Promueven Despojos Consorcios Turísticos con Apoyo Oficial
MALBARATAN TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES
*Reconoce el Titular de la Reforma Agraria que a Través del Indabin Bajan Artificialmente los Precios de la Tierra.
Por María de Lourdes Martínez González
Periodista de Frecuencia Laboral
Desde que Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México, promovió una reforma Constitucional para la privatización de los ejidos y tierras comunales en 1993, se han convertido en propiedad privada 2.3 millones de hectáreas, pero ahora los consorcios turísticos y urbanos, en complicidad con las autoridades federales y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin), promueven una forma moderna de despojos, mediante avalúos en los que se cotiza a precios irrisorios la venta del terrono, reconoció el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto.
Detalló que el 60 por ciento de esa superficie de tierras ejidales y comunales privatizada, ha sido requerida para el crecimiento de las ciudades o para el desarrollo en zonas de alto impacto turístico y económico.
Durante su comparecencia ante la Comisión de la Rerforma Agraria de la Cámara de Diputados, el pasado martes 12 de abril del 2011, denunció que en muchos casos los avalúos que realiza el organismo gubernamental denominado Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) -que creó el ex presidente Vicente Fox- fija el precio comercial de esa tierra en 12 o 15 pesos por hectárea, cuando puede costar realmente millones de pesos.
"Efectivamente sobre los avalúos...los hace el Indabin, teníamos una preocupación, que había avalúos muy bajos, excesivamente bajos. Les pondría un ejemplo en Baja California Sur, en Comondú, estaban unos títulos de terrenos valuados a 15 pesos la hectárea. Cerca de la Paz y de los Cabos vale 120 pesos la hectáreas. Recientemente en Quintana Roo, recibimos unos avalúos y los revisamos...y empezamos a sospechar que había algo raro, porque quien promovía la titulación de un terreno, una gestora, sabía primero que nosotros cuando ya estaba listo el avalúo con la empresa que contrató el Indabin...incluso nos decía ya bajé el avalúo de 3 millones 200 a 2 millones...revisamos y eran 4 avalúos que en total sumaban más de 7 millones de pesos...Se hicieron los avalúos y los que sumaban 7 millones de pesos, sumaron 140 millones de pesos, eso es lo que valen los terrenos en esa área ".
Comentó que habó con los funcionarios del Indabin, porque la empresa que contrató para los avalúos filtra información a los gestores de ventas de tierras "o algo más", por lo cual dijo que solicitó al personal del Indabin que contraten empresas que no filtren información a los consorcios interesados en la compra de tierras ejidales y comunales de alto impacto económico y turístico.
Al respecto el diputado federal Manuel Galicia denunció que los propietarios de tierras comunales y ejidales siguen sufriendo despos de sus tierras o son obligados a vender a precios muy bajos porque las autoridades de la Procuraduría Agraria se han convertido en prevaricadores.
"Son muchas las quejas de nuestros compañeros en el sentido de que se sigue practicando el prevaricato en la Procuraduría Agraria. Y hasta ahorita no sabemos que la Secretaría (de la Reforma Agraria) haya hecho algo para evitar estas acciones que son irregulares y sólo ahonda los conflictos en las comunidades...A raíz de la duplicidad de acciones que practican los funcionarios de la Procuraduría Agraria han sido despojados de manera irregular compañeros nuestros de sus terrenos que tienen un gran valor comercial. Sobre todo aquellos que se ubican en costas o zonas de alto impacto turístico o comercial".
Respecto a la afirmación del titular de la Secretaría de Reforma Agraria en el sentido de que se expidieron 10 mil 986 títulos de terrenos nacional, afirmó que en aquellos terrenos donde interviene la autoridad para su venta se subvalúan, especialmente los que los que en realidad tienen alto valor comercial.
La respuesta del secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, fue que efectivamente 700 empleados de la Procuraduría Agraria, fueron desplazados por falta de responsabilidad, por ineficiencia o falta de honradez. Y conminó a la ciudadanía a denunciar todos los actos de corrupción que conozcan en el área de su competencia, tanto por el manejo obscuro de los recursos públicos, como por acciones que afecten el patrimonio de ejidatarios y propietarios comunales o en pequeño.
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