PEMEX Está Quedando en Ruinas

LAS DOS CARAS DE LA REFORMA PETROLERA

*Siguen endeudando a Pemex, pese a su insolvencia, al fin que pagan los contribuyentes.

*Arrendaron la infraestructura de Pemex para que las empresas privadas le hicieran competencia con su propio equipo.

Por Juan Vásquez Ramírez,

Participación en el Programa Frecuencia Laboral del sábado 29 de julio del 2017

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Tal como está diseñada e implementada, la actual Reforma Energética en materia de petróleo ahondará la dilapidación de la riqueza petrolera nacional, sólo favorecerá a las empresas privadas participantes –sobre todo trasnacionales-, debilitará a Pemex hasta su extinción, y convertirá el bolsillo de la población mexicana en una fuente importante de ingresos y ganancias que esas compañías dejarán de obtener en sus propios países o en otros países desarrollados, debido a los cambios que se empiezan a impulsar en algunos de esos mercados en cuanto al uso de combustibles fósiles.

Tales son las dos caras de la reforma petrolera en curso: muy beneficiosa para muy pocos; perjudicial para la mayoría de la población, y a la nación misma.

La reforma consiste en la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, de la industria petrolera, en todas sus etapas y productos (exploración, explotación, transformación, distribución, comercialización e incluso venta al público –de petrolíferos), mediante un conjunto de instituciones, leyes, reglamentos, contratos, procedimientos, que norman las relaciones de las empresas privadas entre sí, y con Pemex y el gobierno federal, toda vez que, al menos constitucionalmente, “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible”.

La condición indispensable para acordar e impulsar la reforma petrolera actual fue el debilitamiento persistente de Pemex, por dos vías principales: la losa fiscal impuesta por el gobierno federal; y una pésima administración de la compañía, al someterla desde los años de Felipe Calderón a una política de privatización de muchas de sus actividades operativas, y de endeudamiento persistente.

Así, sólo Pemex es capaz de reportar utilidades netas equivalentes a 200 millones de dólares en 2012 (cuando la mezcla mexicana del crudo alcanza sus máximos históricos), con ventas netas de poco más de 127 mil millones de dólares. Ello porque los derechos e impuestos pagados suman el equivalente a casi 70 mil millones de dólares. En 2013 y 2014 el deterioro de Pemex se acentúa y las pérdidas netas son crecientes.

Cuando el declive de Pemex es evidente, Peña Nieto lo toma como justificación y negocia el apoyo político del PAN y PRD que le permite llevar a cabo las reformas constitucionales que culminan esa política privatizadora. Pero no diseña una política de apoyo a la petrolera estatal, más bien acentúa los factores de su deterioro, sigue exprimiéndola fiscalmente y apoyando a la junta directiva en la política de endeudamiento externo. En 2015 la petrolera reportó una pérdida neta histórica, de casi 713 mil millones de pesos, equivalente a poco más de 41 mil millones de dólares.

De hecho, Pemex es conducida a un estado de quiebra técnica, en el cual se mantiene todavía: al cierre de junio de 2017 no tiene un peso de capital propio y su pasivo total (3.4 billones de pesos) supera en un billón 120 mil millones de pesos a su activo total (2.2 billones de pesos). Los dos componentes principales de su alto endeudamiento son la deuda financiera y la deuda de pensiones. Por su naturaleza pública, sin embargo, Pemex no puede ser declarada en quiebra y los acreedores nacionales y sobre todo internacionales le siguen prestando dinero a manos llenas porque esos préstamos están respaldados en realidad por los contribuyentes mexicanos, no por la empresa.

Derroteros concretos de la Reforma

El primero de enero del 2017 el gobierno federal retiró el velo discursivo a la reforma petrolera e impuso el gasolinazo, cuyo objetivo real es hacer atractiva la inversión privada en la importación de gasolinas y diesel de los Estados Unidos, es decir para reforzar la dependencia del país respecto de otro sector más de la economía estadounidense.

Poco importó el daño colateral: un proceso inflacionario que aún no termina y que daña seriamente la economía familiar de la mayoría de la población nacional.

No se busca fortalecer la estructura de refinación de Pemex (cada vez más deteriorada), al contrario se diseña un mecanismo de arrendamiento para poner a disposición de las empresas privadas la infraestructura de Pemex, para que le hagan competencia e importen petrolíferos al país refinados en los Estados Unidos. En esto consisten las subastas llamadas de “Temporada abierta”. Y se empiezan a observar “ejemplos de previsión”. En noviembre de 2016 la empresa Tesoro Corporation anunció el acuerdo de compra (concluido en junio pasado) de una competidora en los Estados Unidos (Western Refining), con la cual suma a su posesión tres refinerías más, una en Texas, otra en Nuevo México y otra en Minnesota.

El valor de la adquisición suma seis mil 400 millones de dólares, 4 mil 100 en efectivo y el resto en asunción de deuda neta. Y el 18 de julio pasado Pemex firma, precisamente con Tesoro, “los contratos para que ésta utilice la capacidad de transporte por ducto y almacenamiento de Pemex en los estados de Sonora y Baja California”, e importe a México esos petrolíferos refinados en los Estados Unidos, preferentemente en Texas. Tesoro gana todo lo que se subastaba.

Al momento, la Secretaría de Energía ha concedido 217 permisos de importación de gasolinas por un volumen total de poco más de 248 mil millones de litros, y 307 permisos de importación de diesel por casi 193 mil litros. Destacan varias trasnacionales entre los autorizados. Ello no significa que todos los permisionarios vayan a proceder necesariamente, pero para facilitarles las cosas está por llevarse a cabo la segunda Temporada Abierta para que los ganadores accedan a la renta de los poliductos y terminales de almacenamiento de Pemex y estén en condiciones de hacer rentable la importación y la competencia contra la propia petrolera nacional.

Aún cuando apenas se está instrumentando toda esa política de la dependencia, ya en el primer semestre de 2017 se observa el desequilibrio que provoca. En ese lapso, la balanza comercial petrolera reporta un déficit de 8 mil 200 millones de dólares, se realizan exportaciones petroleras por casi 10 mil 600 millones de dólares pero se importan petrolíferos y petroquímicos por casi 18 mil 800 millones de dólares.

Vuelve a surgir en este punto la debilidad de Pemex, cuya producción de petróleo crudo, petrolíferos y petroquímicos cae en dicho periodo, respecto al mismo de 2016. Y el gobierno federal no pretende facilitar las condiciones a Pemex para que pueda mejorar su infraestructura de refinación. Los recursos que podría utilizar para ello el gobierno federal se los reclama, de un modo u otro.

Por ejemplo, en mayo pasado la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) autoriza a Pemex la migración de las Asignaciones de los campos Ek y Balam (ubicados en aguas someras de la Sonda de Campeche, con reservas aproximadas de 500 millones de barriles de petróleo en reservas probadas y probables, 2P) a contratos de producción compartida, sin socio (de momento).

Para poder migrar a esos contratos Pemex entrega a la CNH una garantía corporativa por 5 mil millones de dólares, ofrece al gobierno federal una contraprestación de 70.5 por ciento de la utilidad operativa y se compromete a inversiones de poco más de 5 mil millones de dólares para los próximos años. Con tales condiciones es casi seguro que esos pozos serán explotados por algún socio que esos contratos le permiten buscar a Pemex.

Formalmente la reforma petrolera implica un cambio en el régimen fiscal de Pemex e inaugura otro para los contratistas privados que participen en las distintas modalidades aprobadas (licencias, utilidad compartida, producción compartida, servicios), pero ello no implica que el gobierno federal haya renunciado a seguir extrayendo recursos de la renta petrolera para financiar el presupuesto público. La reforma petrolera crea el Fondo Mexicano del Petróleo, que es el receptor y distribuidor de los ingresos por la renta petrolera que genera Pemex y los contratistas privados. En el caso de los contratos, calculará y pagará lo que corresponda a los contratistas y al Estado; en el caso de las asignaciones (Pemex), recibirá los derechos correspondientes y los transferirá a la Tesorería de la Federación. El mandato principal del Fondo es que las transferencias anuales que haga a la Tesorería de la Federación deberán mantener los ingresos petroleros del gobierno federal en el equivalente a 4.7 por ciento del PIB nacional. Ello equivale (para 2016) a alrededor de 918 mil millones de pesos. Se está muy lejos de esa cifra. En el primer semestre de 2017 las transferencias ordinarias acumuladas ascendieron a 235 mil millones de pesos.

Es decir, ese Fondo no está diseñado para administrar y acrecentar la renta petrolera nacional, sino para ser la correa de transmisión de esa riqueza a las arcas presupuestales.

El problema de fondo con ese diseño de uso de la renta petrolera es lo que en los últimos meses hemos venido presenciando en el país: los escándalos mayúsculos e impunes de corrupción en el uso del presupuesto público por parte de la élite política, por y para sí misma, y también en asociación con empresarios “contratistas” de cuanta obra o servicio se les ocurre a nuestros altos funcionarios.

¿Hay en el entorno internacional una experiencia exitosa en el manejo de la renta petrolera nacional? Me informé brevemente de una: Noruega. Su Fondo de Pensiones del Gobierno Global (antes Fondo Petrolero del Gobierno) tiene un valor de mercado de 932 mil millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2017. Es el principal Fondo Soberano del mundo, o uno de los principales.

La producción de petróleo en Noruega inicia en 1971. En 1990 el parlamento noruego aprueba la Ley del Fondo y la transferencia regular de capital al Fondo proveniente de los ingresos petroleros del país. En 1996 recibe la primera transferencia; el mandato de administración es que se inviertan todos sus recursos fuera del territorio noruego, tal como las divisas nacionales. De ese año, hasta marzo de 2017, las transferencias recibidas ascienden a un total de casi 400 mil millones de dólares y sus inversiones generan una ganancia acumulada de 405 mil millones de dólares. En 21 años los gastos totales de gestión ascienden a 4 mil 266 millones de dólares. Por fluctuaciones cambiarias a favor gana poco más de 131 mil millones de dólares.

En la actualidad, el 64.6 por ciento de sus recursos están invertidos en instrumentos de renta variable, el 33 por ciento en renta fija y el 2.5 por ciento en bienes raíces. Posee acciones de alrededor de 9 mil empresas en todo el mundo, su mayor exposición geográfica es hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, luego mercados desarrollados de Asia y Oceanía, y por último mercados emergentes. Sus inversiones principales en acciones son: Apple Inc, Nestlé, Royal Dutch Shell, Alphabet Inc, Microsoft, Roche Holding, Novartis, Johnson & Johnson, Amazon, Black Rock.

Tiene la obligación de financiar los déficits públicos de su país cuando se presentan, lo que ha hecho en los últimos años. Transfiere al Ministerio de Hacienda los recursos que necesita, y al poco los rendimientos de sus inversiones más que compensan lo erogado. Y ello a pesar que Noruega también ha padecido la crisis de los precios internacionales del petróleo y las transformaciones que ha experimentado esa industria en los últimos años.

De hecho, a pesar de ser un país petrolero, Noruega es de los países que está incidiendo en tales cambios. Para el año 2025 el gobierno noruego se ha propuesto que dejen de circular en ese país los automóviles con motor a gasolina y diesel, y ya está en curso la política para alentar el uso de vehículos híbridos y eléctricos.

Esa tendencia está presente en otros países europeos: Países Bajos, Gran Bretaña, Francia, aunque en éstos ese cambio se tiene contemplado para 2030, 2040, y lo más probable es que en el curso del próximo lustro esa tendencia cobre más fuerza.

Y ante el evidente cambio climático, la política de uso de energías no fósiles probablemente se refuerce en los países desarrollados, sobre todo, aunque es una tendencia mundial.

En sus países de origen, pues, muchas trasnacionales petroleras se verán limitadas en sus ventas de gasolinas y diesel, de manera que les viene como anillo al dedo el deseo imperioso del gobierno mexicano porque aquí exploren y exploten el “oro negro” y vendan los petrolíferos que quieran importar y a continuación producir, utilizando a México como plataforma de penetración a otros mercados latinoamericanos.

El país necesita muchos cambios. Uno de ellos, en la orientación e instrumentación de la reforma energética, cuyo propósito real debe ser, en primer lugar, el beneficio de la Nación, vale decir de la mayoría del pueblo mexicano, y en segundo lugar de los inversionistas que estén dispuestos a compartir los riesgos en ese propósito.