Por Fraude con Créditos Habitacionales
TRABAJADORES "CHIVOS EXPIATORIOS" DE FOVISSSTE
*La PGR Procesó a sus Propios Empleados por Recibir Créditos Habitacionales Superiores a lo que les Correspondía.
Por María de Lourdes Martínez González
Periodista de Frecuencia Laboral
Miles de empleados públicos fueron advertidos por la Procuraduría General de la República (PGR) que si no pagan en una sóla exhibición su crédito habitacional en enero del 2012, serán encarcelados como le ocurrió a cien empleados de esa dependencia, debido a que recibieron por parte del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado ( FOVISSSTE) un préstamo más alto del que les correspondía.
Trabajadoras de distintas de pendencias públicas se presentaron a denunciar lo anterior en la manifestación de "Los Indignados" que se plantó frente al Palacio Legislativo de la Ciudad de México, minutos antes de que iniciara la sesión de instalación de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y la de Senadores, el pasado 01 de septiembre del 2011.
Una de ellas tomó el micrófono para informar que se trata de un fraude que cometieron altos funcionarios de Fovissste y las empresas bancarias intermediarias, conocidas como Sofoles, pero quieren solventar su delito usando a los empleados públicos como "chivos expiatorios".
"Estamos aquí empleados públicos de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, del Metro, de la PGR, del Instituto Mexicano del Seguro Social...en fin, venimos de distintas dependencias públicas...este fraude se cometió a nivel nacional en todas las dependencias... falsificaron talones de pago las constructoras, las Sofoles, los sindicatos y, principalmente funcionarios de Fovissste. Ahorita nos están exigiendo que si no pagamos la demasía para enero del 2012 tocaremos reclusorio como lo hicieron 100 compañeros de la PGR".
Agregó que la mayoría de ellos ganan quincenalmente entre mil 200 y mil 500 pesos y la opción que les ofecen las autoridades del Fovissste -que es una dependencia federal del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores, para tramitar la dotación de vivienda para los empleados públicos- es que se contacten con un banco privado y soliciten un crédito personal.
"Pero nosostros no somos sujetos de préstamos bancarios...en mi caso yo les hablo de que debo 256 mil pesos, que si no los pago voy a perder la libertad al igual que mis compañeros, perdemos la casa y perdemos el trabajo...nuestros sindicatos que fueron los que nos metieron en este problema, principalmente se están haciendo tontos y no nos dan la cara ni nos quieren amparar. Diganme si nosotros teníamos acceso a los datos de Fovissste, para que pudieramos alterar nuestros sueldos".
El 11 de agosto del 2011, la diputada federal Laura Itzel Castillo, sometió a consideración ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para citar a comparecer, "en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la aprobación de esta proposición", a los titulares de Sociedad Hipotecaria Federal, Javier Gavito Mohar, y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Manuel Pérez Cárdenas para que informen acerca de la vivienda sobrevaluada y el esquema para el otorgamiento de los créditos, "y para que construyan una propuesta justa de solución, tomando en cuenta que el problema tiene un carácter social, como lo demuestran los miles de casos denunciados, fiel reflejo de una política generalizada".
Una semana después, el pasado 31 de agosto del 2011 concluyó el periodo de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso y este asunto quedó en suspenso. Por lo cual tendrá que volverse a plantear, pero ahora en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.
La diputada federal explicó que una comisión de trabajadores de la Procuraduría General de la República acudió a la Cámara de Diputados para denunciar que el pasado mes de julio, más de cien trabajadores de la PGR fueron encarcelados acusados de haber cometido fraude contra el Fovissste.
"Las constructoras han fomentado la sobrevaluación de las viviendas de los trabajadores, y ahora se imputa injustamente un fraude llevado a cabo con documentación supuestamente alterada por los éstos. Aunado a lo anterior, se ha publicado en la página web de Fovissste un “acuerdo” donde se sentencia a todos los trabajadores beneficiados con créditos a pagar de forma inmediata cantidades elevadas, que van desde $200 000.00 hasta $320 000.00, como requisito para otorgar el perdón de la querella que se ha formulado ante la PGR. Además de eso, muchos trabajadores han perdido su casa".
Agregó que se han autorizando órdenes de aprehensión en contra de los trabajadores y se han fijando fianzas excesivas para estos trabajadores (que tendrían aportar su sueldo íntegro de 5 años para pagar esa deuda), aún cuando en ningún momento se ha demostrado que hayan tenido la intención de engañar al Fovissste para obtener un beneficio.
"Como agravante, se ha sentenciado a varios trabajadores a que, además del descuento vía nómina que se les hace para el pago de sus créditos, paguen adicionalmente la misma cantidad en fichas de depósito de instituciones bancarias. Con este doble pago, exigido como parte de los requisitos para retirar la querella contra los trabajadores acusados de fraude, éstos deben destinar todo su ingreso para pagarle al Fovissste, lo que perjudica su estabilidad laboral, económica y familiar".
De acuerdo con trabajadores de la PGR, los créditos fraudulentos podrían involucrar a unos 10 mil trabajadores del Gobierno Federal.
"El caso de los trabajadores de la PGR es paradigmático de la política de vivienda del Gobierno Federal y el denominado “tren de la vivienda”, que han generado estas prácticas donde se sacrifica el interés de los trabajadores para promover la especulación financiera. A la luz de esta realidad, deben evaluarse los actos imputados a los trabajadores y considerarse la posibilidad de recurrir a alguna de las figuras contempladas por el derecho penal, que eximen de responsabilidad a grupos sociales", demandó la legisladora Laura Itzel Castillo.
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