PÁGINA SOLIDARIA
En solidaridad Publicamos Textualmente
PRONUNCIAMIENTO DEL FRENTE DE COMUNICADORES CONTRA LA REFORMA LABORAL NEO ESCLAVISTA Y NEO COLONIALISTA.
Los ataques en contra de los derechos humanos laborales constitucionales continúan. Ahora revivió la amenaza de desaparecer al menos 26 derechos con una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual el gobierno de Felipe Calderón pretende eliminar la jornada laboral máxima de 8 horas y los pagos extras por cada hora que sobrepase ese tiempo, para establecer el horario flexible y el pago por hora. Y con todo ello, violenta al menos 28 convenios internacionales ratificados por el Senado de la República.
En México McDonald´s hace al menos 7 años que paga a sus empleados 14.37 pesos por hora, con la venia de las autoridades laborales mexicanas. Hay flexibilidad de horarios, los jóvenes que contrata tienen entre 17 y 21 años, laboran 4 horas como mínimo y no paga las horas extras. Eso nos da un ejemplo del pago raquítico que obtendrán las madres de familia y jóvenes estudiantes, por quienes supuestamente se busca hacer ese cambio de acuerdo a la exposición de motivos de la propuesta de reforma laboral calderonista.
La jornada laboral de 8 horas máximo al día, es una conquista de los trabajadores mexicanos y del mundo, que en los últimos 200 años lucharon y, en muchos casos dieron su vida, para eliminar las jornadas de trabajo de 16, 18 y 20 horas diarias.
La propuesta de reforma laboral del PAN ( y la del PRI) es el último eslabón de un pacto del gobierno federal con empresas transnacionales, que inició hace 30 años y pretende consumarse con Felipe Calderón, para convertir a México en una colonia de Estados Unidos, con esclavos postmodernos…no beneficia a los mexicanos sino que es un dictado de los emporios y sus organismos internacionales como la OCDE. Es una reforma neo esclavista y neo colonialista.
Hoy por hoy debido a la tolerancia de las autoridades laborales y la impunidad con que operan las outsourcing, volvió a imponerse la jornada laboral de 12 y 14 horas diarias, principalmente desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y más intensamente con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN,) al frente del gobierno federal. Mediante el uso de intermediarios contratistas de fuerza de trabajo, mejor conocidos como outsourcing, empresas cuyos dueños son principalmente funcionarios públicos de todos los partidos políticos, se reinstauraron en el país prácticas semi esclavistas.
Esto ocurre en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y municipales, así como en las cámaras de Diputados y de Senadores y hasta en las comisiones Nacional y Estatales de Derechos humanos, y, el colmo, en la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, institución encargada de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo.
La Ley Federal del Trabajo que presentó Felipe Calderón el pasado 01 de septiembre del 2012 para ser dictaminada por la vía “Fast-Track” en un plazo de 30 días, por el derecho preferente que le otorgó la legislatura pasada con la modificación al artículo 71 constitucional, fracción cuarta, es la misma que entregó a la Cámara de Diputados el 18 de marzo del 2010 Javier Lozano, ex secretario del Trabajo y Previsión Social y actual senador de la República por el PAN, acompañado por Josefina Vázquez Mota, entonces coordinadora de los diputados panistas, y por Gustavo Madero, entonces coordinador de los senadores panistas y actual líder del PAN.
Plantea modificaciones para instaurar el contrato temporal y por “capacitación”, con lo cual sienta las bases para sustituir la contratación de base, establece el pago de trabajo por hora y que el pago de salarios caídos por demanda laboral o huelga sólo sea por un máximo de 6 meses. También propone que desaparezcan los puestos de trabajo y el patrón pueda utilizar al trabajador para cualquier actividad que requiera la empresa - de esta forma un ingeniero podría ser enviado a lavar baños, si así lo requiere el patrón- y que el patrón no pague utilidades. También propone Legaliza la subcontratación de mano de obra, a través de las outsourcing. Elimina la obligación de los trabajadores sindicalizados de pagar la cuota sindical, con lo cual pretende debilitar al sindicalismo y dejarlo sin recursos económicos. Y propone que las huelgas no puedan durar más de 60 días.
Exactamente casi un año después, el 10 de marzo del 2011, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) integrado por 238 diputados firmó y presentó su propuesta de reforma laboral que, curiosamente es muy parecida a la del PAN, especialmente en lo que se refiere a eliminar la jornada máxima de 8 horas, el pago de horas extras, la movilidad en el trabajo, la estabilidad en el empleo y los derechos de antigüedad y limita a un año el pago de salarios caídos, a sabiendas de que los juicios duran cinco años o más. Pero es peor en otras, porque elimina la tabla de enfermedades profesionales de trabajo.
Al menos tienen semejanzas en las propuestas de anular avances históricos de los derechos de los trabajadores, según un análisis comparativo que realizó el Lic. Jesús Luna para el programa radiofónico Frecuencia Laboral y en el portal www.frecuencialaboral.com
Ambas propuestas de reforma laboral son muy parecidas porque, tanto la del PRI como la del PAN fueron elaboradas por el mismo despacho de abogados, el cual encabeza Tomás Natividad y otros abogados de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), según denunció el ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes.
Y ambas fueron ampliamente rechazadas en movilizaciones que organizó la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano y el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organizaciones sindicales que lograron frenar el albazo que se pretendía dar a las propuestas de reforma laboral del PRI-PAN, que fueron calificadas de neoesclavistas y neocolonialistas.
A las protestas sindicales que se registraron afuera de la Cámara de Diputados, en marzo del 2012, se sumó algo que nadie imaginaba que iba a pasar… los propios diputados priistas del sector obrero se inconformaron con la propuesta de reforma laboral que presentó el coordinador priista en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas,ya que advirtieron que no es la que acordó la mayoría de su partido, porque merma a sus propias organizaciones que son un pilar del PRI, con la propuesta de eliminar la retención obligatoria de cuotas sindicales, sujetar el derecho de huelga a la aprobación de las autoridades laborales y la fiscalización de los recursos sindicales. El miércoles 23 de marzo del 2011, aprobaron realizar foros de debate y literalmente quedó frenada y desechada esa propuesta que ahora revivió Felipe Calderón.
Sin embargo, los priistas sólo la frenaron para evitar que la inconformidad contra la reforma laboral les impactara negativamente en los procesos electorales del Estado de México el 03 de julio del 2011 y las elecciones federales del 01 de julio del 2012.
Ahora se reanuda el proceso para dictaminarla por la vía fast-track, como originalmente querían el PRI y el PAN, respaldados en la reforma constitucional que otorga derecho preferencial del presidente de la República, para que se dictaminen en plazo máximo de 30, dos iniciativas que envíe al congreso al inicio del período de sesiones.
El problema es que los nuevos diputados federales que ahora instalaron el pasado 13 de septiembre del 2012 la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no conocen a fondo su contenido (reconoció públicamente el nuevo presidente de la comisión, el priista y líder de la CTM en el Distrito Federal, Carlos Aceves del Olmo) y mucho menos saben las conclusiones de los foros que se realizaron entre abril y junio de los corrientes…en esas condiciones emitirán un dictamen sin conocimiento de causa.
Eso es grave, porque su decisión trastocará la historia del país y de millones de mexicanos.
Por lo cual el Frente de Comunicadores contra la Reforma Laboral, demanda el derecho de los mexicanos a conocer y discutir en foros públicos las propuesta Calderonista, así como de todas las propuestas que se presentaron desde el 1 de septiembre del 2012, y a que de nueva cuenta se abran foros de consulta para escuchar las opiniones de la sociedad.
También reclamamos que no se eliminen los derechos conquistados por los trabajadores en los últimos 200 años.
Las legisladoras y los legisladores están obligados jurídicamente a votar en contra de esta iniciativa, conforme al nuevo texto del artículo primero constitucional, “quienes voten a favor, en comisiones o en el pleno, de artículos violatorios de derechos humanos, incurren en responsabilidad personal y deberán ser obligados a reparación del daño causado”.
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