EJIDATARIOS YA LIDIAN CON CONTRATOS DE SERVIDUMBRE

*El Ejido "La Sierrita", en Durango es Una Muestra Viva del Despojo que Aprobarán con la Ley de Hidrocarburos

*Funcionarios, Senadores y Diputados Legalizarán la Violación de los Derechos Humanos con Leyes Energéticas

Por Antonio Peregrino Rojo

Colaborador de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Los "contratos de servidumbre" que pretenden imponer los senadores de la República y los Diputados Federales, para que las empresas petroleras y de electricas privadas, ofrezcan empleo a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios a cambio de su tierra o de lo contrario serán expropiados, tienen su antecedente en las empresas mineras transnacionales que operan a lo largo y ancho del país las cuales ni cumplen con su oferta, pero si los despojan.

Al ejido "La Sierrita" del Estado de Durango, llegaron en el 2004 los representantes de la empresa minera canadiense Excellon Resources, proponiendo que les rentaran 4 hectáreas o amenazaban con expropiarlas. Al momento de firmar el contrato, el documento estipulaba que se trataba de 27 hectáreas, pero pagarían como si fueran sólo 4. "Por la necesidad económica y por el temor a ser expropiados los ejidatarios firmaron", comentó Dante López, integrante del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (PRODESC).

En entrevista durante la transmisión del programa Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, Dante López narró que en el 2008 después de un proceso de defensa de derechos humanos, los ejidatarios decidieron firmar un contrato por mil 100 hectáreas con beneficios sociales, económicos y medio ambientales.

De estos tres tipos de beneficios la empresa minera canadiense Excellon Resources, sólo cumplió con sus compromisos económicos como el pago de renta, el pago de un fondo social y becas escolares. En todo lo demás incumplió como la construcción de una planta tratadora de agua, otorgarles a los ejidatarios la concesión del transporte del mineral, el comedor a los trabajadores, además dar prioridad a los los hijos e hijas de los ejidatarios para que trabajen en la mina. No cumplió.

Además, sin permiso de la asamblea ejidal, realizó exploraciones fuera de las mil 100 hectáreas.

Esto demuestra que a pesar de que esté estipulado en un contrato si los empresarios no tienen voluntad de cumplir, los convenios se quedan en el papel y los dueños de la tierra tienen que gastar recursos, tiempo y energía en tratar de recuperar su propiedad, porque la minera se queda con ella.

"Se ha acudido a Canadá a difundir el caso y poner en la mira pública a la empresa y se han hecho manifestaciones pacíficas, como fue en el 2012, y para detenerla los ejidatarios sufrieron una incursión de la policía local, la policía estatal y del ejercito. Además de que hubo desalojo violento de los dueños de la tierra que hicieron un plantón en la mina -que está en su propiedad- por grupos de choque de México, en donde participó el director de Operaciones de la empresa minera transnacional, que vino directamente de Canadá, Roger Moore".

Dante López, defensor de derechos humanos, narró que por todo ello los ejidatarios de "La Sierrita" quieren deshacer el contrato -que llamarán de servidumbre en las leyes secundarias en materia energética- pero fue necesario interponer una demanda de recisión del contrato ante el Tribunal Agrario de Torreón, Coahuila en el año 2012, que todavía no se resuelve. Mientras la minera canadiense sigue explotando su tierra.

Ese será el futuro de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios si aceptan firmar "contratos de servidumbre" que impondrán el gobierno de Peña Nieto y los legisladores con las reformas energéticas, para beneficiar a los empresarios petroleros y del sector eléctrico y minero.

Dante López subrayó que estas leyes secundarias los diputados federales y senadores estarían legalizando la violación de los derechos humanos establecidos, porque los dueños de la tierra tienen derecho a decidir sobre su tierra. Si se desarrollará un proyecto minero, eléctrico o petrolero en sus bienes, tienen derecho a hacer una consulta libre, previa e informada antes de decidir. Eso está estipulado en tratados Internacionales y en el Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo y en la propia constitución mexicana.

Año 8. No. 445. del 22 al 28 de junio 2014