PÁGINA SOLIDARIA

En Solidaridad Publicamos Textualmente

EN MÉXICO NO HAY LEY GENERAL QUE CASTIGUEN LA DESAPARICIÓN FORZADA

*En el Senado de la República el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Dijo que en el 2011 Recomendó a México Legislar en esa Materia, Pero No se ha Hecho.

*Hay Más de mil 900 recomendaciones a México en materia de Derechos Humanos.

*En cada acto de tortura, en cada acto de violaciones a los derechos humanos, no actuamos con prontitud.

Participación de Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tercer día de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia, a las que convocan las comisiones unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, el 22 de enero del 2014.

"Voy a salirme del protocolo para retomar un punto que dejó el doctor Javier Oliva en su intervención reciente: ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Lo que yo quisiera subrayar es que llegamos hasta aquí desde hace mucho tiempo y no sólo desde los sucesos de Iguala (donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero y asesinados 3 más entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. n.d.e.)

Llegamos hasta aquí desde que en cada desaparición forzada, en cada acto de ejecución extrajudicial, en cada acto de tortura, en cada acto de mayores violaciones a los derechos humanos, no actuamos con prontitud y no detectamos que la continuidad de nuestra inacción, la inhabilidad que tuvimos para ponernos de acuerdo, la carencia de identificación de las casusas de los problemas que nos aquejan, simplemente fueron pasadas a una oportunidad posterior.

Debo decir, sin embargo, que a casi dos meses, dentro de cinco días de la presentación por el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, del mensaje –cito— “por un México en paz, con justicia y desarrollo”, estamos en la posibilidad por fin de destrabar todas esas inercias y lograr, legislativamente al menos, el punto de partida para iniciar el cambio de la situación.

No es tampoco que en todo ese tiempo hayamos sido inválidos. Sólo en el año 2014 tanto la senadora Angélica de la Peña como el senador Roberto Gil Zuarth, presentaron iniciativas para facultar al congreso a expedir una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de manera que la propuesta que la Presidencia de la República introduce ante el Honorable Congreso de la Unión, y en particular a esta Cámara, debe poder finalmente sintetizar todos los debates y esfuerzos que venimos teniendo, que no han sido públicos, en una acción final y ojalá eficaz.

¿Cuál es el sentido de la iniciativa? en un contexto en el cual también se busca abordar una situación general de seguridad que tiene varias aristas, como quienes me han antecedido en el uso de la palabra, han expresado

Lo primero que debo decir es que es un debate para el cual no la persona que es humilde, representación como Alto Comisionado, sino las instituciones del sistema internacional y el sistema interamericano, vienen desarrollando desde hace varios años un diálogo con México y desde el sistema interamericano con el continente.

El Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a cumplir ya cuatro años.

Este informe, que fue recibido por muchos de ustedes con interés, proponía ya una serie de temas de debate que hoy se nos plantea. No haré un resumen de ello porque en gesto simbólico entrego nuevamente ante ustedes el documento base.

Ejemplares adicionales obviamente podrán ser remitidos a todo el conjunto de los senadores y sus equipos de trabajo, dicho cual no es ni será sólo un punto de partida, sino también un punto aspiracional, no es sólo un menú de ideas; es también la referencia a sentencias en la Corte Interamericana, que han causado estado en varios de los países en la Región.

Y, como no escapará a vuestro conocimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha integrado el conjunto del cuerpo de sentencias del sistema interamericano, a su propia jurisprudencia.

Quiere decir entonces que contamos con varias herramientas no sólo genéricas sino también aplicadas a casos en los cuales violaciones de derechos humanos han sido sentenciadas por la Corte Interamericana, no sólo sobre México sino sobre diferentes países y que ahora debemos entonces aprovechar.

El segundo gran elemento de esta intervención es nada más hacer modesta mención a que el 3 de diciembre del año pasado (2014) remitimos por vía escrita, y obra en Secretaría, el conjunto de nuestras observaciones, en particular a los temas que en nuestro mandato se refieren a desaparición forzada y tortura.

No me toca a mí abundar sobre lo que en el documento que les he entregado y compartido ahora, es una más amplia visión sobre el tema de seguridad.

Debo, sin embargo, reforzar el argumento presentado ayer por mi colega, compañero Antonio Mazzitelli, Director de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, sobre el compromiso del sistema de Naciones Unidas por una democracia de ciudadanía, una democracia en la que el ejercicio del poder ciudadano, el ejercicio de los derechos humanos, es el eje central de nuestra propuesta.

Y dejo también el documento en manos de ustedes.

Por supuesto, desaprovecharía yo la oportunidad de no insistir en que sobre estos temas abundan las recomendaciones internacionales.

Y sobre estos temas, hay un trabajo de años que hemos desarrollado en consuno con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el apoyo académico del CIDE para tener sistematizadas las hoy más de mil 900 recomendaciones hechas en materia de derechos humanos por los órganos de los tratados de Naciones Unidas, por los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esas recomendaciones, venimos diciéndolo en cada Foro, en cada espacio, en cada reunión técnica, deben poder ser alimento para la reflexión y referencia directa de cualquier no decisión, seamos modestos; de cualquier debate en el cual se planteen respuestas al país y por ende respuestas a las preocupaciones internacionales.

Dejo también en manos de ustedes y para distribución de todos, el acceso al sitio web, al portal abierto a vuestra consulta.

Y así voy cerrando. Llegamos al tema que me ocupa:

Recomendaciones específicas que han sido hechas a México en el tema de desaparición forzada, desde las cuales creo es importante organizar parte de la tarea legislativa, sobre todo cuando dentro de 11 días México rendirá su Informe y será examinado por el Comité sobre desaparición forzada, de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento de la Comisión Internacional contra la Desaparición Forzada, cuyo integrante y distinguido miembro aquí se encuentra presente. Querido Santiago: otra vez un honor compartir estos foros contigo.

En 11 días el Informe que México presentó será visto a la luz de los esfuerzos que podremos hacer desde el día de hoy pero que debimos hacer desde hace bastante más tiempo.

Y por qué digo desde hace bastante más tiempo: Porque en el año 2011 el Gobierno Federal invitó al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el cual en ese mismo año presentó de manera pública, su reporte sobre la visita de país.

En este documento, del cual igualmente y de manera final hago entrega a la Mesa, existe la recomendación explícita, expresa, inequívoca y tal vez ya antigua, que cito: “El grupo de trabajo recomienda que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad –hace tres años– se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.

Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida, con la participación de familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente, que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada, tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a una reparación integral”.

Y cito en extenso esa recomendación, no por una pretensión de sapiencia o de autoridad más allá de lo que el esfuerzo y la responsabilidad de las mexicanas y los mexicanos contiene y obra; sino por la expectativa de que en esta Cámara, este debate se elimine por las cosas que las mexicanas y los mexicanos, y muchas de sus autoridades, han ya implementado en el sentido de estas recomendaciones.

Y me refiero a dos procesos específicos, que nosotros hemos tenido no sólo el honor y el privilegio; sino de verdad, la oportunidad de aprendizaje increíble de acompañar: en el estado de Nuevo León y en el estado de Coahuila, las autoridades locales, la academia, la sociedad civil, las organizaciones de víctimas apostaron a un proceso de legislación local sobre desaparición forzada; que nosotros de manera pública hemos saludado y dado bienvenida, como respetuoso de los más altos estándares en materia internacional para la tipificación de la desaparición forzada en ambos estados, y en el estado de Coahuila además, para la declaración de ausencia por desaparición.

Con esto cierro. Yo los insto, señoras senadoras, señores senadores, a no sólo mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro; mirar hacia el dolor de esas familias, para quienes esta tragedia llegó no con igual: llegó desde hace muchos años y no termina.

Los insto a mirar ese esfuerzo y entereza que han tenido esas familias que participan en el proceso en estas dos entidades federativas; para vencer sus experiencias previas, su temor, su desconfianza y acercarse a esas autoridades que, también venciendo sus propias inercias, sus propias desconfianzas, construir desde ambos lados, desde ambas orillas, un cuerpo de conocimiento y de herramientas prácticas y, sobre todo, de herramientas prácticas –y subrayo de herramientas prácticas– para buscar, porque es lo primero que exigen las víctimas, para buscar de manera urgente, para buscar de manera inmediata, para buscar de manera eficaz; y buscando y encontrando, ojalá con vida, garantizar el debido respeto a su derecho, a justicia, verdad, garantías de no repetición y reparación.

Muchísimas gracias.