Van 109 Homicidios en el Nuevo Siglo

IMPUNIDAD EN 90% DE AGRESIONES A PERIODISTAS: CNDH

*CNDH Emite Recomendación a Autoridades para Desahogar las Denuncias.

Los casos de agresiones a periodistas con investigación deficiente y sin sanción alcanza un 90% , lo cual evidencia el nivel de arraigo de la impunidad, reconoció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al emitir una recomendación a los gobiernos federal y estatales para implementar acciones que atajen las violencia contra quienes ejercen la libertad de expresión y el derecho a la información.

En un comunicado la CNDH detalló que de acuerdo a sus registros, desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han ocurrido 109 homicidios de periodistas; 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005; han ocurrido 48 atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido 515 quejas por agravios a periodistas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por lo que emitió el jueves 11 de febrero del 2016 una recomendación a diversas autoridades del gobierno federal, a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación. Les recordó que no puede haber un estado democrático sin el respeto a la libertad de expresión y de información.

Según la organización Artículo 19 ha habido más asesinatos de periodistas durante el actual gobierno del priista Enrique Peña Nieto que en el anterior. Los estados con mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas, según la CNDH son Veracruz, con 14.6%; Tamaulipas, con 11.9%; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11% cada uno, por lo que seis de cada diez homicidios de comunicadores ocurre en estas cinco entidades.

Mediante esta Recomendación General, la CNDH hace un llamado enérgico a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.

La recomendación señala que en México –considerado un país peligroso para ejercer el periodismo en las Américas— “han surgido inercias en los aparatos gubernamentales como respuesta a las susceptibilidades producidas por la crítica u opinión emitida desde la actividad periodística, acciones u omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mismas que se traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta”.

Entre las primeras destacan transgresiones a los derechos de seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, libertad, legalidad, propiedad y posesión, las cuales en su mayoría quedan impunes por omisiones del Estado en la integración de las indagatorias correspondientes.

Por lo que hace al número de periodistas desaparecidos, los estados de Veracruz y Michoacán tienen un 20% de los casos cada uno, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León tienen un 10% cada uno, por lo que siete de cada diez desapariciones de comunicadores ocurren en estas cinco entidades.

Para este Organismo Nacional las conductas que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión no solamente se cometen mediante agresiones físicas contra periodistas o medios de comunicación, sino también a través de medios tecnológicos afectando sus servidores, redes sociales o páginas electrónicas, con objeto de obstruir la información.

Por ello quedó establecido que la garantía a la libertad de expresión aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios informativos, por lo que los atentados contra este derecho y que son cometidos contra periodistas, así como los ataques cibernéticos contra las páginas electrónicas o redes sociales de los medios de comunicación deben ser investigados y sancionados.

Sobre el estado que guardan las 176 averiguaciones previas iniciadas para la investigación de los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados a medios de comunicación registrados por la CNDH desde el año 2000 al 31 de enero de 2016, 106 están en trámite; 45 de éstas se encuentran en integración desde hace 5 años y uno de los casos tiene 15 años en integración. Además, se observa que si bien las autoridades ministeriales realizan diversas diligencias, no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la agresión.

De ahí que la omisión del Estado Mexicano se refleja en la ausencia de agencias del Ministerio Público especializadas en la persecución de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como de Fiscalías o Unidades investigadoras en las entidades federativas en que se advierte mayor incidencia de agresiones contra periodistas y comunicadores.