado congelados durante años, de 2011 a 2017 la producción científica en esta institución, se incrementó en un 59 por ciento, de acuerdo a la base de datos Scopus 2018..

El pretexto para esta agresión, fue la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aparecida en las páginas del Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre y que fue aprobada por la nueva mayoría del poder legislativo a principios de septiembre.

Dicha ley establece que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente de la República y que no se debe hacer ningún pago por concepto de pensiones y otros, si no está respaldado por alguna ley, por un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Es decir, como se anunció desde la campaña presidencial, el espíritu de la ley es acabar con abusos y privilegios de la alta burocracia. Por esta razón, esta ley recibió muestras de apoyo de sectores mayoritarios de la población y encontró rechazo en las primeras líneas de la alta burocracia del estado, lo mismo desde el poder judicial, que desde órganos como el Instituto Nacional Electoral.

A pesar de que la propia ley señala que l a remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo, que en ningún lado se refiere a recortar ingresos de personal de base –muy por debajo de lo que ganará el presidente de la república- y que incluso se reconocen las percepciones establecidas por contratos colectivos o condiciones generales de trabajo, así como las generadas por un trabajo técnico calificado, cuando su desempeño exige preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología, las administraciones del ININ y de otras instituciones, procedieron a aplicar recortes a los ingresos del personal de base.

En el ININ, esto se tradujo en dejar de considerar una percepción como parte del salario integral, modificando las que se calculan a partir de éste, lo que afectó a nueve prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. Por si fuera poco, se recorta el aguinaldo en su totalidad, a pesar de que la ley invocada fue publicada en noviembre y la afectación debiera ser solo por la parte proporcional, en caso de que fuera aplicable.

Mención aparte merecen los tiempos. Según información proporcionada en la Secretaría de Energía, la administración informó al Consejo Directivo del ININ sobre su intención de recortar los ingresos del personal, una semana después de haberlo aplicado y sin avisar al sindicato a pesar de haber tenido oportunidad de hacerlo en reuniones en las que coincidieron la administración y el secretario general del SUTIN.

No se trata el del ININ, del único caso en que se afectan los ingresos de los trabajadores. En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tres días antes del final de funciones del gobierno saliente, se notificó al personal sobre la desaparición de prestaciones que implicaría una reducción salarial de hasta cincuenta por ciento. Esto generó las protestas del personal y en una reunión entre los trabajadores y el Director de ese organismo –lo que no había ocurrido previamente- este funcionario manifestó con insistencia que el camino era que demandaran pues estaban en su derecho. A tres días del término de su gestión, evidentemente el conflicto sería heredado a la nueva administración.

Situaciones similares se dan en el Colegio de Postgraduados, donde en la anterior catorcena los trabajadores administrativos y académicos recibieron ingresos disminuidos, en el Colegio de la Frontera Sur, el Instituto Nacional de Ecología y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, donde se entregó menos vales de despensa y suspendieron prestaciones como cuadro de antigüedad y días económicos, entre otras.

En el contexto del cambio de gobierno, estas medidas aparecen como una provocación para enfrentar a los trabajadores con el gobierno que apenas inicia. De todos modos, en más de un caso no es algo nuevo, ya que desde hace tiempo se ha buscado afectar los contratos colectivos y las condiciones generales de trabajo y pasar por encima de las organizaciones de los trabajadores. Lo novedoso es el uso de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones, cuyo espíritu es acabar con privilegios de la alta burocracia, no afectar a los trabajadores de base.

La salida es el respeto pleno a los derechos de los trabajadores y a sus organizaciones, acabar con los privilegios donde estén y cerrar el paso a acciones que solo pueden favorecer a quienes siempre han estado en contra de los trabajadores y del país. Sobre todo, que haya condiciones que permitan una solución y las vías para construir juntos con el nuevo gobierno, las instituciones de investigación que el país requiere.

cgs.6@hotmail.com