DESBALANCE DE LA POLÍTICA LABORAL

Por Carlos Guillén Soriano,

Integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear

y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

La reforma laboral aprobada por los diputados el 11 de abril de 2019, que será turnada a la Cámara de Senadores, es presentada como un gran cambio para el mundo laboral, pero es preocupante que no se tomara en cuenta la opinión de los trabajadores y sus organizaciones y sí la de los patrones.

A cuatro meses de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque hay todo tipo de opiniones sobre su gobierno y los medios revisan con atención lo realizado en temas como nombramientos, petróleo, seguridad, política social, combate a la corrupción principalmente, el tema laboral, hasta ahora ha sido poco considerado por los medios informativos.

Sin embargo, además de esta reforma, hay otros aspectos que habría que revisar sobre la política hacia el mundo del trabajo. Uno de ellos es el salario. A pocas semanas de tomar posesión, se anunció un incremento al salario mínimo por encima de lo que acostumbraban los gobiernos anteriores. Incluso para la frontera, éste se incrementó al doble. Fue un buen inicio. No obstante, los salarios contractuales no fueron considerados, a pesar de la enorme pérdida que han acumulado en 36 de años de neoliberalismo.

Un ejemplo de las consecuencias se ha tenido en Matamoros, al quedar los salarios contractuales por abajo del mínimo y con la negativa de las maquiladoras a cumplir lo pactado en contratos colectivos. En respuesta, miles de obreros de las maquiladoras de esa ciudad, iniciaron primero una serie de paros y luego una huelga, en demanda de un incremento de 20% al salario y un bono de 32 mil pesos. Los jerarcas de los sindicatos cetemistas, que durante los largos años del neoliberalismo jamás actuaron en defensa de sus afiliados, al ver el descontento quisieron aparentar que se pondrían al frente del movimiento.

La posición de las autoridades laborales locales no difirió de la que siempre han tenido, contraria a los trabajadores. El gobierno federal no tuvo el apoyo a los trabajadores que algunos hubieran esperado, pues se trató de movimiento en el ámbito local, se dijo. Es de notar, con todo, que no hubo la represión acostumbrada en otros tiempos, aunque sí hubo casos de agresiones ¿con la idea de culpar al gobierno de López Obrador?

Otro elemento a considerar son las numerosas huelgas que han estallado durante febrero y marzo en instituciones educativas y de investigación. Estos movimientos tienen en común, que se producen en instituciones educativas y de investigación, que dependen para su funcionamiento de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que ´no sólo no aumentó con el cambio de gobierno, sino que incluso disminuyó en algunos casos.

Una constante ha sido también la actitud de las principales autoridades de cada institución de negarse a participar en las pláticas y, con frecuencia, de acusar a los trabajadores de la situación de las instituciones.

Las críticas y señalamientos que varios de los sindicatos en huelga han hecho sobre el usos de los recursos de sus instituciones para pagar elevados salarios a la alta burocracia y para actividades ajenas a las funciones de las mismas, no han tenido eco en las autoridades laborales, de investigación y educativas, a pesar de la coincidencia con aspectos del discurso presidencial.

También en relación al salario e incluso antes de que tomara posesión el gobierno federal, con el pretexto de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, autoridades de numerosas instituciones procedieron a recortar salarios y prestaciones en una posición provocadora y  claramente contraria al espíritu anunciado de la ley referida, que fue evitar los abusos de la alta burocracia, con salarios superiores en mucho a lo que anunció que percibiría el presidente López Obrador.

La afectación a personal de base fue enorme y fue necesario que muchos trabajadores y sindicatos solicitaran el amparo de la justicia contra esta aplicación de la ley. En instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se pudo frenar la afectación con la suspensión provisional de la Ley, aunque la amenaza persiste.

Como en el caso de las agresiones en Matamoros, las pretendidas afectaciones a los ingresos –ya afectados durante años- de personal de base en instituciones educativas y de investigación, tiene toda la apariencia de provocaciones para generar conflictos entre los trabajadores afectados y el nuevo gobierno.

Un elemento más, que también es lo que siempre ha ocurrido, es la cadena de ataques a los movimientos desde muchos medios, que aprovecha las críticas al sindicalismo en general que se han hecho desde el gobierno, como si todos los sindicatos fueran iguales. Aquí se ha aprovechado con frecuencia la percepción que se tiene acerca del sindicalismo charro, con menciones que equiparan a los dirigentes del sindicato petrolero o el magisterial, con todos los sindicatos, ignorando deliberadamente la lucha del sindicalismo democrático por hacer de los sindicatos organismos democráticos para la defensa de los derechos de los trabajadores y, en el caso de los sindicatos en huelga, para fortalecer sus instituciones y defender la educación e investigación pública.

Finalmente tenemos el asunto de la reforma laboral. La reforma constitucional de 2017 quedó a medias por la tardanza en implementar la reforma a las leyes secundarias. El partido MORENA, hoy gobernante retomó el tema, presentó y aprobó una iniciativa que si bien, es mucho mejor que la iniciativa de contra reforma que presentaron a fin del sexenio pasado un par de senadores priistas que se ostentan como líderes sindicales, deja de lado muchos aspectos que se han propuesto por organizaciones del sindicalismo democrático. Incluso la Unión Nacional de Trabajadores presentó una iniciativa a la actual legislatura.

Más allá del contenido de la propuesta del partido gobernante, es preocupante que para la discusión no se toma en cuenta a los trabajadores y sus organizaciones. Ni para la discusión de la reforma laboral, ni para muchas otras discusiones nacionales ha recibido el presidente a las organizaciones de trabajadores. Si, en cambio, se reúne con frecuencia, con los organismos patronales y con sus principales personajes. No solo es el tema laboral. Es el de la energía, el de la educación y la investigación científica, el de las telecomunicaciones, el de la banca de desarrollo, el de la economía. Es pocas palabras, en la discusión sobre el futuro del país, en la que todos los mexicanos deben participar, no se recibe a los trabajadores.

A estas alturas debe ser claro para todos que cualquier transformación real del país requiere de fortalecer la participación de toda la sociedad, en especial de los trabajadores. Apoyar las luchas por los derechos laborales, dar recursos suficientes a las instituciones de educación e investigación, escuchar a los trabajadores y sus organizaciones, deberían estar en la primera línea de acción del gobierno.  No es manteniendo el abandono presupuestal y limitando los derechos de los trabajadores, como se va a lograr el desarrollo nacional con soberanía y justicia. No es equiparando a todas las organizaciones sindicales como si fueran lo mismo, como se va a avanzar. El mundo del trabajo tiene propuestas y organización, debe ser tomado en cuenta.