El Acuerdo de San Quintin Para los Derechos Laborales fue un Cuento

JORNALEROS SIGUEN LA EN SEMIESCLAVITUD

Por María de Lourdes Martínez González

Periodistas y Conductora de Frecuencia Laboral

Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

Debido a que hay funcionarios públicos, cuyos parientes, amigos o prestanombres son los rancheros que mantienen en la semi esclavitud a los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, ninguna autoridad ha hecho cumplir el convenio mediante el cual tanto el gobierno federal, como el local, se comprometían a aplicar la Ley Federal del Trabajo, para que los trabajadores del campo de la región, sean afiliados al Seguro Social, tengan derecho a día de descanso, vacaciones, reparto de utilidades y otras prestaciones que les corresponden.

En entrevista con Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, el 27 de julio del 2015, Justino Herrera uno de los dirigentes de Alianza Nacional, Estatal y Municipal de Asociaciones para la Justicia Social dijo que el problema de fondo es que entre autoridades y rancheros hay lazos de complicidad para sobre explotar a los trabajadores agrícolas de San Quintin.

"Dentro de los rancheros hay dos funcionarios públicos, Manuel Valladolid, es el secretario de Fomento Agropecuario del gobierno local. Y su primo es secretario de Finanzas. Son patrón son gobierno y son parte de la mesa directiva de los agricultores, hay una mafia entre gobierno y patrones para violentar los derechos de los trabajadores. Ya se ha denunciado con los senadores, a quienes les estamos pidiendo que se retire a esos rancheros del gobierno. También hay mafia con el gobierno federal porque un ranchero es Felipe Ruiz Esparza, hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes. Hay mafia y por eso difícilmente los pobres podemos tener nuestros derechos...pero nosotros vamos a ganar esa lucha".

Ese mismo día se realizó una reunión en Ensenada, capital de Baja California, entre dirigentes de la Alianza, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo del gobierno de Baja California, para discutir el tema de la afiliación de los más de 24 mil trabajadores y trabajadoras del campo ocupados en los ranchos de San Quintín, a quienes les han negado su derecho a reciban atención médica, al seguro para recibir una pensión en caso de accidentes o enfermedad, a la atención materno infantil, guardería y una jubilación por antigüedad en el trabajo.

La afiliación de todos los jornaleros al servicio de los casi 200 ranchos de la región es uno de los acuerdos que se firmaron el 4 de junio del 2015. Pero a casi dos meses de que fue firmado el convenio, ni las autoridades del gobierno federal ni del gobierno local ni los dueños de los ranchos han cumplido con el compromiso de aumentar el salario a los jornaleros agrícolas de San Quintín y pagar sus prestaciones sociales como establece la ley, aun cuando el compromiso incluría que empezaría a implementarse en la primera semana de julio del 2015.

Justino Herrera, dirigentes de Alianza Nacional, Estatal y Municipal de Asociaciones para la Justicia Social recordó que él se negó a firmar ese convenio, porque lo modificaron violando los aucerdos de la reunión del 20 de marzo del 2015, al inscribir que se les otorgaría un aumento a su "salario integrado", cuando debería decir a su salario diario. (Leer Noticia Relacionada: ENGAÑAN A JORNALEROS DE SAN QUINTIN link: http://www.frecuencialaboral.com/jornalerosanquintinaumentosalarialamediasyamañado2015.html)

Sin embargo 12 de los dirigentes de la Alianza firmaron ese convenio y sólo Justino Herrera se negó a sumarse, porque con el salario integrado en términos reales se les reduciría entre 40 y 80 pesos su ingreso diario, el cual se estableció en , 180 pesos para los jornaleros agrícolas de los ranchos tipo A, 160 pesos para los de ranchos tipo B y 150 pesos para los trabajadores de ranchos tipo C.

"Pero las autoridades no han venido ni a definir cuáles son los ranchos de tipo A, B o C y por lo tanto siguen pagando lo mismo que es entre 130 y 150 pesos diarios, sin derecho a nada más, por lo que yo seguiré luchando hasta que ganemos...". Y el compromiso del gobierno federal y local fue iniciar ese proceso durante la primera semana de julio, la cual ya pasó.