A un año de haber sido expedida una ley que presuntamente defiende a periodistas y defensores de derechos humanos, la violencia contra los informadores se mantiene; en los últimos seis años fueron asesinados 82 periodistas, 18 fueron “desaparecidos” y 807 sufrieron agresiones motivadas
por su profesión. Además, fueron censuradas y desmanteladas 170 estaciones de radio comunitarias.
De acuerdo con el Índice de Libertad de Prensa, indicador
que mide los ataques directos a periodistas y medios de comunicación del organismo Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el segundo lugar de los países más violentos del continente americano, y en 2012 ocupó el primer lugar en Latinoamérica por el número de periodistas asesinados o desaparecidos (ver gráfica).
Amnistía Internacional, en su Informe 2013, describió a detalle la difícil situación que atravesaron defensores de derechos humanos y periodistas en México durante el último año de gobierno de Felipe Calderón. A través de dos casos particulares el organismo exhibió la falta de voluntad de las autoridades de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas para esclarecer los crímenes y las agresiones.

Hasta el día de hoy, los responsables no han sido llevados ante la justicia. Nos referimos al caso de Regina Martínez, corresponsal de la revista , y el de los fotoperiodistas locales Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, asesinados en el estado de Veracruz, así como la detención arbitraria de Lucila
Bettina Cruz, en el estado de Oaxaca.

Al respecto, organizaciones civiles nacionales e internacionales
señalan al Estado mexicano como
responsable de al menos 43% de los ataques a comunicadores y periodistas registrados en 2012,
año en el que se reportaron 571 agresiones contra periodistas: 264 fueron golpes y hasta el decomiso
Proceso de material de trabajo y equipo fotográfico; alrededor de 50 casos de detenciones ilegales o
injustificadas, 5 desapariciones, 102 acciones legales o detenciones legales pero fundadas sobre cargos fabricados y cuestionables, 197 denuncias de ataques psicológicos (que incluye amenazas e intimidaciones), 30 asesinatos y 17 desplazamientos
forzosos.
A pesar de que se ha tipificado la libertad de prensa como un derecho universal e inalienable, la mayoría de los medios de comunicación son controlados por un grupo de corporaciones de gran poder económico y político, lo que da un carácter oligopólico a la industria de la comunicación.

Esto dificulta el ejercicio de la libertad de opinión ymanifestación de ideas de todos los ciudadanos.

Se cuenta ya con una preceptiva internacional sobre la libertad de expresión y la defensa del trabajo de quienes ejercen la labor periodística.

La Asamblea General de la ONU instituyó en 1993 el día 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa como “un componente esencial de toda sociedad democrática

El antecedente de esta resolución es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las constituciones de los países democráticos.
La Constitución Mexicana, en su artículo 6°, presupone que todo hombre y toda mujer pueden
organizarse para la edición de medios de comunicación y la publicación de ideas libremente y
sin censura.
La libertad de expresión posee una dimensión particular porque involucra el ejercicio de tres derechos:

la búsqueda, la recepción y la difusión de la información. En el marco internacional de protección de los derechos humanos, se encuentra la normatividad acuñada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (2000),
que propugnan por el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales, destacando la libertad de expresión como un derecho fundamental e inherente a todas las personas y como requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

En marzo de 2007, el Senado mexicano despenalizó la calumnia y la difamación, derogando los artículos 348 al 359 del Código Penal Federal, por lo que un periodista ya no puede ser denunciado penalmente por quienes se sientan ofendidos por la publicación de escritos en su contra.

En ese contexto jurídico, en 2012 la sociedad civil promovió una ley para la creación de un mecanismo de protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos, que el Congreso aprobó ese mismo año: la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos se configuran cuando por acción u omisión de las autoridades se dañe su integridad física, psicológica, moral o económica.

Aunque esta ley intenta responder a una de las principales demandas que los representantes de organismos
de derechos humanos y de libertad de expresión han hecho al gobierno de México, lamentablemente no garantiza condiciones de seguridad ni de protección al gremio periodístico.