Son Contratados por Hora y sin Prestaciones Sociales

DEPAUPARIZACIÓN DE DOCENTES EN UNIVERSIDADES

Por Carlos Guillén

Secretario del Exterior del SUTIN

Colaboración Voluntaria para Frecuencia Laboral

Con el argumento de que deben abatir costos y que los contratos colectivos o condiciones generales de trabajo son costosos, en las universidades públicas del país y escuelas de educación media superior, hace tiempo se vienen haciendo contrataciones de personal docente y administrativo en condiciones de pauperización laboral. Se contrata personal a través de empresas privadas o se hace directamente, pero pasando por encima de las organizaciones sindicales titulares de la materia de trabajo y en condiciones no sólo por debajo de las pactadas con los sindicatos, sino incluso por debajo de los mínimos establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores así contratados, no tienen estabilidad en el empleo, ya que son contratados por obra o tiempo determinado, incluso por horas, siempre evitando que sea por plazos que les permitan generar antigüedad.

Se omite la inscripción del personal así contratado a las instituciones de seguridad social, por lo que su salud y la de sus familiares dependen de sus posibilidades de acceso a los servicios médicos privados. Tampoco están registrados en las instituciones de vivienda. Las prestaciones como vacaciones, ayudas diversas, aguinaldo, pagos por productividad y demás, son letra muerta para ellos. Como no son sujetos de la contratación colectiva, los incrementos salariales dependen de la voluntad de los burócratas a cargo de su contratación.

En el colmo, esos trabajadores docentes y administrativos de universidades públicas ni siquiera son considerados como trabajadores, pues para las instituciones a las que su trabajo contribuye a funcionar, son prestadores de servicios, proveedores o cualquier otra denominación, menos aquella que defina una relación laboral. Estas condiciones impiden cualquier tipo de planeación personal, ya sea profesional o familiar.

Las instituciones públicas de educación, investigación y cultura, hace tiempo viven serios problemas a causa del poco interés de los gobiernos en estas actividades. A pesar de la importancia que debieran tener en la vida nacional, universidades, centros de investigación e instituciones de cultura, no cuentan con los presupuestos adecuados que les permitan cumplir adecuadamente las funciones que la legislación correspondiente les asigna. Poco parece importar el futuro de estas instituciones a quienes elaboran y a quienes aprueban el presupuesto, es decir, a quienes diseñan las políticas públicas del país y definen el rumbo de éste.

Son muchos los problemas derivados de esta carencia, lo que se refleja lo mismo en la deficiente infraestructura, que en los resultados de sus actividades. Uno de los aspectos más visibles se da en el terreno laboral.

Un pretexto común para justificar este atropello es que no realizan actividades permanentes. Esto es falso, pues se trata de trabajadores académicos, investigadores o personal de apoyo, que realiza las mismas actividades que el personal regular de las instituciones, sin contar con las condiciones del mismo, también insuficientes.

Como ejemplo, podemos mencionar el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Esta institución es la encargada por ley de hacerse cargo de 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX, 29 mil zonas arqueológicas registradas, aunque se calcula la existencia de alrededor de 200 mil, de las cuales solamente 180 están abiertas al público. Asimismo es responsable de más de 120 museos de diferentes categorías. Para atender esto cuenta con alrededor de 4 mil trabajadores de los que aproximadamente 800 son académicos divididos en las diferentes disciplinas que aborda, aunque en su apartado de Investigación Académica refiere que son 400 académicos dedicados a la investigación científica. También deben hacerse cargo de enseñar en las escuelas dependientes del Instituto: Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México.

Estas responsabilidades se cumplen por el personal permanente, pero una buena parte del trabajo está a cargo de los contratados irregularmente, sea profesores de asignatura, personal de campo, investigadores o personal de apoyo. Los excelentes resultados que presume el INAH no serían posibles si no se contara con la colaboración de los cientos o tal vez miles de trabajadores a quienes se niega incluso reconocerlos como tales; hombres y mujeres que en la mayoría de los casos firman contratos temporales, generalmente por 3, 4 y hasta 5 meses y medio.

Otro ejemplo está en el Instituto de Educación Media Superior del DF. Aquí se cuenta con dos sistemas escolares: el escolarizado, como en cualquier institución de educación, y el semiescolar en el que se combinan dos formas de trabajo académico, las sesiones tipo clase y el estudio independiente. A los 180 profesores que laboran en esta modalidad, a quienes para ingresar debieron cumplir con los mismos requisitos de preparación que los demás profesores y con cargas de trabajo y responsabilidades similares, se les llega a obligar a firmar documentos donde dicen que atienden a los estudiantes en sus “consultorios privados” y no en los planteles como en realidad ocurre, a fin de evitar que sean considerados como trabajadores al servicio del IEMS. Muchos de estos profesores llevan hasta cinco años de trabajar en el Instituto, pero oficialmente no llegan a seis meses.

No son estos los únicos casos, ni son las únicas consecuencias de este tipo de contratación. En algunas instituciones es común que haya contrataciones irregulares, pero no de trabajadores capacitados para realizar las actividades sustantivas, como la enseñanza o la investigación, sino de familiares o amistades de los directivos, con el único fin de ocupar plazas y favorecer intereses particulares. También se dan casos de personal que es contratado como personal de confianza, a pesar de realizar funciones que nada tiene que ver con lo que la legislación define para esa categoría. También es común que la contratación de personal a través de empresas privadas derive en que el personal de base tenga que remediar o hacer nuevamente las tareas que el personal “de terceros” hizo mal.

Otra consecuencia de este tipo de contrataciones irregulares es la competencia que se genera entre el personal de base y el irregular, lo que da lugar incluso a enfrentamientos y a que se presione a los sindicatos a fin de forzarlos a aceptar condiciones laborales menores a las pactadas.

Todos estos problemas tampoco implican un ahorro en los recursos de las instituciones ni justifican el recurrente pretexto de la falta de recursos, ya que la falta de continuidad en los trabajos, los problemas derivados de la inexistencia de seguridad social al personal contratado irregularmente, lo movilidad de este personal y la corrupción que no está ausente, generan costos mayores que los que implicaría el respeto a los derechos laborales.

Finalmente, las actividades sustantivas de las instituciones de educación, investigación y cultura, no se ven favorecidas por el clima de tensión que estas prácticas generan.

Los anteriores y otros puntos se presentaron en el reciente Foro sobre los trabajadores sin Rostro Laboral organizado por la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura. Con este Foro, se inició un proceso de información y análisis en búsqueda de mecanismos que permitan superar esta problemática, fortaleciendo a las instituciones de esos sectores, con la participación de los trabajadores y el pleno respeto a todos sus derechos.

Año 8. No. 434. del 06 al 12 abr. 2014