Entro en vigor la Ley de Movilidad en el Distrito Federal, el 17 de julio del 2014, la cual autoriza al uso de la fuerza pública contra manifestantes que no soliciten permiso previo para realizar su marcha o mitin y los obliga a replegarse o confinarse a algunas calles y horarios. De lo contrario serán reprimidos por las autoridades de la Ciudad de México. Ante lo cual Organizaciones no Gubernamentales consideran la posibilidad de ampararse.

Diputadosde la Asamble Legislativa del Distrito Federal, en su mayoría del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aprobaron para la ciudad de México, la misma propuesta de la Ley de Manifetaciones que presentaron el PAN y PRI tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores. Y que, paradójicamente, allá fue frenada por los diputados federales perredistas, al solicitar una opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que todavía está pendiente, por considerarla violatoria de los derechos humanos a la libre manifestación y de expresión.

Pero a nivel local los perredistas la aprobaron porque enla ciudad de México el PRD está al frente del gobierno.

Por lo cual Héctor Cortez, dirigente del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. dijo que las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Manifestación, solicitarán a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interpongan una controversia constitucional. Y analizan la posibilidad de solicitar un amparo.

Explicó que el derecho de asociación y manifestación pública está garantizado como derechos humano en la constitución, por lo cual tratar de imponer una obligación de solicitar permiso o confinar la manifestación a determinadas calles, limita ese derecho humano.

Dijo que sí estarían de acuerdo en que la autoridad solicite que los manifestantes informen sobre su movilización o protesta pública, pero sólo para tomar precauciones sobre el flujo vial, pero no para limitarla o confinarla.

Por otra parte, informó que ya lograron la suspensión de la aplicación de la denominada "Ley Bala" en el estado de Puebla, que encabeza el PAN, cuyo gobernador Moreno Valle utilizó la represión con balas de goma contra manifestantes el 9 de julio del 2014 del poblado de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, en donde resultaron heridas más de cuarenta personas. Pero falta que se logre la suspensión, por amparo, de la Ley Bala en los estados de Chiapas y Quintana Roo.

De acuerdo a un comunicado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que condenó los hechos, se destacó que los casos más graves son los del niño José Luis Alberto Tautle Tamayo de 13 años, quien se encuentra actualmente en estado vegetativo; Vicente Tecalero Jiménez de 21 años de edad, quien tiene impacto de bala de goma en el cráneo; Hugo Jiménez Varela de 26 años de edad, quien está a punto de perder el ojo; Martín Romero de 65 años de edad, quien se encuentra con lesiones en toda la cara y requiere reconstrucción, esto a consecuencia del impacto de bala de goma en su rostro, además de que su estado de salud se complica ya que es diabético.

"El responsable directo de estos hechos represivos fue en primera instancia el Ejecutivo Estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle y aplicado y coordinado por el Secretario de Seguridad Pública en Puebla Facundo Rosas Rosas, quien en su trayectoria de violaciones a derechos humanos fue, en su calidad de Comisionado General de la Policía Federal, el responsable por la muerte de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en un desalojo en la Autopista del Sol en diciembre de 2011, así como también por Ofelia Flores Ramos, Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial en Puebla, con una trayectoria que se ha caracterizado por montajes mediáticos para justificar excesos político-policíacos.

Llama la atención que ambos fueron impuestos por el gobernador de Puebla, así mismo que son funcionarios gubernamentales cercanos al policía político Genaro García Luna, ligado a corrupción, violaciones a derechos humanos y operador comercial beneficiando a empresas afines en el sexenio de Felipe Calderón, mismo que mantuvo una alianza fiel con la hoy procesada por delitos federales Elba Esther Gordillo, protectora y promotora política del actual gobernador Rafael Moreno Valle", destaca el comunicado de la CNTE en Puebla.