Las ordenes de aprehensión en contra de los dirigetes de la disidencia magisterial en Guerrero, Minervino Morán y Gonzalo Juárez, el miércoles 23 de abril del 2013, no hicieron mella entre los inconformes que se oponen a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que se aprobó con el apoyo de la mayoría del PAN y PRD, porque no se consultó a la ciudadanía y pretende eliminar sus derechos humanos laborales humanos y acabar con la educación pública y gratuita. Por el contrario, al paro indefinido se sumaron maestros de Michoacán.

Los plantones, mítines y marchas con bloqueos en la autopista de El Sol continuaron por parte del magisterio de Guerrero, en donde la reforma educativa amenaza con estallar una guerra civil. Eso debido a que el congreso estatal rechazo la propuesta de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), de asignar anualmente mil 500 plazas para los profesores egresados de las escuelas normales rurales, así como eliminar la amenaza de quitarle su trabajo a los profesores que no pasen un exámen de evaluación. (Leer Noticia Relacionada: MAESTROS DE GUERRERO ¿AL BORDE DE UNA GUERRA CIVIL? link: http://www.frecuencialaboral.com/maestrosreformaeducativaguerracivilenguerrero2013.html)

En tanto que el 22 de abrirl del 2013 Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación integrada a la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, anunció que a partir de ese día se declaraba enparo indefinido de labores hasta que se abrogue la reforma educativa.

El enfrentamiento entre narcotraficantes y policías comunitarios que dejó un saldo de 10 muertos, fue un hecho adicional que paralizó las actividades educativas en Michoacán el 29 de abril del 2013. Las autoridades educativas decidieron suspender clases en el municipio de Apatzingan, luego de que el domingo se liaron a balazos en Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec.

Aunque los medios de difusión han omitido hablar del paro en Michoacán, al que descalificaron señalando que no había tenido eco entre la mayoría de maestros el comunicado de la sección 18 del SNTE firmado por el profesor José Ortega señala lo siguiente.

"Hoy, 22 de abril del año 2013, el magisterio michoacano, nos dirigimos a ustedes para hacer saber la determinación que hemos tomado de asumir nuestros deberes cívicos, frente a las reformas laboral, energética, fiscal y educativa, y lo hacemos una vez que tocamos todas las puertas de gobierno, que buscamos oídos para nuestras peticiones, que solicitamos la protección de la justicia ante los tribunales, que públicamente hemos solicitado ser incluidos en las discusiones para la construcción del modelo educativo que requiere este país, y la respuesta ha sido negativa.

Pero, al mismo tiempo, el trato que nos dan es de difamación desde los medios de comunicación, para justificar el uso de la represión policiaca. Por todo lo anterior, a partir de esta fecha NOS DECLARAMOS EN PARO DE LABORES POR TIEMPO INDEFINIDO, hasta lograr respuestas satisfactorias en lo referente a:

1. La abrogación del decreto, emitido por Enrique Peña Nieto, que reforma los artículos 3° y 73 de la Constitución, por lesionar el carácter gratuito de la educación al imponer cuotas a los padres de familia, y permitir que la educación sea un negocio de los empresarios; por lesionar los derechos sociales y laborales, legítimamente legados por los hombres que nos dieron Patria; por pretender instituir el contratismo y buscar el despido de más de un millón de maestros con un examen tramposo, que no es una evaluación; y por buscar un mayor empobrecimiento de los contenidos educativos, en detrimento de la formación integral de los estudiantes.

El castigo correspondiente a Elba Esther Gordillo Morales por el despojo de nuestro dinero y otros delitos cometidos contra el magisterio y el pueblo de México. Que se realice un proceso de elección de los representantes en nuestro sindicato, donde todos los profesores participemos. Desconocemos la imposición, por parte del gobierno federal, de Juan Díaz de la Torre, miembro de la mafia de Elba Esther.