LA SUBCONTRATACIÓN O TERCERIZACIÓN EN EL TRABAJO ¿A QUIÉN BENEFICIA?

Participación del Lic. Jesús Luna Arias,

Especialista en Derechos Laboral y

colaborador voluntario de Frecuencia Laboral,

Programa del 07 de diciembre de 2019,

Publicación original de www.frecuencialaboral.com

La falta de estabilidad en el empleo, los bajos salarios, la no inscripción de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, son factores que inciden de manera particular en la vida de los trabajadores.

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 hace mención que todos los mexicanos gozamos de los derechos humanos reconocidos en nuestra carta magna y en los tratados internacionales. También hace mención que las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, siendo el Estado obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación de los derechos humanos. Sin embargo, estas bellas disposiciones no se cumplen y tampoco se exigen por parte de los afectados. Lo que si existe es una constante violación a los derechos humanos de los trabajadores, por parte de los patrones.

Con la reforma laboral en el año 2012 se legalizó la subcontratación o tercerización en el trabajo. En este año, 2019, se realizó otra modificación a la Ley Federal de Trabajo (LFT) sin que se modificara el sistema de subcontratación o tercerización en el trabajo.

SUPRESIÓN O MODIFICACIÓN

La comisión de trabajo y seguridad social de la cámara de senadores, discutió la iniciativa propuesta por el presidente de la comisión de trabajo, el senador Napoleón Gómez Urrutia, de supresión o modificación de las disposiciones contenidas en la LFT de la subcontratación o tercerización en el trabajo (del neologismo inglés: outsourcing). Lo que se acordó fue que se reglamentara.

En la exposición de motivos de esta iniciativa se proporcionan los elementos por los cuales se hace necesario modificar las formas y las prácticas de la tercerización o outsorcing. Dichos motivos son los siguientes:

•  El modelo neoliberal y las prácticas indebidas de las autoridades han contribuido a que existan graves problemas que impactan en lo laboral, en la seguridad social, en lo fiscal y en lo penal.

•  En los tres últimos sexenios se dio la proliferación y crecimiento de grupos delincuenciales que invadieron el país con esquemas ilegales de subcontratación, denominados generalmente como outsourcing. Siendo consentida y en muchos casos aplicada por los tres poderes de gobierno

•  Estas prácticas impactan directamente en los derechos laborales de los trabajadores, entre ellos, el derecho a la sindicación y los derechos de seguridad social, así como una merma al Fisco Federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social.

•  Las principales notas distintivas de estos grupos criminales de subcontratación (outsourcing ilegal) son:

•  La migración de los trabajadores de empresas o centros de trabajo generalmente mediante una substitución patronal a entes creados exprofeso para recibirlos como sus empleados y encargarse del manejo y pago de nóminas.

•  Las actividades laborales de los trabajadores siguen siendo las mismas en beneficio de la empresa o centro de trabajo, pero mediante esquemas de simulación, en las cuales otra empresa es el patrón

•  El simular que los trabajadores ya no son parte formal de la empresa en la que realmente laboran y así generar artificialmente una relación laboral que afecta directamente a aquellos en cuanto a derechos que les asisten. Además de afectar al Fisco Federal con la expedición de facturas que surgen de dicha simulación y eludir las cargas de seguridad social.

•  Con la ilegal y simulada subcontratación existe la expedición de comprobantes fiscales sustentando operaciones que desvirtúan la realidad. A estos grupos de outsourcing ilegal se identifican también con el fenómeno delincuencial de los "factureros".

•  Existe complicidad entre la empresa que contrata y el contratista para proporcionar trabajadores con menos prestaciones, sin seguridad social y sin estabilidad en el empleo.

En esta iniciativa se propone que quienes hubiesen participado en la ejecución de una subcontratación simulada y hayan sido omisos en el cumplimiento del pago de las utilidades, tengan que cubrir de forma espontánea o voluntaria el pago de las mismas a los trabajadores que fueron omitidas durante el periodo de la subcontratación ilegal.

Para el cumplimiento de la obligación de todo contratante que hubiere omitido el pago del reparto o participación de las utilidades en favor de los trabajadores a propósito de haber participado en la ejecución de una subcontratación que resulte simulada. Estos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de la publicación de este decreto, para cubrir espontáneamente a los trabajadores afectados en sus derechos fundamentales.

En cuanto comenzó a circular la información de que la comisión de trabajo y seguridad social habían aprobado la modificación a la LFT, el sector empresarial manifestó su desacuerdo con las modificaciones. L os patrones aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) emitieron comunicados donde advierten que de aprobarse la iniciativa presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, habrá efectos contrarios para el país porque:

•  Se pone en riesgo miles de empleos

•  Se estaría ante un acto de inconstitucionalidad

•  Se desalenta la inversión

•  La economía del país se pone en riesgo

•  Se afectaría la competitividad, la sustentabilidad y la estabilidad de las empresas

•  Se pone en riesgo la ratificación del Tratado de México-Estado Unidos- Canadá (T-MEC)

•  Se genera un grado de incertidumbre enorme, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera

Ante las posiciones marcadas por el sector empresarial el senador Ricardo Monreal, quien encabeza la junta de coordinación política del senado, puso freno a la discusión en pleno y mandó la iniciativa a nuevas discusiones a través del parlamento abierto. El presidente Manuel López Obrador se refirió en su conferencia de la mañanera que su gobierno carece de opinión definida sobre el  outsourcing  (subcontratación de empleados). Consideró necesario que el Senado abra una consulta y se manifiesten empresarios, trabajadores, especialistas y la sociedad en general.

Los únicos que no han manifestado su posición son los trabajadores, no obstante ser los más perjudicados. Baste recordar en lo que se refiere a l pago de pensiones, que según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) sólo veinticuatro de cada cien trabajadores tendrán oportunidad de tener una pensión, y de estos sólo siete tendrá una pensión mayor al salario mínimo. Esto debido fundamentalmente a los bajos salarios de cotización y a la falta de estabilidad en el empleo.

Si se sabe que existe evasión fiscal, que no se cumplen las normas constitucionales y las leyes laborales y de seguridad social, la pregunta obligada es: ¿Por qué el gobierno, los legisladores y el poder judicial permiten estas ilegalidades? ¿Por qué a un ciudadano común cuando comete alguna falta se le aplica la ley; ¿mientras que a los patrones que se enriquecen violando las leyes se les aplica abrazos y besos, perdón y olvido?