BUSCAN IMPONER LA CONTRATACIÓN POR OUTSOURCING

*Senadores que son Líderes Sindicales Proponen Cambios que Atentan contra los Derechos Humanos Laborales.

*Presentan una iniciativa de reglamentación de los juzgados laborales, que incluye cambios en la Ley Federal del Trabajo que favorece la semi esclavitud laboral.

Por Carlos Guillén Soriano,

Secretario de Prensa del SUTIN y

Colaborador de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Unos días antes del final del periodo ordinario de sesiones dos senadores priistas que se ostentan como líderes sindicales, presentaron una iniciativa de reforma laboral que pretende eliminar cualquier rastro de estabilidad en el empleo, quitando los pocos candados que limitan al tercerismo en la contratación, adiciona obstáculos al ejercicio del derecho de huelga y busca perpetuar el charrismo dejando en sus manos el destino de sindicatos, contratos y conflictos laborales .

Hace un año, se aprobó una reforma constitucional en materia laboral con el objetivo de poner fin al contratismo de protección patronal e implementar nuevos mecanismos para registrar sindicatos y contratos colectivos, así como un nuevo sistema de justicia laboral. Esta reforma, para ser puesta en práctica, requería la parte complementaria, es decir, la reforma a las leyes secundarias que reglamentara lo aprobado hace un año.

Esta parte se estuvo trabajando con total opacidad por las autoridades del trabajo y cuando se acercaba el plazo para aprobar la reforma a las leyes secundarias, los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), respectivamente, presentaron una iniciativa que nada tiene que ver con el objetivo de la reforma constitucional.

En realidad, se trata de una contrarreforma que mete reversa a lo aprobado hace un año.

Es claro que la reforma constitucional laboral aprobada a finales de 2016, no expresa una vocación democrática del gobierno, sino su interés por participar sin trabas en el Tratado Transpacífico (TPP). Al no lograrlo dieron marcha atrás.

La iniciativa que presentaron los senadores priistas el 7 de diciembre de 2017, diseñada por los patrones, pretende acabar con el carácter tutelar del artículo 123 constitucional y volver al semi esclavismo laboral que había en los siglos XIX y XX.

No obstante, el sindicalismo democrático no fue sorprendido. Tanto la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), como otros referentes analizaron la situación y expresaron su rechazo. La UNT acordó hacer mítines en el Senado de la República y en todos los estados, enviar cartas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al sindicalismo internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando lo regresivo de la iniciativa presentada.

El jueves 14 de diciembre del 2017 se realizó una muy amplia jornada nacional de protesta con los principales referentes del sindicalismo democrático, se publicó un desplegado respaldado por un gran número de organizaciones y personalidades y se realizó una conferencia de prensa.

El mismo día, la UNT por conducto del senador Luis Sánchez, presentó su iniciativa de reforma laboral, elaborada por un equipo de trabajo encabezado por el Lic. Héctor Barba. Así, hay dos iniciativas que deberán discutirse en el congreso. No es suficiente, se requiere una lucha intensa en todos los terrenos. En la misma jornada se expresó el rechazo a la ley de seguridad interna.

Las condiciones son adversas pues al mismo tiempo que ocurría todo esto en el Senado de la República y la Cámara de Diputados la mayoría de sus integrantes votó a favor de la Ley de Seguridad Interior que, pese a las recomendaciones para rechazarla de organismos internacionales y a las protestas nacionales fue aprobada, haciendo caso omiso a todas las voces discrepantes.

El escenario nacional no es halagador para el país y mucho menos para los trabajadores. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, en los estertores del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, mostró un poder legislativo enfermo que legalizó lo que ocurre hace tiempo en nuestro país: una creciente militarización y la criminalización de las protestas. No fueron escuchados los llamados internacionales ni las protestas nacionales para impedir que se aprobara esta ley que, en vísperas de un proceso electoral que se espera muy competido, aparece más como el anuncio de represión a eventuales protestas por el cauce que pudieran tener las elecciones, que un instrumento para la seguridad del país.