Recibe la Cámara de Diputados

DENUNCIA CONTRA COCA COLA COMPANY Y SUS FILIALES

La Cámara de Diputados recibió una denuncia en contra de Coca Cola Company y sus filiales, presentada por Ángel Alvarado Agüero, ex trabajador de la empresa, quien solicitó la intervención de este órgano legislativo a fin de que cesen las irregularidades que se han cometido a lo largo del proceso legal que presentó en 2007 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual no ha actuado con equidad y justicia.

Ángel Alvarado se entrevistó con el diputado del PRD, Emilio Serrano Jiménez para exponerle su caso y dijo que recurre a la instancia de la Cámara de Diputados, una vez que se percató de la parcialidad con la que ha venido actuando la Junta Federal en la que se lleva su caso.

Al respecto el legislador coincidió en que en efecto, el actual titular de la STyPS , en su afán de ser “tapete” de Felipe Calderón “se asocia a los patrones para hundir más a la clase trabajadora”.

El diputado Serrano Jiménez, quien se comprometió a llevar la denuncia contra la transnacional ante la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y a sumarla a su propuesta de poner alto a la reforma que pretende presentar el Secretario del Trabajo, para legalizar en otras cosas, la práctica del outsourcing, dijo que esta iniciativa atenta contra los derechos de la clase trabajadora. Es agresiva, contra los sindicatos, contra la democracia y este señor secretario del Trabajo no piensa que está despertando al tigre dormido, a la clase trabajadora y en medio de esta crisis económica, ¿quiere hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo? Desde luego que está demente porque ese tigre se puede despertar y puede crearse un movimiento social en México”, afirmó.

La denuncia de Ángel Alvarado en contra de Coca Cola Company y sus filiales es porque esta empresa con el apoyo de las autoridades, pretende encubrir su esquema de outsourcing para evitar el pago de prestaciones completo y correcto de los trabajadores.

Ángel Alvarado Agüero, ex director de The Coca Cola Company y sus filiales fue despedido de manera injustificada, por parte de Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAAGSA), filial de The Coca-Cola Company el 8 de mayo del 2007. Esto, después de ser presionado psicológicamente mediante una serie de amenazas en contra de su familia, porque se le negó la posibilidad de un plan de retiro internacional acorde a su status como funcionario de la multinacional.

DENUNCIA

CC. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Y DE LA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES, INTEGRANTES DE LA LXI LEGISLATURA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

PRESENTES.-

El suscrito, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, padre de dos hijas en edad escolar, ingeniero de profesión, por muchos años dedicado al desempeño de funciones ejecutivas en conocida empresa internacional y actualmente sin ocupación remunerada, con domicilio en la casa marcada con el número 3217 de la calle Calígula, en el fraccionamiento Camino Real, Cuarto Sector, del municipio de Guadalupe, Nuevo León, acudo respetuosamente ante Ustedes, en su carácter de representantes del Pueblo, depositario de la SOBERANIA NACIONAL, para exponer que:

I.- Durante varias decenios, se ha venido registrando en nuestro País, en el medio empresarial, una práctica viciada que atenta contra los más elementales derechos de los trabajadores, que burla la normatividad vigente en materia de prestaciones laborales debidas por los patrones, así como de aportaciones de seguridad social, y que, aparte, repercute en las arcas públicas, al permitirse con ella la evasión o elusión de obligaciones fiscales previstas en la legislación federal, así como en las locales: me refiero al esquema conocido con la voz inglesa de “outsourcing”, es decir, de transferencia de empleados de cualquier compañía ordinaria existente, a entidades que revisten la forma jurídica de sindicatos y de sociedades mercantiles como cooperativas y en nombre colectivo, a las que en ocasiones denominan “integradas”, o bien, “integradoras de servicios”.

II.- La figura referida (que importantes despachos mexicanos de asesores en derecho y en contabilidad han sugerido durante años a sus clientes corporativos, generalmente consistentes en grandes empresas multinacionales), aunque inexistente en el marco legal nacional, o, cuando menos, atípica, pues no se halla específicamente regulada en el mismo, como sí ocurre en regímenes legales de otros Estados, es utilizada con mayor frecuencia de lo que podría suponerse, a partir del encuadramiento forzoso en otras instituciones o modalidades de naturaleza jurídica diversa, que, de cualquier manera, han servido para maquillar a esa estrategia como una aparentemente “legal”, y aunque, siempre se ha sabido de ella, como se ha apuntado, rompe con la normatividad actual, al incumplirse las obligaciones para con los trabajadores y con el erario público, granjeándose, así, jugosas ganancias, sin que nada ni nadie se los impida, pues su tremendo poder compra voluntades en todos los niveles de autoridad y campos de actividad.

III.- Me consta lo que menciono, porque sufro directamente, desde hace más de dos años, una gran infamia, nacida del deseo irrefrenable de una transnacional (“The Coca-Cola Company”) de privilegiar, a toda costa, su política de “outsourcing” (con la que defrauda, a sus empleados, a la patria y viola la legalidad de México y de su propio país -Estados Unidos de América-), por encima de su obligación de reconocerle al infrascrito, despedido injustificadamente, luego de dieciséis años de servicios, sus prestaciones completas, como las reciben todos sus directivos. Después de cierto desencuentro con un funcionario de jerarquía de la referida compañía, hubo de gestarse artificialmente un ambiente hostil en contra del signante, inventándoseme pretextos y excusas para así quedar eliminado de la empresa, por haber cuestionado un proyecto con implicaciones de prácticas monopólicas de las prohibidas por la legislación nacional. Las medidas posteriormente tomadas por la empresa, PARA NO TENER NECESIDAD DE EXHIBIR SU ESQUEMA DE DEFRAUDACIÓN POR “OUTSOURCING”, fueron: 1) pedirme que ocurriera a una sala donde me aguardaban abogados de la compañía, un notario público, personal de recursos humanos y mi superior; 2) una vez allí, se me dijo que ya no laboraría más en la organización y se me instó a firmar una renuncia, a lo que inicialmente me negué, mas, después, me vi compelido ante amenazas de los ahí presentes, a firmar aquélla, luego de lo cual se me entregó un cheque que ni remotamente indicaba la cantidad que me correspondía por la totalidad de mis derechos y prestaciones; 3) al comenzar mi acción buscando mi compensación, la empresa desconoció la relación laboral conmigo y sus abogados negaron su existencia en México (lo que no era así);

4) las autoridades sistemáticamente se han negado a admitir evidencias contundentes de mi parte, desechándolas y favoreciendo en todo a los muy caros asesores de la compañía, y 5) se ha desatado una campaña de desprestigio y de persecución en mi contra, atentando contra mi familia y tildándome de “chantajista”, que en un afán de afectar a la multinacional he recurrido a los infundios, atribuyéndoseme, inclusive , la responsabilidad de sucesos, enteramente ajenos a mí, que aparentemente han repercutido adversamente en los intereses de esa compañía. Con tristeza y con gran decepción, me he percatado del contubernio entre las autoridades, la compañía y los asesores jurídicos de esta última (como medio de comprobación de lo que afirmo, acompaño al presente libelo copias de todas las constancias pertinentes).Hasta la fecha, no me ha sido posible conseguir una posición adecuada de trabajo en el ámbito de negocios del País, a pesar de mis denodados esfuerzos por encontrar el medio de sustento para mi familia, por la marejada de prejuicios que ha provocado mi lucha por mis derechos constitucionales. Ésta, es una demostración más de los alcances de la influencia que ejercen, en nuestra nación, estos entes de inmenso poder económico.

IV:- Por más de tres lustros no reparé en las consecuencias del esquema implantado por “The Coca-Cola Company”, hasta padecer en carne propia sus pavorosos efectos; empero, al cobrar conciencia de la gravedad de este fenómeno y al multiplicarlo por todas las entidades que en la república acuden a esta fórmula, con la que esquilman a los trabajadores y sangran al Fisco, es imperativo detener la ambición desmedida de compañías como la citada, que, no por crear fuentes de trabajo para manos mexicanas ( “The Coca-Cola Company” , es el quinto empleador más grande del País, según declaraciones sus propios directivos), dejan de ordeñar a la población y de avasallar a sus empleados, pues, además de llevarse enormes utilidades, se desenvuelven con una doble moral, una pública, que les permite colocar sus productos ventajosamente en el mercado y alardear de tratar con respeto y dignidad a su personal, y, la otra, la que conviene seguir en el supuesto de que sus ganancias corrieren el riesgo de verse mermadas y de que el negocio se perdiere, o sea, el de atropellar a quien se cruzare en su camino, sin importar para nada los valores que pregonan como fundamento de sus operaciones comerciales en el mundo.

V.- Por todo lo expuesto, espero que mi situación de indefensión sirva de ejemplo y de denuncia de esta serie de violaciones flagrantes de la legalidad y de las vejaciones y atentados contra la integridad y seguridad de mi familia, para que ya no se perjudique a más mexicanos. Entonces, resulta impostergable el brindar el más amplio apoyo a las recientes propuestas vinculadas a esta inquietud, de los legisladores Patricio Flores Sandoval, Humberto López Lena Cruz, Tereso Medina Ramírez y Francisco Castro Trenti, así como a dirigentes sindicales de la talla del diputado Francisco Hernández Juárez, que han levantado su voz para revertir este proceso nocivo, a la vez que a los esfuerzos emprendidos por las dependencias de la administración federal que se han hecho eco de los llamados de los anteriores: el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ha llegado la hora en que debemos unirnos todos los que respetamos la legalidad y la justicia, para evitar que los saqueadores continúen aprovechándose de argucias legales y de su poder patrimonial, para traicionar a su personal y a las Instituciones, ante la tolerancia o la connivencia de algunos funcionarios corruptos, que sólo velan por sus bolsillos, desestimando el interés público y el orden jurídico, y desdeñando los derechos esenciales de la clase trabajadora. ¡ACTUEMOS YA, POR EL BIEN DEL PAÍS, QUE MILLONES DE MEXICANOS LO AGRADECERÁN!

Reconocido de antemano por las consideraciones que la presente les mereciere, quedo de Ustedes,

Atentamente

México, Distrito Federal, miércoles 7 de octubre de 2009.

Ángel Alvarado Agüero.