PÁGINA SOLIDARIA

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

AUTORIDADES DE IZTAPALAPA USAN ONG COMO INTERMEDIARIA PARA EXPLOTAR A TRABAJADORAS

*Laboran un tiempo y las despiden sin pago.

*Las envían a zonas de alta peligrosidad en la CDMX, con riesgo de vida, sin seguro social.

*Fueron contratadas para el proyecto "Siempre Vivas" para mujeres violentadas y las obligan a repartir propaganda a favor de la alcaldesa Clara Brugada, violentando a las trabajadoras.

En solidaridad publicamos textualmente su comunicado:

¿Quiénes orientan a las orientadoras?

La alcaldía Iztapalapa y sus proyectos que violentan mujeres:

Entre la violencia institucional y laboral no es raro que los gobiernos una y otra vez intenten apropiarse de las luchas sociales y los movimientos de denuncia para sus propios intereses, ya sea para generar voto duro o para seguir bajando recursos públicos haciendo programas de simulación que sólo buscan “justificar” millones de pesos sin un impacto real en la sociedad o lo que dicen buscan transformar.

La agenda de lucha y resistencia de los últimos años ha estado enarbolada por las luchas feministas y las mujeres que desde los diferentes espacios y territorios han querido denunciar y encontrar respuesta a todas las violencias que los Estados y sus instituciones ejercen sobre ellas.

Es por eso que no es raro encontrar ahora los programas vestidos de morado y de glitter para justificar sus recursos y su incidencia política sin tener realmente una base mínima de congruencia en ellos. Tal es el caso del PROYECTO “SIEMPREVIVAS”, proyecto de la alcaldía de Iztapalapa y abanderado por la actual ALCALDESA CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, con el personal bajo su cargo como lo es ANGELICA ANAEI OLIVARES OCARANZA Jefa de Unidad Departamental de promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad sustantiva quien es coordinadora de ese proyecto.

Dicho proyecto tenía pensado iniciar en marzo del año que va terminando 2020, pero por falta de recursos y la propia pandemia se inició hasta septiembre. Este proyecto supuestamente tien la intensión de brindar un primer acompañamiento a las mujeres de Iztapalapa POR MUJERES EXPERTAS EN EL TEMA DE VIOLENCIA que pudieran orientar a las personas casa por casa en diferentes visitas domiciliarias y talleres realizados en las colonias.

En un primer momento la metodología parecía un poco extraña y ambigua, ya que la mayoría de las mujeres que trabajamos temas de género y violencia sabemos que el espacio de casas resulta ser para muchas mujeres el espacio de violencia y donde se encuentran los agresores, siendo éstos casi siempre familiares directos o conocidos de la víctima.

Hablar de hacer platicas de “violencia” dentro de las casas de mujeres que recién abrían la puerta a otras mujeres desconocidas y esperar que no hubiera respuesta de ningún hombre era poco real. Sin embargo, quienes decidimos continuar con el proyecto de ORIENTADORAS COMUNITARIAS, fue pensando que detrás existiría una estrategia bien elaborada de cuidado y de mucho trabajo de reflexión, ya que la COORDINADORA ANGELICA OLIVARES se autoproclamó desde el primer día como FEMINISTA y defensora de los derechos de las mujeres, además de que fuimos capacitadas directamente por Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, lo cual nos aseguraba cierta seriedad en el proyecto.

También nos pareció un poco raro que la contratación no fuera directamente con alcaldía sino con una intermediaria, sin embargo, confiamos en la palabra de la coordinadora quien nos aseguraba que dicha situación se debía a que los lineamentos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG (que es de donde se obtuvo el recurso para activar dicho programa) les exigía tal situación, pero que confiáramos en que estaríamos respaldadas en todo momento por la ALCALDIA DE IZTAPALAPA.

También nos pareció raro que, de la noche a la mañana, el contrato indicara que sería por honorarios, es decir, que tendríamos que pagar impuestos, lo que haría más bajo nuestro salario de por sí bajo para las actividades que realizaríamos, sin embargo, también confiamos cuando nos informaron que esta situación era necesaria y que no habría posibilidad de otra forma de contrato.

Al mismo tiempo, dicho contrato es un contrato ilegal ya que marca horario de trabajo que nos obligan a cumplir situación que lo convierte en un contrato por servicios profesionales cuanto menos inválido y el cual nos crea una relación laboral, lo cual todas las partes han evitado con tal de no otorgarnos nuestros derechos laborales.

Y como en esas relaciones de violencia donde uno confía porque asume que el otro no tendría por qué mentir, así vivimos ese primer proceso de enamoramiento y luna de miel por el proyecto, aunque desde el principio notamos algunas situaciones de violencia que no nos parecían, como tenernos esperando casi cuatro meses para decirnos si el proyecto iba o no iba y sin el pago realizado de la primera capacitación tomada lo cual no es algo fuera del trabajo del proyecto sino parte de este y, por tanto, debió ser pagado.

Sin embargo su argumento fue que esos meses no se pagarían debido a la pandemia, porque no habíamos firmado contrato y decían no había responsabilidad legal para hacerlo, ni hablar de la responsabilidad moral y ética. O que se nos indicara en un primer momento que tendríamos el pago completo de septiembre y después que no o que la empresa disfrazada de Asociación Civil que supuestamente nos subcontrataba se deslindara del pago si sucedía una “pandemia”, aunque esto fuese ilegal. Y así, un sinfín de cosas más que como buenas enamoradas dejamos pasar porque pensábamos que no había dolo en ello y que el proyecto en contra de la violencia hacia la mujer valía la pena.

Pero como ya todas sabemos, esas relaciones que empiezan mal, siempre terminan mal, y la violencia no hace más que crecer, como nos lo dice una y otra vez el violentómetro que solemos dejar casa por casa a las mujeres que asistimos. Llegó por fin el día de poner en marcha el proyecto, a eso del mes de agosto de 2020 los grupos de mujeres se conformaron y comenzamos a acudir a territorio, aun sin claridad de cómo se trabajaría, quiénes organizarían y qué protocolos de seguridad y de cuidado habría.

Lo que nos encontramos fue vivir 4 meses, (a la fecha seguimos en ello) de más violencias y situaciones de agresiones físicas, verbales y psicológicas constantes. Se nos exigió entrar a las zonas de foco rojo de violencia en las colonias, nosotras sabemos que es importante llegar a las mujeres que están en dichas colonias y sabemos también que hay que hacer ese trabajo de una u otra forma, sin embargo, también sabemos que para poder realizar dicho trabajo debemos tener condiciones mínimas para que ello no implique un riesgo sobre nosotras.

Al encontrarnos, 4 mujeres, de diferentes lugares de la ciudad, que no conocíamos el territorio, entre balaceras, intentos de asalto, situaciones de seguimientos y acosos constantes, decidimos cuestionar qué sucedía en la coordinación, que parecía nula hasta ese momento incumpliendo su deber de protegernos como trabajadoras y como promotoras de derechos humanos siendo omisas ante la situación tan apremiante.

Y sí, aun en esa segunda etapa donde la violencia ya es muy clara, pero uno como que todavía no la quiere creer, y sigue intentando encontrar una explicación lógica a lo que sucede, ANGELICA OLIVARES nos decía que eso era normal, que sólo estaríamos un mes en dichos espacios, que tendríamos seguridad de policías (la cual nunca llegaba ni se le veía).

Tan es así que algunos equipos tuvieron CASI que demostrar que habían sido agredidos con denuncias legales para que se tomara en cuenta la gravedad de la situación y, aun así, a la fecha no tenemos la seguridad y protección a menos que presionemos todo el tiempo.

Se nos aseguraba que todo cambiaría cuando el dinero llegara (como buen esposo patriarcal) que nuestra situación no era culpa ni de la alcaldía, ni de la coordinación, ni de nadie, sólo cosas que pasan en la vida y que teníamos que aceptar llevar dos meses sin recibir pago alguno y generando impuestos que teníamos que pagar en un futuro sin olvidar que debíamos resolver cómo solventar de otras maneras nuestro sustento.

Cabe aclarar que el programa FORTASEG entrega cantidades a las alcaldías de más de 20 millones de pesos en casos como el de Iztapalapa, con los cuales nos dijeron se gestionaría la compra de material para nosotras, tanto de salubridad como de difusión, así como el pago de sólo 50 orientadoras comunitarias y paremos de contarle porque ya es mucho y seguro no les alcanzaba para más, ya saben, por eso de que se quedaran sin recurso.

Y entonces ahí estábamos las 38 orientadoras que aún quedábamos, pues muchas fueron “bajándose del barco” conforme veían tales situaciones terribles de violencia económica y psicológica ejercida y de nula respuesta para resolverlas, claro, excepto a quienes la precariedad laboral nos imposibilitó dejar a nuestro violentador quien ahora era nuestro proveedor, o proveedora en este caso, nosotras nos quedamos a expensas de los abusos y con la esperanza de que todo cambiaría.

Así que ahí estábamos, trabajando entre calles con altos índices de violencia hacia la mujer (recordemos que Iztapalapa es el primer lugar en situación de feminicidio en la Ciudad de Mexico), con nuestro chaleco morado, una careta y cubrebocas que se nos rompieron días antes por la mala calidad, sin folletos o algún directorio para poder canalizar los casos de violencia que íbamos encontrando en el camino.

Entrando a las casas por exigencia de las coordinadoras del proyecto, a pesar de que algunas compañeras tuvieron un incidente donde fueron retenidas por cierto tiempo en el domicilio de una mujer atendida, pues al llegar su esposo (su agresor) nos confrontó por “moverle la cabeza a su esposa” y la autoridad, bien gracias, siendo omisa de nuevo ante los hechos. Y ya no digamos tener seguridad social o pago por riesgo de trabajo debido al COVID-19 o nuestra seguridad, para las autoridades eso tampoco interesa.

Ante preguntas más estructuradas sobre el proyecto, nos dimos cuenta que estábamos en un proyecto que no tenía ninguna base sólida, no existían líneas de intervención, ni claridad sobre si era una implementación primaria de prevención o una intervención de segundo o tercer nivel, se nos enviaba a casos donde claramente se requería un acompañamiento de otra índole, a la fecha nadie nos dice a dónde se debe canalizar a cada mujer y qué hacer con los casos de violencia y de peligro inminente que encontramos en las casas, tan sólo apuntamos un número telefónico, su teléfono y enviamos a un número oficial de whatsapp de las coordinadoras que sabemos nunca regresara la llamada ni intentará hacer algo más.

Entrabamos a las casas de mujeres adultas mayores que no habían salido de sus domicilios resguardándose del COVID-19, sin importarles a las coordinadoras del proyecto que nosotras mismas fuéramos posibles portadoras, ya que su interés era sólo comenzar a llenar de números los formatos para justificar el éxito del programa pues anunciaron que el programa cubriría ¡40 mil hogares! Y claro que esto sería realizado por 230 profesionales, quisiéramos saber a dónde se fue el dinero que le iban a pagar a las otras 180 trabajadoras...

En las casas escuchábamos las historias de situaciones de abuso sexual de menores que no estaba en nuestras capacidades resolver y que no había interés de parte de la alcaldía por actuar ante el delito, invitábamos a las mujeres a denunciar y hacer uso de los “servicios” de la alcaldía que ni siquiera nosotras sabíamos si funcionaban o no, se nos exigía darle la “plática” a los hombres de la casa, porque ellos también eran “importantes” y tenían que escuchar que eran violentos, porque seguramente con una “plática” de media hora ellos podrían recapacitar sobre ello y cambiar sus formas violentas aprendidas desde la infancia.

A la par, teníamos que realizar actividades enteramente fuera de nuestra labor como acudir a los eventos de “SENDERO SEGURO” que CLARA BRUGADA tenía cada semana en las diferentes colonias, posar para la foto y hacer como que todo marchaba bien, nunca nos animamos a denunciar en esos espacios tales situaciones, aferrándonos a la promesa de que todo cambiaría, y también, porque para ese momento ya habían comenzado las amenazas de despido y de hostigamiento laboral por parte de las coordinadoras del proyecto por parte de la alcaldía, quienes comenzaron a decirles a las nuevas compañeras que entraban al mismo, que si éste no avanzaba era por nosotras, porque no queríamos trabajar, y no nos interesaba realmente aportar a “disminuir” la violencia de género.

En un intento desesperado por encontrar respuesta, acudimos a diferentes instancias que pudieran apoyarnos, y fue en ese momento, que muchas de nosotras comprendimos lo que es el “outsourcing” y por qué funciona bastante bien para la protección de los patrones y sus prácticas violatorias a los derechos laborales. Fue la misma Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) que nos capacitó meses antes para este trabajo, la que nos aseguró que ellos no podían hacer nada por toda la violencia institucional y laboral que vivíamos pues nuestro contrato estaba mediado por una A.C. y que no podíamos “tocar” a la alcaldía ni a sus funcionarios, pues ellos no tenían un contrato laboral con nosotras, así que aunque sabían de la vinculación directa de la ALCALDIA en esta situación no hicieron nada.

De la misma forma, las coordinadoras del programa nos negaron la atención, argumentando que no había nada que denunciar, pues no estábamos medio muertas para hacerlo, ni siquiera por la exposición por la COVID-19 que mantuvimos todo los meses laborados al no tener los mínimos materiales de salubridad para nuestra labor (gel, cubrebocas y caretas).

Para el mes de octubre, ante la declaratoria de que haríamos pública nuestra situación laboral, el recurso bajó, se nos agilizó el pago y volvimos a tener una “reconciliación” con nuestras agresoras ante la promesa de que todo mejoraría, pero eso, como ya sabemos, nunca pasó, estamos a un mes de que el proyecto cierre y no nos queda claro en qué se fue el dinero de dicho proyecto, pues no contrataron más orientadoras (aunque ante los medios se jactaban de tener a 230 trabajadoras como mencionamos anteriormente), el material que se nos dio fueron unos cuantos flyers, tarjetas de presentación de la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada y “directorios” para repartir, y unas ruletas muy graciosas sobre los tipos de violencia que nos recordaba una y otra vez todas esas que habían sido ejercidas sobre nosotras en este tiempo.

Además de dejarnos claro que dicha violencia institucional cometida por omisión y comisión de parte de ALCALDIA no era sólo hacia nosotras, sino a toda la estructura de trabajadoras que son de base y de apoyo de programas de las diferentes direcciones, ya que al verse rebasadas las coordinadoras del proyecto en tiempo y en números, decidieron “fortalecer” al grupo de orientadoras con mujeres trabajadoras de la alcaldía, compañeras territoriales, servidoras del pueblo y de otras áreas administrativas, quienes ahora harían nuestra labor para poder tener un mayor número de “visitas”, mujeres que no tenían experiencia en trabajo sobre violencia y su prevención y que fueron, al igual que nosotras, enviadas sin una clara dirección sobre lo que tenían qué decir o cómo realizar dicha labor, y exigiéndoles además gestionar un proyecto que tenía su propio recurso, sin recibir el pago justo por la jornada extra de trabajo.

Cada una de ellas nos contó sus historias, y en todas quedaba claro la violencia y los malos tratos a los que eran y son sometidas por las diferentes direcciones lideradas por mujeres que “luchan en contra de la violencia hacia la mujer”: desde obligarlas a hacer trabajos que no les corresponden sin sueldo mayor, hasta gritos directos y amenazas de correrlas si no se “cuadraban” a las indicaciones de sus superiores, expuestas de la misma forma que nosotros, a las calles de las colonias más violentas sin seguro social, acompañamiento, protocolos de seguridad, y/o algo que no las volviera parte de ese número de mujeres agredidas en calle.

Muchas de ellas ya contaban con un historial amplio de eventos de violencia como son asaltos, intimidaciones, amenazas, etc., que por supuesto la ALCALDIA no resolvía y mucho menos asumía como riesgos de trabajo. La situación continua igual para quienes aún seguimos en el espacio y no hemos podido salir de dicha vorágine de violencia, quienes hacemos peticiones mínimas de seguridad, de material y de claridad en la metodología abordada somos tomadas como personas no gratas, algunas han sido castigadas con salarios menores, quitándoles días laborales y otras expuestas al COVID-19, ya en muchos grupos se han tenido casos cercanos de contagio etc.

Y para colmo, nos volvimos parte de la fuerza laboral política de CLARA BRUGRADA, aunque no hubiera para material de difusión, siempre hubo recursos para sus tarjetas de presentación que teníamos que entregar, con todo el proselitismo que eso significa Por supuesto, para quienes exigimos una y otra vez congruencia en el proyecto se nos dejó claro que no continuaríamos el siguiente mes, la renovación de contrato es un tema que no queda claro, aunque se sabe que se quedaran sólo aquellas mujeres que asumieron las violencias y no chistaron en nada o peor aún, aquellas que nos acosaban laboralmente y fungían más como capataces que como orientadoras comunitarias, situación que era avalada y promovida por las autoridades.

Y bueno, muchos dirán ¿para qué quieren seguir ahí si las tratan tan mal? Culpabilizándonos nuevamente, como lo han hecho históricamente, de las violencias que otros ejercen sobre nosotras, sin entender que muchas de las “orientadoras comunitarias” también son madres, hermanas, esposas, estudiantes, que requerimos un sustento para sobrevivir a la situación de pandemia que estamos pasando y que dejar a ese sujeto (en este caso sujeta) que nos fue violentando de a poco no es sencillo, y que lo que pedimos para sentirnos con cierta justicia es que a esas que violentan se les exija que no pueden hacerlo más, porque muchas mujeres a su cargo seguirán viviéndolo el próximo año y el que viene y el que viene.

La justicia para nosotras no radica en dejar o no un trabajo, radica en generar condiciones dignas para todas, condiciones laborales e institucionales libres de violencia y eso no se logrará si no denunciamos y tenemos el respaldo público y del pueblo consciente que observe y que nos arrope, no sólo para este mes, sino para todos los que vienen. Nos queda claro que el “feminismo” institucional, al menos el de CLARA BRUGADA y todas las funcionarias públicas involucradas en nuestro caso, no es real, no existe, es una farsa para mantenerse en ese Estado patriarcal que las arropa y les permite volverse violentadoras en todo el sentido de la palabra.

Las denunciamos porque no queremos perder nuestra voz, ni mucho menos nuestra dignidad, porque han sido meses de estrés constante y dolor, al sabernos tan ignoradas y pisoteadas. Queremos mujeres que realmente estén comprometidas con los cambios institucionales y no mujeres como ANGELICA OLIVARES o sus “favoritas” que además sabemos, se manejan en colectivas “feministas” y en espacios autogestivos como la “mercadita feminista” y páginas de grupos feministas laborales, donde a muchas de nosotras nos engancharon con su “vacante” para un proyecto que jamás tuvo por objetivo mejorar la situación de violencia contra las mujeres que siguen esperando que los compromisos verbales se hagan realidad.

Demandas:

1. Cese del hostigamiento y amenazas a las trabajadoras que denunciamos las irregularidades, abusos y violaciones de derechos humanos cometidas contra las trabajadoras del proyecto SIEMPREVIVAS y de base de la alcaldía Iztapalapa. Investigación y sanción de las responsables.

2. Contratación apegada a la Ley Federal del Trabajo y la Constitución de la CDMX por parte de la alcaldía Iztapalapa de todas las trabajadoras del proyecto SIEMPREVIVAS. Anulación de todos los contratos por outsourcing.

3. Garantizar todos los derechos laborales a las trabajadoras del proyecto SIEMPREVIVAS y garantizar la protección de su integridad física y psicológica en el desarrollo de su trabajo en zonas de alta violencia contra las mujeres.

4. Investigar y sancionar todas las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarias de la alcaldía Iztapalapa en especial por Angélica Anaei Olivares Ocaranza Jefa de la unidad de promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad sustantiva y de sus coordinadoras, quienes son las principales responsables del hostigamiento y amenazas en contra de las trabajadoras.

5. Investigación y sanción por la forma ilegal e irregular de contratación por parte de Constructo Arte Público A.C y de los funcionarios de Iztapalapa involucrados en la misma así como auditoria sobre el recurso del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública FORTASEG.